La advertencia de la OSECAC no es un dato menor ni un problema técnico aislado: es el síntoma de un sistema de salud tensionado por un modelo económico que descarga sus costos sobre los sectores más frágiles. La reunión entre sus autoridades y el ministro de Salud, Mario Lugones, expuso una realidad incómoda: el esquema actual es insostenible y los monotributistas vuelven a quedar en el centro del ajuste.
Los números son elocuentes. Mientras el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera los $100.000 mensuales por adulto —y llega hasta $170.000 en adultos mayores—, el aporte de un monotributista apenas ronda los $22.000. La brecha no solo es amplia: es estructural. No alcanza ni siquiera para cubrir una consulta médica básica en un contexto donde los precios de estudios, tratamientos y prácticas se dispararon muy por encima de los ingresos.
Equiparar el aporte de los monotributistas al de los trabajadores en relación de dependencia implicaría, en la práctica, trasladar el costo del sistema a trabajadores que ya operan con ingresos inestables y sin garantías laborales. Por otro lado, eliminar directamente el componente de salud del monotributo abre la puerta a un escenario aún más crítico: la expulsión masiva hacia un sistema público que ya funciona al límite.
Alerta en OSECAC: miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica.
El jefe del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, señaló que el aporte del monotributista es insuficiente para sostener el servicio. pic.twitter.com/I1SR6hSHOc
— De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) March 18, 2026
En ese marco, las declaraciones de Armando Cavalieri, titular del sindicato de Comercio, dejan entrever una tensión de fondo. Aunque desde la obra social aseguran que no buscan excluir a los monotributistas, el planteo de «insostenibilidad» empieza a construir el terreno para un recorte encubierto. El riesgo es claro: que la crisis de financiamiento termine resolviéndose con menos derechos y no con una reforma integral del sistema.
Más de 300.000 monotributistas afiliados a OSECAC podrían ver comprometida su cobertura. Detrás de esa cifra hay trabajadores independientes, cuentapropistas y pequeños emprendedores que ya enfrentan un contexto económico adverso, con caída del consumo y creciente precarización. Para ellos, perder el acceso a una obra social no es solo un problema administrativo: es quedar a la intemperie frente a enfermedades, tratamientos costosos y un sistema público saturado.
El Gobierno, por ahora, se limita a escuchar propuestas en reuniones que no terminan de traducirse en políticas concretas. Sin embargo, la falta de definiciones también es una forma de decisión. En un escenario donde los costos de la salud aumentan sin control y los ingresos se deterioran, la inacción oficial contribuye a profundizar la crisis.
El problema de fondo excede a una obra social o a un régimen específico y abre un debate más amplio sobre el modelo de financiamiento del sistema de salud en la Argentina, donde el costo real de la atención médica recae cada vez más sobre los propios usuarios, se debilita el principio de solidaridad en un contexto de ajuste y se pone en duda el alcance de la responsabilidad estatal en garantizar el acceso universal.
En ese escenario, la falta de respuestas concretas profundiza la incertidumbre y aumenta el riesgo de que la “insostenibilidad” deje de ser una advertencia para transformarse en una política de hecho. Como suele ocurrir, los sectores con menor capacidad económica serán los más afectados, quedando progresivamente fuera de un sistema que ya muestra signos de saturación.
Con información de Ámbito
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