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Acuerdo comercial con Estados Unidos: beneficios asimétricos, presión sobre la industria y un capítulo clave sobre piratería

El Gobierno firmó un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos que promete ampliar exportaciones, especialmente de carne vacuna, pero impone más de un centenar de obligaciones regulatorias a la Argentina. La eliminación de aranceles y el endurecimiento contra la piratería generan alertas en la industria local. El entendimiento aún debe ser aprobado por el Congreso.
Jamieson Greer, Representante de Comercio de los Estados Unidos y el Canciller Pablo Quirno. (Foto: Redes Sociales)

El Gobierno Nacional firmó un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos que, según la Casa Blanca, convierte al país en el primero de Sudamérica en acceder a un esquema de este tipo con Washington. A pesar de haber sido celebrado por la Cancillería como una señal de “apertura y previsibilidad”, aún debe ser aprobado por el Congreso y no podrá comenzar a debatirse antes de marzo, dado que no fue incluido en sesiones extraordinarias.

El texto oficial habla de reducciones arancelarias para más de 1.600 productos argentinos y la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna. Sin embargo, distintos análisis advierten que los compromisos regulatorios asumidos por Argentina superan ampliamente los beneficios comerciales concretos y que el acuerdo no hace más que consolidar una relación asimétrica entre 2 economías de escala muy diferente.

Economías desiguales

El PBI estadounidense superó los 30 billones de dólares en 2025, mientras que el argentino rondó los 683.000 millones. La disparidad se ve tanto en los números como en la evidente ventaja que tiene Estados Unidos dentro de la negociación. De acuerdo con especialistas como Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Comerciales Internacionales, Argentina asume más de un centenar de obligaciones, mientras que Estados Unidos concentra sus compromisos en un número de un solo dígito. La mayor parte de los artículos que figuran como “recíprocos” implican adaptaciones normativas del lado argentino.

En materia de bienes, Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 líneas arancelarias argentinas. No obstante, una parte importante de esas posiciones tiene beneficios acotados: más de 800 corresponden a productos farmacéuticos no patentados en Estados Unidos, otras 553 están vinculadas a la aviación civil y varias aplican solo a subpartidas específicas. Por el lado argentino, el país se compromete a eliminar completamente aranceles para determinadas importaciones estadounidenses, reducir otros al 2% y habilitar cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas provenientes de ese país. Además, dejará de aplicar el impuesto estadístico a las importaciones desde Estados Unidos en un plazo de 3 años.

Los sectores que podrían beneficiarse

Entre los rubros con mayor potencial de ganancia aparece la carne vacuna. El cupo preferencial para exportar a Estados Unidos se ampliaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con un impacto estimado de hasta 800 millones de dólares adicionales para el sector.

En minería y energía, el entendimiento abre la puerta a mayores inversiones estadounidenses en litio y cobre. Asimismo, sectores como dispositivos médicos, tecnología y farmacéutica podrían beneficiarse de la eliminación de trabas regulatorias y del reconocimiento de certificaciones internacionales.

Presión sobre la industria local

Sin embargo, el acuerdo también genera riesgos para la producción local. La eliminación de aranceles y la aceptación automática de estándares técnicos estadounidenses va a obligar a la industria argentina a competir con productos importados en condiciones de desventaja. La industria del acero y el aluminio es una de las más afectadas, al igual que fabricantes de autopartes y pymes industriales. El acuerdo prevé la aceptación de vehículos fabricados bajo normas federales estadounidenses de seguridad y emisiones, lo que podría aumentar la competencia en el mercado interno.

Además, Argentina deberá eliminar licencias no automáticas o convertirlas en automáticas para bienes estadounidenses y aceptar certificados sanitarios de EE.UU. para productos cárnicos y avícolas. Los analistas advierten que estos cambios en la regulación podría favorecer a importadores frente a productores locales que aún no cumplen con los estándares exigidos o que enfrentan mayores costos de adaptación.

Patentes, semillas y propiedad intelectual

Uno de los capítulos más sensibles del acuerdo es el vinculado a la propiedad intelectual. El texto establece que Argentina deberá desmontar su actual sistema de otorgamiento de patentes y derogar resoluciones vigentes desde 2012 que regulan el patentamiento de invenciones químico-farmacéuticas y biotecnológicas.

Además, la eventual adhesión a la Convención Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales podría limitar el uso de “semilla propia” por parte de productores agropecuarios. Eso significa limitar la cantidad que pueden guardar de su propia cosecha para volver a sembrar. Por otro lado, el nuevo esquema beneficiaría a laboratorios y empresas estadounidense que van a tener mayores garantías de protección y extensión de derechos de propiedad intelectual en el mercado argentino.

El canal de streaming Magis TV. (Foto: Prensario Internacional)

El impacto sobre la piratería y las “saladitas”

El acuerdo también incluye un capítulo específico sobre combate a la falsificación y la piratería, con implicancias directas para vendedores de ropa, calzado y objetos “truchos”. Argentina se compromete a elevar multas y penas de prisión para delitos de falsificación cometidos por redes organizadas, analizar la creación de una Fiscalía de Propiedad Intelectual y aumentar allanamientos y decomisos en mercados informales.

Asimismo, deberá investigar y promover procesos penales contra operadores de sitios web radicados en el país que participen en piratería a escala comercial. Uno de los reclamos estadounidenses apunta directamente a la transmisión de las páginas conocidas como Fútbol Libre o, incluso, Magis Tv, que transmiten de manera ilegal el fútbol argentino, entre otros eventos. Pero, pese a la firma del Ejecutivo, el acuerdo no está vigente. La Constitución exige su aprobación legislativa, y el debate no podrá iniciarse antes de marzo.

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