La Cámara Argentina de la Construcción encendió una nueva señal de alarma sobre el estado de la infraestructura vial en el país. Según estimaciones de la entidad, la Argentina pierde alrededor de 25 mil millones de dólares al año como consecuencia directa de la falta de mantenimiento adecuado de rutas y caminos, un problema que, aseguran, ya impacta en la seguridad, la logística y la competitividad económica.
El reclamo se da en un contexto de fuerte retracción del sector, golpeado por la paralización de la obra pública y la caída de la actividad. De acuerdo con datos del sector, la demanda de insumos para la construcción se desplomó un 22% en los últimos 15 meses, reflejando la profundidad de la crisis.
Desde la entidad que preside Gustavo Weiss, señalaron que el país enfrenta una «deuda de infraestructura» creciente. «La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral comprometen la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida», advirtieron tras una reunión de su Consejo Federal.
Uno de los puntos más críticos es la situación de los más de 30 mil kilómetros de rutas no concesionadas, que dependen directamente del Estado nacional. Si bien desde el sector valoraron el inicio de nuevos esquemas de concesión, remarcaron que resultan insuficientes sin una política integral de inversión y mantenimiento sostenido. Además, la cámara empresaria volvió a poner sobre la mesa otro conflicto clave: la deuda del Estado con las constructoras. Según denunciaron, la falta de definiciones sobre el mecanismo de pago —que incluiría la entrega de bonos— agrava la crisis financiera de las empresas.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa avanzar con un esquema de cancelación de deuda mediante títulos, en línea con la estrategia oficial de diferir compromisos para sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el sector advierten que esta alternativa no resuelve el problema de fondo.
«Cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo», señalaron desde la cámara, dejando en claro la urgencia de una respuesta. El trasfondo del reclamo expone una tensión estructural: mientras el Gobierno de Javier Milei prioriza el ajuste fiscal y el superávit, sectores productivos clave advierten que la falta de inversión en infraestructura puede comprometer seriamente cualquier posibilidad de crecimiento sostenido.
En ese equilibrio delicado, la infraestructura vial aparece como un punto crítico. Sin rutas en condiciones, no solo se encarece el transporte de bienes, sino que también se limita la integración territorial y el desarrollo económico, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. La advertencia de la construcción no es nueva, pero el dato de las pérdidas millonarias vuelve a poner el foco en un problema de largo arrastre que, sin intervención, amenaza con profundizarse aún más.
Fuente: La Política Online
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