El gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones avanzadas con la administración de Donald Trump para que la Argentina reciba inmigrantes deportados desde Estados Unidos, incluso provenientes de terceros países. La información fue revelada por The New York Times, a partir de fuentes con conocimiento directo de las conversaciones y de documentos oficiales del gobierno estadounidense.
Según el diario norteamericano, el acuerdo aún no fue formalizado, pero se discute bajo estricta reserva entre ambos gobiernos. De concretarse, habilitaría a Estados Unidos a expulsar hacia la Argentina a personas que no poseen ciudadanía argentina, en el marco de la política de deportaciones masivas impulsada por Trump.
Las tratativas se inscriben en una estrategia más amplia de Washington, que recurre cada vez con mayor frecuencia a convenios con “terceros países” para acelerar expulsiones. Estos acuerdos buscan desalentar la migración irregular y, al mismo tiempo, resolver el destino de personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen por obstáculos diplomáticos o administrativos.

El eventual entendimiento genera fuertes cuestionamientos por el rol que asumiría la Argentina como receptor de deportaciones ajenas, sin información pública sobre recursos, logística, garantías legales ni impacto social. Hasta el momento, el Gobierno de Javier Milei no explicó bajo qué condiciones se alojaría a estas personas ni qué estatus migratorio tendrían.
El avance de las negociaciones coincide con un endurecimiento del discurso oficial en materia migratoria. Bajo la presidencia libertaria, la retórica antiinmigrante ganó centralidad y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró recientemente cifras récord de expulsiones, en línea con una política de mayor control y castigo.
Para sectores críticos, la negociación con Estados Unidos evidencia un alineamiento automático del gobierno libertario con la agenda de Trump, aun cuando implique asumir compromisos de alto riesgo institucional y humanitario. La posibilidad de que Argentina se convierta en “país receptor” de deportados extranjeros abre un debate profundo sobre soberanía, derechos humanos y el verdadero alcance del proyecto político del oficialismo.
Por ahora, el acuerdo sigue en discusión y sus términos finales permanecen bajo reserva, en un contexto marcado por el secretismo y la ausencia de explicaciones oficiales.
Con información de The New York Times.
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