El PAMI, la principal obra social del país que brinda cobertura a casi 6 millones de jubilados y pensionados, atraviesa una crisis financiera y operativa sin precedentes que pone en riesgo la continuidad de sus servicios esenciales por una deuda de 500.000 millones que hace que 5.000 prestadores peligren.
Según fuentes del sector, la deuda acumulada del PAMI con sus prestadores —que incluye clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias, oftalmólogos y médicos— asciende a los 500.000 millones de pesos. Esta situación se originó a fines del año pasado, cuando se tomó la decisión política de «pisar» los pagos, generando un cuello de botella financiero que hoy resulta insostenible.
Expertos advierten que «cuando cruje el PAMI, cruje el sistema de salud» de toda la Argentina, ya que esta institución es el motor que financia gran parte de la red sanitaria nacional.
Médicos de paro y servicios resentidos
La tensión estalló esta semana con un paro de 72 horas iniciado por los médicos de cabecera en protesta por recortes drásticos en sus ingresos. El conflicto se centra en la Resolución 1107, que eliminó el pago por consulta presencial y quitó incentivos por formación de posgrado.
Al respecto la Asociación de Profesionales de la Salud del PAMI (Appamia) denuncia que un médico que percibía 1.600.000 pasa a cobrar menos de 850.000, lo que representa un recorte superior al 50%.
En ese marco el PAMI pretende pagar apenas $2.100 por paciente al mes, una cifra que los profesionales consideran «inviable» para sostener un consultorio digno. Ante esto, proponen una cápita mínima de $6.500.
Esta asfixia económica ya impacta directamente en los beneficiarios. Si bien las urgencias se atienden, las prestaciones que no lo son están siendo reprogramadas y muchos médicos han dejado de atender por la obra social debido al desfasaje inflacionario de sus honorarios. En ese sentido, debe señalarse que cualquier demora o retraso en la atención de personas mayores, por más que no se trate de una urgencia puntual, puede afectar su calidad de vida.
Vaciamiento y sospechas de corrupción
Mientras los prestadores denuncian deudas millonarias, el organismo se ve envuelto en un clima de inestabilidad política y denuncias por irregularidades. El Ministro de Salud, Mario Lugones, le exige al Ministro de Economía, Luis Caputo, el desembolso de mil millones de dólares para intentar sanear la caja de la obra social.
En medio de esta interna, trabajadores de la Gerencia de Auditoría han realizado protestas denunciando un desguace en áreas clave de control sanitario y edilicio. Asimismo, se investigan contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas a figuras del poder, como el caso de una licitación para oxígeno otorgada a un exfuncionario cercano a Caputo.
Además, oftalmólogos alertaron sobreprecios de entre 5 y 10 veces en la compra de lentes intraoculares, en una licitación que alcanzó los 80.000 millones de pesos.
La combinación de una deuda astronómica, el recorte a los profesionales y las sospechas de negociados mantiene en vilo a los 5.000 prestadores que, día tras día, evalúan el cierre de sus servicios, dejando a millones de adultos mayores en una situación de extrema vulnerabilidad.
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