Cuando el Gobierno de Javier Milei bautizó a su proyecto como “Ley de Modernización Laboral” seguramente pensó (o más bien, la persona que lo escribió) en las connotaciones positivas de “modernización”. La palabra promete un ingreso al siglo XXI mientras que los contenidos del proyecto nos mandan directamente al pasado. Las reglas que estructuraron el trabajo argentino durante décadas van a pasar por cambios que dejan menos derechos para el trabajador, menos obligaciones para el empleador y una redefinición del conflicto laboral en nombre de la “productividad”.
Por otro lado, tenemos que hablar del momento en el que la reforma llega al Congreso: recesión, caída del poder adquisitivo, despidos, desplome del empleo registrado y crecimiento del cuentapropismo de subsistencia. Es decir que el Gobierno Nacional apuesta a flexibilizar todavía más un mercado laboral golpeado donde la informalidad ya roza el 50%. ¿flexibilizar qué, si lo que sobra es precariedad?
Indemnizaciones
El proyecto reescribe el artículo 245 de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (LCT): se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado, pero la vacía de contenido. Se modifica la base de «mejor remuneración mensual, normal y habitual», pero se aclara que no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el Sueldo Anual Complementario (SAC), vacaciones o premios no mensuales.
Lo más disruptivo, sin embargo, es que propone la habilitación para que los convenios reemplacen la indemnización clásica por un fondo de cese laboral. Este fondo abarata el despido, porque transforma un costo imprevisible en un ahorro programado y también desincentiva la estabilidad, porque rompe con la lógica de que despedir tiene un costo relevante.
.El proyecto además crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), donde cada empresa deberá aportar el 3% del salario para cubrir futuros despidos, pero si hoy en día las PyMES, por poner un ejemplo, ya tienen problemas con pagar aportes, ¿Qué posibilidad hay de sostener un fondo adicional?. Otra pregunta muy importante es ¿Quién administrará dichos fondos?
Vacaciones
El nuevo régimen también toca uno de los derechos más simbólicos de los trabajadores: las vacaciones. Se amplía la posibilidad de fraccionarlas, se fija un período obligatorio de octubre a abril y se habilita la reprogramación en caso de enfermedad. La justificación del Gobierno Nacional es que hay que “adaptarse a las nuevas necesidades productivas”.
En la práctica, lo que en verdad logra es fragmentar el descanso, flexibilizar su goce y someterlo a dinámicas empresariales que buscan ajustar donde se pueda. El descanso anual pierde el carácter de “tiempo para desconectar” (y derecho laboral) para convertirse en un rompecabezas que el empleador y el trabajador deben armar… siempre y cuando el patrón esté dispuesto a negociar.
Jornada laboral
Y es que una de las premisas sobre las que se construye esta reforma es la idea, errada, de que el trabajador y su empleador están en igualdad de condiciones para negociar. Es así como llegamos a uno de los conceptos centrales de la reforma: los acuerdos individuales para la compensación de jornadas y el uso del banco de horas. Esto supone que un trabajador pueda “deberle horas” a su empleador, horas que se compensarán cuando haya menos actividad.
Esto no es más que descolectivizar la jornada, romper con la idea de que el tiempo de trabajo pertenece a la organización del trabajo y no al trabajador individual. En un país con desempleo creciente, ¿cuántos asalariados tendrán libertad real para “negociar individualmente”? Todos sabemos que en tiempos de escasez, el trabajador acuerda lo que puede, no lo que quiere.
El banco de horas funciona así. Trabajás en un supermercado. Un mediodía pasa algo y no entra gente. Tu empleador te dice que salgas y vuelvas a las 17. Ese día saliste a las 7 y volvés a tu casa a las 23. En el medio te fuiste cuatro horas a una plaza a dejar pasar el tiempo.…
— Sebastián Lacunza (@sebalacunza) December 12, 2025
El derecho de huelga
Quizás la parte más ideológica del proyecto sea la redefinición de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”. La lista es tan amplia que abarca transporte, telecomunicaciones, educación, bancos, gastronomía, comercio electrónico, exportaciones y hasta la industria alimenticia.
En servicios esenciales deberá garantizarse un piso del 75% de actividad y en actividades trascendentales, del 50%. La huelga queda condicionada, cercada, regulada hasta un punto que se aproxima a la neutralización. Pero esto no es un reconocimiento al valor de los trabajos, es una herramienta para disciplinar la protesta social, una de las pocas herramientas que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos.
La redefinición de la relación laboral
En un país empobrecido, en recesión, con salarios pulverizados y con un tejido productivo debilitado, la “modernización” de Milei se parece más al ajuste estructural de los años 90 que a una reforma hacia la economía del futuro. La flexibilización llega cuando el trabajador es más débil y el empleador, más incierto. El Gobierno Nacional dice que así se generará empleo, pero la historia reciente ya nos ha mostrado que la flexibilización no crea trabajo si no que abarata el que existe.
Entonces, ¿qué modelo de país se construye cuando el trabajo, su calidad, su significado, su dignidad, se convierte en una variable de ajuste? La modernización, al final, no es una promesa de futuro. Es un nombre elegante para un retroceso histórico.
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