El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei tiene uno de sus ejes más visibles en la paralización de la obra pública. La medida, que implica la suspensión de proyectos viales, redes de agua, hospitales, escuelas y viviendas, ya muestra consecuencias concretas en distintas regiones del país. En Formosa, uno de los casos más preocupantes es el deterioro del denominado Puente Blanco, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 11.
El Director provincial de Seguridad Vial, Fernando Inchausti, cuestionó con dureza la falta de mantenimiento e inversión por parte del Gobierno nacional. Según advirtió, el estado actual del puente representa un riesgo creciente para la circulación diaria, especialmente en horarios de alta demanda, cuando confluyen vehículos de carga, transporte público, autos particulares, motocicletas, bicicletas y peatones.
«El problema no es aislado, se repite en todo el país», sostuvo el funcionario, quien remarcó que el Puente Blanco constituye un punto neurálgico para el tránsito en la capital formoseña. La situación, explicó, se agrava por la falta de obras prometidas: a mediados de 2024, desde Vialidad Nacional se había anunciado la refacción integral del puente, la construcción de una estructura complementaria y la finalización de la autovía sobre la RN 11. Sin embargo, ninguno de esos proyectos se concretó.
Inchausti recordó que las tareas de reparación habían comenzado a fines de 2021, pero quedaron interrumpidas tras el cambio de gestión nacional. A esto se suma que, durante 2025, funcionarios locales alineados con Nación anunciaron una supuesta reactivación que, en la práctica, se limitó a intervenciones precarias que no resolvieron el problema de fondo.
El panorama es especialmente delicado si se tiene en cuenta el volumen de tránsito: se estima que por ese sector circulan unos 33 mil vehículos diarios en ambos sentidos. Además, los antecedentes refuerzan la preocupación: entre 2010 y 2020 se registraron 326 siniestros viales en la zona, con un saldo de 13 víctimas fatales.
En este contexto, el funcionario también apuntó a una fuerte contradicción: mientras se mantiene la recaudación de impuestos destinados al mantenimiento de rutas, no se ejecutan obras. Según indicó, en los últimos dos años Formosa aportó más de 60 mil millones de pesos que no fueron reinvertidos en infraestructura vial. Frente a esta situación, desde el Gobierno provincial destacan las obras encaradas con recursos propios para mitigar el problema, como la construcción de vías alternativas —entre ellas la Avenida Ribereña— que permiten descomprimir el tránsito hacia la Jurisdicción Cinco.
«El contraste es claro: hay una ausencia del Estado nacional en materia de infraestructura, mientras la provincia intenta dar respuestas con sus propios medios», concluyó Inchausti. El caso del Puente Blanco se convierte así en un ejemplo concreto del impacto territorial que tiene el freno a la obra pública, en un contexto donde la seguridad vial y la conectividad quedan en una situación cada vez más crítica.
Fuente: Agenfor
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