Un paro nacional docente de alcance nacional postergó el inicio del ciclo lectivo universitario. La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) marcando así el comienzo de un plan de lucha que se extenderá durante el primer cuatrimestre y que incluye nuevas jornadas de protesta y una Marcha Federal Universitaria prevista para abril. El eje del conflicto son los reclamos salariales, el presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Reclamo salarial y pérdida de poder adquisitivo
Uno de los principales motivos del paro es la evolución de los salarios docentes frente a la inflación. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que entre noviembre de 2023 y enero de 2026 los ingresos reales de los docentes universitarios registraron una caída del 34%. En términos interanuales, la reducción fue del 12,9% respecto de enero de 2025. Además, según los datos de la Conadu, un docente de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad, cobró en enero último un sueldo bruto de $ 305.604.
Otra cosa que aclara CEPA es que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva cobraba el equivalente a más de $1,15 millones en 2015 (a valores actuales). En enero de 2026, ese ingreso se redujo a poco más de $570.000, lo que implica una caída real superior al 50%. Estos niveles salariales ubican a gran parte del personal docente por debajo de la línea de pobreza, especialmente en los cargos de menor dedicación. Las federaciones sostienen que, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde fines de 2023, sería necesario un incremento cercano al 50%, tema que se vincula directamente con la discusión sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
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Veto a veto: la Ley de Financiamiento
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue aprobada por el Congreso en 2025. El Poder Ejecutivo vetó la norma, pero el Congreso rechazó ese veto y la convirtió en ley. Sin embargo, se suspendió su implementación a partir del Decreto 759/2025 con el argumento de que había una falta de definición sobre las fuentes de financiamiento. La medida fue judicializada nuevamente y, en diciembre de 2025, un fallo federal ordenó la aplicación de la ley.
Pese a esto, el Gobierno Nacional nuevamente apeló la decisión y, en febrero de 2026, presentó un nuevo proyecto para modificar la normativa vigente. La ley original contemplaba una recomposición salarial cercana al 44% y, en contraste, la propuesta del Gobierno establece aumentos del 4,1% en 3 tramos durante el 2026, llegando a un 12,3%. Con proyecciones inflacionarias arriba del 20%, aceptar ese esquema significaría una nueva caída del salario en términos reales.
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Evolución del presupuesto universitario
El conflicto salarial no puede ser separado del problema del presupuesto destinado a las universidades nacionales. Según un informe de CEPA, entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario registró una caída real del 28,7%. Si se considera la proyección para 2026, la reducción alcanza hasta el 45,6% respecto de 2023.
En paralelo, un análisis basado en datos del Presupuesto Abierto indica una caída del 34,3% en términos reales entre 2023 y 2026. Aunque las partidas nominales aumentaron, la inflación redujo significativamente su poder de compra. Como el 86,9% del presupuesto universitario se destina a salarios, el ajuste presupuestario significa directamente menos ingresos para los docentes y no docentes. Entre 2023 y 2026, el gasto salarial cayó un 43,2% en términos reales.
A su vez, los gastos de funcionamiento registraron una caída del 57,1%, afectando áreas como mantenimiento, servicios básicos y actividades académicas. También hubo recortes significativos en programas vinculados a investigación, desarrollo tecnológico y extensión universitaria.
Nuevo informe: «Financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente»
➡️ La ley 27.795 de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso el 21/08/2025, vetada el 10/09 y ratificada por el Congreso el 02/10. El 21/10 el Gobierno suspendió… pic.twitter.com/ySxMxmerwk
— Centro CEPA (@ctroCEPA) March 15, 2026
Medidas de fuerza y proyecciones a futuro
El paro docente de esta semana forma parte de un esquema de protestas progresivas. Las organizaciones gremiales anunciaron nuevas medidas para las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril. Además, se prevé la realización de una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril. Entre los reclamos centrales se encuentran la convocatoria a paritarias, la actualización salarial acorde a la inflación y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Por su parte, algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), declararon la emergencia salarial para su personal docente y no docente, señalando que el presupuesto 2026 no contempla los recursos necesarios para recomponer ingresos ni cubrir adecuadamente los gastos de funcionamiento.
El desarrollo del conflicto dependerá en gran medida de la evolución de las negociaciones entre el Gobierno y los gremios docentes, así como del tratamiento legislativo del nuevo proyecto de financiamiento universitario. Si se mantiene el esquema de aumentos propuesto por el Ejecutivo, distintos análisis coinciden en que los salarios continuarían perdiendo poder adquisitivo durante 2026. En el plano presupuestario, la continuidad de los recortes podría afectar no solo las condiciones laborales del personal, sino también el funcionamiento general de las universidades, especialmente en áreas como investigación y desarrollo.
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