Expertos en materia jurídica y defensores del medio ambiente se encuentran en alerta extrema ante la intención del Gobierno de Javier Milei de modificar, o incluso derogar, la Ley de Glaciares. La norma vigente, sancionada en 2010, protege a los glaciares y al ambiente periglacial, catalogándolas como reservas estratégicas de agua dulce, y prohíbe actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en esas zonas. La reforma impulsada por el Ejecutivo busca alterar ese esquema.
Defender los glaciares es defender el derecho humano al agua y la salud de nuestros ecosistemas 💧💙.
📌 Hoy estuvimos en el Congreso de la Nación participando en la reunión plenaria de comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado por la modificación de la Ley de… pic.twitter.com/VvCu4qZzwA
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Qué cambiaría con la reforma
El proyecto enviado al Congreso propone que cada provincia determine qué glaciares y geoformas periglaciares cumplen una “función hídrica efectiva”. Ese cambio significa que se pasaría de un sistema de protección nacional basado en criterios científicos a otro sujeto a decisiones políticas provinciales. De aprobarse, se habilitaría la explotación minera y petrolera en zonas hoy protegidas por la Ley 26.639, especialmente en áreas de alta montaña. Organismos como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten que la iniciativa vacía de contenido el concepto de “presupuestos mínimos ambientales” establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija un piso común de protección para todo el país.
Además, se altera también el sistema dispuesto por el artículo 6° de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) que define a los presupuestos mínimos de protección ambiental como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”
Uno de los principales argumentos del oficialismo es que las zonas periglaciares no están claramente delimitadas. Sin embargo, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares, desmintió esa afirmación. Según Pablo Villagra, su Director, el primer inventario fue presentado en 2018 y ya cuenta con actualizaciones parciales publicadas, mientras se avanza en nuevas regiones. El inventario es público, accesible y detalla la ubicación de glaciares y ambientes periglaciares. El problema no es técnico, es político.
Minería e inversiones
Detrás de la reforma aparecen proyectos mineros millonarios que hoy no pueden avanzar por la legislación vigente. El caso más conocido es el de Glencore, que impulsa iniciativas como El Pachón (San Juan) y Agua Rica (Catamarca), con inversiones anunciadas por más de 13.000 millones de dólares. A ellos se suman otros emprendimientos como Josemaría y Los Azules, también en San Juan. Todos estos proyectos se encuentran en zonas alcanzadas por la Ley de Glaciares.
Cuando se habla de glaciares suele pensarse en grandes masas de hielo como el Perito Moreno, pero en realidad contamos con muchos otros. A lo largo de la cordillera existen glaciares cubiertos y glaciares de escombros, invisibles a simple vista, que cumplen un rol clave en la regulación hídrica. De ellos dependen ríos, acuíferos y actividades productivas en provincias áridas y semiáridas. “Desde ahí nacen gran parte de los ríos que dan vida y trabajo. Menos glaciares es menos agua, y eso impacta directamente en la calidad de vida”, explicó Enrique Viale, presidente de Abogados Ambientalistas. Según el IANIGLA, los glaciares ocupan menos del 1% de la cordillera, lo que desarma el argumento de que la ley frena el desarrollo minero a gran escala.
“La Ley de Glaciares no necesita reformarse, necesita cumplirse”@andresnapoli, Director Ejecutivo de FARN, expuso en la reunión plenaria de comisiones del Senado que la reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional y pone en riesgo el acceso al agua en el país. pic.twitter.com/eUF7jMS3jx
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Un retroceso ambiental y constitucional
Por supuesto que ignorar el cuidado de nuestros recursos trae consigo una infinidad de problemas ambientales que incluso pueden sobrepasar cualquier tipo de beneficio económico planteado en un corto plazo. En 2013, la minera Barrick Gold, debió suspender sus actividades en la frontera entre Argentina y Chile tras denuncias por daños ambientales. A pesar de que Chile no tiene ley de glaciares, su Corte Suprema clausuró definitivamente el proyecto en 2020 y aplicó multas millonarias.
Otro de los ejes del discurso del Gobierno Nacional es la generación de empleo. Sin embargo, la experiencia regional muestra que la minería a gran escala genera un pico de trabajo temporal durante la construcción de las minas, pero luego reduce drásticamente su plantilla. Ni hablar de que gran parte de los puestos técnicos, además, no quedan en manos de trabajadores locales. El resultado suele ser una economía dependiente de un solo actor, sin diversificación productiva y con pasivos ambientales difíciles de revertir.
Juristas y especialistas coinciden en que la reforma implicaría una regresión ambiental. La Corte Suprema ya declaró constitucional la Ley de Glaciares en 2019, ratificando que la Nación tiene la facultad y la obligación de fijar presupuestos mínimos de protección. Delegar esa definición a las provincias no solo contradice ese fallo, sino que abre la puerta a conflictos interjurisdiccionales por el manejo del agua.
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