Una investigación de Chaco TV reveló los principales ejes de una causa judicial federal que investiga un entramado de presuntas irregularidades en el uso del monte nativo chaqueño, con funcionarios provinciales, empresarios agroexportadores y consultoras privadas bajo la lupa. El expediente, identificado como FRE 3086/2024, tramita en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Según la documentación incorporada a la causa, el esquema investigado habría permitido desmontes masivos, recategorizaciones irregulares de tierras y el desvío de fondos públicos destinados a la conservación ambiental, en beneficio de grandes empresas y actores ligados al poder político.
El rol del exministro Hernán Halavacs
El informe judicial citado por Chaco TV ubica en un lugar central al exministro de Producción Hernán Halavacs, a quien se señala por un presunto conflicto de intereses. Antes de asumir funciones públicas, su consultora privada habría gestionado permisos para desmontar unas 38 mil hectáreas.
Una vez en el cargo, esos mismos planes habrían sido aprobados por la estructura estatal que pasó a dirigir. Entre los clientes mencionados en la causa figuran grandes grupos agroindustriales, como la familia Urquía (Aceitera General Deheza) y Vicentin, según consta en los expedientes judiciales.
Fondos de Bosques: comunidades relegadas
Otro punto crítico de la investigación es el destino del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, previsto por la Ley 26.331. De acuerdo al informe presentado ante la Justicia:
- El 98% de los fondos habría sido asignado a empresas y sociedades anónimas.
- Solo el 0,9% llegó a comunidades indígenas, que son prioridad según la ley.
La causa también menciona a la Asociación Meguesoxochi, vinculada al diputado provincial Juan José Bergia, que habría recibido alrededor de 100 millones de pesos, mientras —según la denuncia— se impulsaban desmontes en territorios de comunidades originarias.
El vínculo con Nación y el OTBN
La investigación judicial también analiza el proceso de aprobación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco. Según la denuncia, su validación habría sido parte de un acuerdo político con el gobierno nacional, en el que el senador Víctor Zimmermann habría jugado un rol clave.
Organizaciones ambientalistas sostienen que la aprobación nacional del mapa forestal chaqueño se habría dado pese a objeciones técnicas, a cambio de respaldos legislativos en el Congreso, incluidos proyectos vinculados al acuerdo con el FMI.
Empresas bajo la lupa
El expediente judicial detalla además el accionar de varias firmas privadas que habrían operado con permisos irregulares o recategorizaciones fraudulentas, entre ellas:
- Cuenca del Salado S.A.: más de 7.300 hectáreas, en su mayoría en zonas donde el desmonte estaba prohibido.
- MSU S.A.: cerca de 6.000 hectáreas.
- TRIAD S.A.: vinculada al entorno del presidente del Banco Central, con unas 2.700 hectáreas desmontadas, según consta en la causa.
Un fallo clave y una causa abierta
Mientras legisladores oficialistas como Iván Gyoker y Carina Botteri defienden públicamente las leyes provinciales 4005-R y 4152-R, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió suspender su aplicación, al considerar que podrían legalizar desmontes ya cuestionados por la Justicia.
Para los denunciantes, ese fallo representa un freno institucional clave frente a un modelo que, según sostienen, convirtió al monte chaqueño en una moneda de cambio político y económica.
La causa judicial sigue en trámite y aún no hay condenas, pero la investigación de Chaco TV expone con documentos y actuaciones oficiales un sistema que hoy está siendo analizado por la Justicia Federal y que compromete a referentes del oficialismo provincial y a grandes intereses económicos.
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