El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Reforma Laboral envuelto en un discurso de “modernización” y “libertad de elegir” pero que en la práctica propone una regresión en materia laboral importante. Las más afectadas son las mujeres y disidencias quienes ya ocupan los lugares más frágiles del mercado de trabajo. La reforma apunta a modificar de manera sustancial la Ley de Contrato de Trabajo.
Reduce indemnizaciones, elimina premios y bonos que integran el salario, habilita el pago en cuotas ante despidos, fragmenta las vacaciones, limita el derecho a huelga y debilita la organización sindical. También introduce el llamado “banco de horas”, que permite jornadas más extensas sin pago de horas extras, y amplía los períodos de prueba, facilitando despidos sin costo para las empresas.
Marchamos en todo el país porque la reforma laboral es ajuste, precarización y pérdida de derechos.
Defendemos el trabajo con derechos, el salario, las conquistas históricas y la dignidad de quienes sostienen este país todos los días. pic.twitter.com/wBflvEryE5
— MuMaLá (@MuMaLaNacional) December 16, 2025
Menos derechos y castigo a los cuidados
Uno de los aspectos más graves del proyecto es el debilitamiento de las herramientas legales para sancionar despidos discriminatorios. La reforma facilita que las empresas se “deshagan” de trabajadoras por motivos vinculados al embarazo, la lactancia, las licencias por cuidado o las enfermedades de hijos. Esto solamente refuerza ese estereotipo viejo y dañino de que las mujeres son “trabajadoras costosas”. Esto hace que el mercado laboral sea aún más sesgado, que se castigue la maternidad y las tareas de cuidado.
Según la Asociación Civil Ecofeminita, a partir de información de la EPH-INDEC del primer trimestre de 2025, 1 de cada 5 mujeres jóvenes busca trabajo y no lo consigue. La tasa de desempleo en ese grupo alcanza el 19%, frente al 15% en varones de la misma edad. A esto se suma una brecha salarial persistente: en el empleo formal llega al 29%, y en la informalidad se profundiza hasta el 32,7%. Históricamente el sistema ubica a mujeres y diversidades en los sectores más precarizados y peor pagos.
La reforma laboral no sólo ignora el peso del trabajo no remunerado, sino que profundiza su invisibilización. Las tareas de cuidado, que representan alrededor del 16% del PBI, siguen sin ser reconocidas como trabajo, y la iniciativa oficial avanza incluso en la reducción de licencias parentales, el que cuida a sus hijos pierde derechos. Para millones de mujeres que sostienen hogares, crían hijos y cuidan adultos mayores, la “flexibilización” implica una doble carga aún más pesada y menos tiempo para la vida.
Más desigualdad y precarización
La informalidad laboral femenina supera el 43,2%, según datos citados por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y hoy en día cualquier flexibilización implica mayor vulnerabilidad. Sectores altamente feminizados, como el trabajo doméstico que es en un 99% realizado por mujeres, quedarían aún más desprotegidos, con menos regulaciones y mayores facilidades para despedir sin causa o contratar por horas. Además, al excluir aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo indemnizatorio, la reforma golpea con más fuerza a quienes ya perciben salarios más bajos.
Para las disidencias sexuales y de género, el panorama es más preocupante. A pesar de la vigencia del cupo laboral travesti-trans, muchas personas siguen sin acceder al trabajo formal. La combinación de inestabilidad laboral, ingresos insuficientes y recorte de políticas públicas profundiza la exclusión estructural: se dificulta el acceso a la vivienda, se incrementa la exposición a situaciones de violencia y se refuerza un circuito de precariedad que condiciona la expectativa de vida.
El gobierno justifica la reforma con el viejo y repetido argumento de que las PyMEs cierran por los juicios laborales. Los datos desmienten esto. Más del 85% de las pequeñas y medianas empresas que cierran lo hacen por caída de ventas, inflación, endeudamiento, falta de crédito y altos costos financieros. La crisis económica, no los derechos laborales, es la principal causa. Culpar a los trabajadores funciona como una estrategia política para legitimar el recorte de conquistas históricas.
✊️NO A LA REFORMA LABORAL DE MILEI
✖️La reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei es un ataque directo a los derechos de lxs trabajadorxs. Bajo el discurso de la “libertad”, avanza sobre conquistas históricas y profundiza desigualdades estructurales. pic.twitter.com/4bMCfHSMXt
— AHORA QUE SÍ NOS VEN ⚡️ (@ahoraquesinosv4) December 17, 2025
Una reforma laboral regresiva
La Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional protegen los derechos laborales y exigen su garantía con perspectiva de género, tal como establece la CEDAW. Durante el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, la precarización, los cuidados y la desigualdad fueron ejes centrales del debate colectivo. Allí, referentes como Gaby Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal MuMaLá, rechazaron las reformas laboral, tributaria y jubilatoria promovidas por el Ejecutivo. “Son a medida del FMI; a favor de las grandes empresas y el sector financiero”, advirtió, y reclamó reformas que garanticen trabajo, salarios y jubilaciones dignas.
La reforma laboral de Milei no amplía libertades ni genera empleo. Consolida un modelo que profundiza la feminización de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Frente a este avance regresivo, defender los derechos laborales es también defender el derecho a una vida digna para quienes sostienen, todos los días, el trabajo y los cuidados. Porque cuando se recortan derechos, no todos pierden por igual.
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