Nuevamente el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización de la metodología con la que el INDEC mide la inflación, pero esta vez el atrevimiento no pasó desapercibido por una sencilla razón: el aumento de los servicios públicos. Según el acuerdo firmado con el FMI en el marco del crédito de 20.000 millones de dólares, se debería usar un modelo actualizado de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde finales del 2025. Al parecer el nuevo índice le otorga un mayor peso a los servicios, por lo que no sorprende que la marcha atrás se dé justo cuando el Ejecutivo confirmó que las tarifas de luz y gas seguirán ajustándose mensualmente por encima del IPC.
El Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó que el INDEC continuará utilizando el índice vigente, basado en patrones de consumo de hace más de 2 décadas. De acuerdo con la información oficial, el listado de bienes y servicios considerado para la medición del IPC incluye, entre otros: fax y accesorios para fax, teléfonos fijos y amplificadores, contestadores automáticos, cintas de video y VHS, disquetes, radiorelojes, CD y DVD vírgenes. El Ministro descartó una fecha para la implementación del nuevo IPC.
Según Caputo, la decisión responde a la necesidad de evitar “especulación”. A ciencia cierta, el nuevo IPC incorporaría ponderadores actualizados a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, lo que daría mayor peso a los servicios, como los alquileres y expensas, y reduciría la incidencia relativa de los bienes. Es decir que si los servicios aumentan mucho, la medición de la inflación iba a pegar un salto importante.
Aumentos de servicios por encima de la inflación
A pesar del fuerte ajuste implementado en el 2024, Caputo también señaló que las tarifas de electricidad y gas van a continuar aumentando todos los meses “un poquito” por encima de la inflación. El objetivo oficial es avanzar hacia una mayor cobertura del costo real de los servicios y reducir el peso de los subsidios en el gasto público, que pasarán del 0,65% del PBI al 0,5%. La lógica oficial es avanzar en una mayor cobertura del costo real del servicio, que en 2026 pasará en promedio del 55% actual al 76% en electricidad y al 79% en gas. Aparentemente la idea es evitar que los picos estacionales se trasladen de golpe al IPC.
En cuanto a la luz, los incrementos dependerán de las decisiones que adopte cada jurisdicción provincial, mientras se espera que el gas aumente, en promedio, 16,86% a nivel nacional a partir de febrero. El ajuste se da gracias a un conjunto de factores: la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y a la aplicación de la fórmula de actualización automática, que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Salarios y jubilaciones
Según Estudios Económicos del Banco Provincia, la decisión de no actualizar el IPC permitiría un “ahorro” cercano a los $5 billones, equivalente a casi 0,5% del PBI para el Gobierno Nacional. Ese monto surge principalmente de una menor actualización automática del gasto social, es decir en las jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH y de menores pagos de intereses de los títulos públicos ajustados por CER.
En el caso de las jubilaciones, el efecto es directo: como los haberes se ajustan por inflación pasada, un IPC artificialmente más bajo implica aumentos menores. En la práctica, los jubilados cobran menos de lo que necesitarían para sostener su poder de compra frente al aumento real del costo de vida, especialmente por el encarecimiento de tarifas y servicios. Así, el Gobierno usa el gasto previsional como ancla fiscal, mejorando las cuentas públicas por una vía estadística, pero a costa de profundizar la pérdida de ingresos reales de los jubilados.
Por qué importa cómo se mide el IPC
Si se utilizara la nueva manera de medir el IPC, la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 habría alcanzado el 200%, frente al 186% medido previamente. La mayor diferencia se concentró en 2024, cuando los servicios subieron un 189%. Según la consultora LCG, al aplicar los nuevos ponderadores los salarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) caen 1,6%, mientras que la medición anterior mostraba una mejora. El retraso en publicar estos cambios podría haber buscado evitar reconocer ese deterioro, en especial frente a las negociaciones por la reforma laboral.
Con el ajuste en otras áreas del gasto prácticamente agotado y una recaudación que no termina de despegar, las tarifas aparecen como una de las pocas variables que el Gobierno puede seguir corrigiendo sin romper el equilibrio fiscal. Pero más allá de las planillas de cálculos del gobierno está la vida diaria y aunque el IPC muestre una inflación más baja, el peso de las boletas de luz y gas seguirá creciendo y sintiéndose en los hogares.
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