El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que supo ser una de las 3 obras sociales más grandes del país, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Tanto es así que, según denuncias internas, el instituto ve posible la venta de bienes inmuebles para afrontar deudas millonarias. Sin embargo, el déficit parece ser enteramente de la gestión libertaria, ya que existen documentos que afirman que el instituto contaba con un superávit antes de su llegada.
De verde a rojo oscuro
Documentos contables correspondientes al 2023 muestran que, antes de la llegada de Luis Petri al Ministerio de Defensa, la obra social contaba con una buena situación económica. Ese año, el IOSFA registró un superávit cercano a los 25.000.000 de pesos, junto con una mejora en su patrimonio neto que alcanzó los 32.260 millones y una liquidez en alza. El flujo de efectivo también mostraba números positivos, que incluso lograron revertir pérdidas previas.
Sin embargo, hoy, IOSFA arrastra una deuda estimada en más de 200.000 millones de pesos, con compromisos impagos a clínicas, hospitales y prestadores en distintas provincias. Esto se traduce en la interrupción en los tratamientos de los afiliados, la falta de cobertura y demoras en los pagos de reintegros.
Al parecer la venta de inmuebles fue la solución que encontraron desde las altas esferas. El 19 de marzo la Subgerencia de Servicios Generales del organismo elaboró un documento oficial que propone revisar la situación de 44 inmuebles que se encontraban bajo la órbita del IOSFA. La iniciativa incluye anular transferencias en curso, redefinir la titularidad de bienes y excluirlos del patrimonio contable de la obra social. «Quieren pagar la deuda rematando el patrimonio», explicó un militar.
La polémica por los inmuebles y el patrimonio en juego
Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas distribuidas en distintos puntos del país, como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia. En algunos casos, se trata de propiedades emblemáticas que históricamente pertenecieron a las fuerzas y luego fueron transferidas al IOSFA. El documento también plantea la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podría retomar la jurisdicción sobre estos inmuebles, manteniendo su uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal. Además, se sugiere archivar expedientes administrativos vinculados a esas transferencias.
Aunque el texto no menciona explícitamente una venta, dentro del ámbito militar crecen las sospechas. “Toda esa lista de inmuebles va a ser afectada a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”, advirtió un militar en actividad. «Lo curioso es que algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda, la residencia Cosquín, esos eran hoteles de las fuerzas, que después pasaron al IOSFA pero bueno, obviamente nadie va a decir nada», agregó.
El deterioro económico coincide con una serie de decisiones cuestionadas por actores internos. Un integrante actual de la obra social contó que «la gestión de Petri, con Oscar Sagás como presidente, recibió IOSFA con 25.000 millones de pesos de superávit. No sólo se gastaron esa plata, sino que Sagás sacó un préstamo de 14.000 millones al IAF, que nunca se pagó. Después vino Roberto Fiocchi, sacó otro crédito de 42.000 millones, que tampoco se pagó. Y Betina Surballe, la que vino en la última parte de la gestión Petri, vino para tapar todos los chanchullos de los otros dos».
Afiliados sin cobertura
A esto se suma la suspensión de pagos de reintegros, una medida que afecta directamente en los afiliados. «Es un escándalo. 20.000 afiliados que pagamos todos los meses la cuota afiliatoria y tenemos cero cobertura. Cualquier cosa que tengamos que hacernos, ya sea desde una simple consulta médica o hasta una operación o cirugía mayor con anestesista hay que pagarla desde tu bolsillo», contó un afiliado de IOSFA.
El reclamo afecta a más de 14.500 afiliados en la provincia de Formosa y más de 600.000 beneficiarios en todo el país, a quienes todos los meses se les descuentan sumas fijas por servicios que no están recibiendo. Las protestas exigen la restitución de servicios básicos y la continuidad de tratamientos críticos. Existen pacientes con enfermedades crónicas o graves que deben afrontar de su bolsillo medicamentos, consultas y estudios. En muchos casos, los reintegros demoran más de 6 meses o directamente no se concretan… y las enfermedades no esperan.
«Estamos ante un abandono de persona masivo. Nos descuentan todos los meses, pero cuando un hijo se enferma o un abuelo necesita medicación, la respuesta es el silencio», expresaron en una movilización. La situación es especialmente crítica para jubilados y retirados. Una afiliada contó que junto a su marido veterano de guerra gastaron cerca de 800.000 pesos en medicamentos en un solo mes. “En 2 remedios se nos va prácticamente lo que cobramos”, explicó. En paralelo, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución de IOSFA y su reemplazo por la nueva OSFA.
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