El balance económico de 2025 deja una imagen ambigua. El Gobierno logró ordenar algunas variables macroeconómicas clave, desacelerar la inflación, tipo de cambio estable y señales de crecimiento en algunos sectores; pero ese orden se alcanzó a un costo elevado para la economía real. Las cifras muestran estabilidad, pero también revelan ajuste, caída del consumo y deterioro social.
En términos de actividad, el Producto Interno Bruto finalizaría con un “crecimiento” de entre 4,5% y 5% en el año. Sin embargo, este dato debe leerse con cautela: gran parte de la expansión responde a un rebote estadístico tras la profunda recesión de los años 2023 y 2024. El nivel de actividad apenas logra ubicarse levemente por encima del piso alcanzado a fines de 2024, sin consolidar un sendero firme de crecimiento productivo.
La composición sectorial del crecimiento expone sus límites. Entre 2023 y 2025, el agro acumuló una suba superior al 45%, la intermediación financiera cerca del 17% y la minería alrededor del 16%. En contraposición, sectores intensivos en empleo continúan en retroceso: la construcción cayó más de 20%, la industria manufacturera cerca del 10% y el comercio alrededor del 5% respecto de fines de 2023. El resultado es un crecimiento concentrado, con bajo impacto en la generación de empleo.
Por otro lado, la inflación cerrará el 2025 en un rango estimado de 30% a 35%, muy por debajo del 200% registrado en 2024. La desaceleración es innegable, pero su origen es problemático. Las ventas en supermercados cayeron cerca del 10% real, las ventas mayoristas más del 30% y el comercio minorista pyme acumula bajas superiores al 25%. La inflación baja, pero lo hace en una economía con consumo deprimido.
El mercado laboral acompaña este diagnóstico. Entre 2023 y 2025 se perdieron más de 138.000 puestos de trabajo privados registrados y alrededor de 60.000 empleos públicos. Los salarios tampoco logran recomponerse plenamente: el salario privado registrado muestra una mejora marginal, mientras que el salario público acumula una pérdida real cercana al 14%.
En este contexto, el endeudamiento de los hogares se transformó en un factor central del sostenimiento del consumo. El crédito al consumo creció a tasas superiores al 60% respecto al año pasado, impulsado principalmente por tarjetas de crédito y préstamos personales. No se trata de un boom de consumo, sino de una estrategia de supervivencia frente a ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos.
Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno cerrará el año con equilibrio o superávit primario, un objetivo largamente buscado. Sin embargo, el logro se explica mayormente por el recorte del gasto público real, especialmente en jubilaciones, salarios estatales, transferencias y obra pública. No hubo una reforma tributaria progresiva ni una política activa de estímulo productivo.
Las reservas internacionales mostraron mejoras puntuales a lo largo del año, pero asociadas a desembolsos de organismos internacionales. Aun así, la economía continúa enfrentando la restricción externa: la generación genuina de dólares sigue siendo insuficiente para sostener crecimiento sin endeudamiento.
El balance de 2025 es claro: desaceleración inflacionaria, más disciplina fiscal y mayor previsibilidad macroeconómica, pero con salarios bajos, empleo debilitado, consumo en caída y familias endeudadas. El orden macro no se tradujo en bienestar ni en una reactivación amplia de la economía real.
De cara a 2026, el desafío excede la estabilidad contable. La pregunta central es si el país logrará transformar este orden en crecimiento inclusivo o si, por el contrario, consolidará un modelo de equilibrio macro sostenido sobre ajuste permanente y fragilidad social.
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