La decisión del presidente Javier Milei de intervenir el Puerto de Ushuaia desató una crisis política de proporciones entre el gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, con acusaciones cruzadas que van desde supuestas irregularidades administrativas hasta especulaciones sobre pactos con Estados Unidos en una zona de altísimo valor estratégico.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó la intervención mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableciendo un plazo inicial de doce meses durante los cuales el Estado asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal más austral del planeta.
Las razones oficiales: auditorías y denuncias
El director de la Agencia, Iñaki Arreseygor, expuso en declaraciones a medios nacionales que la medida responde a hallazgos contundentes. Según informó, una auditoría detectó el desvío de aproximadamente seis mil millones de pesos —unos cuatro millones de dólares— de un total de veinte mil millones que debían reinvertirse exclusivamente en infraestructura portuaria.
Las inspecciones realizadas entre septiembre y octubre del año pasado revelaron que más del treinta por ciento de los ingresos del puerto se destinaba a cubrir déficit provinciales y gastos ajenos a la actividad portuaria, contradiciendo la normativa vigente que exige autosuficiencia financiera de las terminales.
El organismo también identificó como detonante la sanción de la Ley Provincial 1596, que habilitaba el uso del superávit del puerto para financiar la Obra Social del Estado Fueguino, en directa contradicción con el convenio de transferencia Nación-Provincia firmado en 1992.
La provincia rechaza y contraataca
La reacción desde Ushuaia fue inmediata y enérgica. El gobernador Gustavo Melella, del partido progresista Forja y aliado del peronismo, calificó la intervención como «abrupta e injustificada« y anunció acciones judiciales para frenar la medida.
Esto le regalo milei a EEUU.
El puerto de Ushuaia. Destino turistico por excelencia, ahora administrado por Trump.
Sinceramente, los seguidores de este tipo no pueden defender esto. Entrega de soberania. pic.twitter.com/Nx23GOd3jG— Vengador Recargado (@El_vengaK) January 22, 2026
En un comunicado oficial, el gobierno fueguino negó categóricamente las acusaciones y defendió la gestión portuaria, destacando que la terminal registró récords de actividad con más de quinientas recaladas previstas esta temporada y más de treinta mil pasajeros atendidos en las últimas semanas.
«Ninguna razón es real«, sostuvo Melella en declaraciones posteriores, y desmintió el supuesto desvío de fondos. El administrador desplazado, Roberto Murcia, fue contundente: «Vinieron por la caja y por la posición estratégica. Si había tantos defectos, el puerto no debería funcionar. Y sigue funcionando«.
La sombra de Washington
Lo que comenzó como una disputa técnico-administrativa escaló rápidamente hacia el terreno geopolítico. Desde la provincia advirtieron sobre «narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas» que trascienden la realidad operativa del puerto.
REPUDIAMOS LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL
Es un nuevo atropello a la autonomía de Tierra del Fuego.
El Puerto de Ushuaia no es un botín para administrar desde Buenos Aires.
El Puerto es trabajo, producción, turismo y proyección antártica… pic.twitter.com/81UoO4Ahn4
— Cristina Lopez (@crislopeztdf) January 21, 2026
El Puerto de Ushuaia, ubicado a tres mil kilómetros de Buenos Aires, es el principal acceso marítimo a la Antártida y punto neurálgico para la conectividad naval en el Atlántico Sur. En las últimas temporadas recibió más de mil trescientos buques de diversa índole, transportando casi doscientas mil personas.
La intervención ocurrió apenas un día después de un encuentro entre Santiago Caputo, asesor presidencial, y el embajador estadounidense Peter Lamelas, y en simultáneo con la participación de Milei en el Foro de Davos, donde firmó el ingreso de Argentina al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump.
Dirigentes opositores fueron explícitos. El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, advirtió que la medida debe analizarse en el contexto del avance de intereses estadounidenses sobre la región austral, «manifiestos y declarados» desde que Milei asumió la presidencia.
El antecedente más citado es la reunión de abril del año pasado en Ushuaia, cuando Milei anunció junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que la base naval argentina pasaba a ser un proyecto compartido con Washington, describiéndola como «la puerta de entrada al continente blanco«. Desde entonces, el sucesor de Richardson visitó el país en dos ocasiones y Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas estadounidenses para actividades en Ushuaia y otras regiones patagónicas.
Federalismo y soberanía en debate
La Asociación de Profesionales de la Dirección de Fiscalización Aduanera calificó la medida como «arbitraria, excesiva e ilegal«, denunciando que trabajadores fueron impedidos de ingresar a sus puestos y alertando sobre la arbitrariedad sobre terminales de todo el país.
El grupo Manifiesto Argentino emitió un comunicado titulado «Urgente repudio y rechazo a la cesión de soberanía«, acusando al presidente de haber entregado el puerto «para confesadamente ponerlo a disposición de Donald Trump«. Incluso circulan teorías que vinculan la intervención con el ingreso de Argentina al Consejo de Paz sin abonar los mil millones de dólares exigidos inicialmente, sugiriendo que el puerto habría sido moneda de cambio.
Mientras el Gobierno insiste en que la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de transparencia, Tierra del Fuego mantiene diálogos con autoridades nacionales al tiempo que avanza con la demanda judicial.
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