La provincia de Mendoza atraviesa horas decisivas. Tras la reciente aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto Minero San Jorge, se ha reavivado un conflicto histórico entre el desarrollo económico extractivista y la preservación de los recursos naturales vitales. Para profundizar en el impacto real de esta medida sobre las comunidades y el ecosistema, el programa Carla y Punto de Radio Digital dialogó con la periodista mendocina Gisela Marsala Cardona, quien sigue de cerca el conflicto. El panorama que describe es de una provincia conmocionada, donde la promesa de empleo choca de frente con el temor a perder el agua.
Un proyecto «sin cianuro» pero con dudas científicas
El proyecto, ubicado en Uspallata (Las Heras), pretende ser la primera explotación de cobre a cielo abierto de gran escala en la región. Si bien el Ejecutivo mendocino y la empresa aseguran que se respetará la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico, la controversia radica en la validez técnica de los estudios presentados. Marsala Cardona destacó durante la entrevista un punto crítico: la evidencia científica ignorada.
«El balance hídrico que ha presentado esta declaración utiliza datos desactualizados, tomando muestras del 2008 al 2010. Mendoza viene de más de diez años de crisis y emergencia hídrica declarada», explicó la periodista.
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Instituciones prestigiosas como el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo han señalado debilidades estructurales en el informe ambiental. Entre las falencias más graves se encuentran:
- Datos obsoletos: No reflejan la realidad actual de sequía.
- Falta de proyección climática: No se contempla la variable del cambio climático a futuro.
- Riesgo arqueológico y social: Afectación de bienes patrimoniales y territorios de comunidades originarias.
Un hecho alarmante denunciado en la entrevista fue la censura de un informe técnico del CONICET, el cual advertía sobre los riesgos para las aguas subterráneas y el Arroyo Uspallata. «El documento fue dado de baja de la página web mientras se discutía el proyecto en Diputados», relató Marsala, calificando el hecho como un acto de ocultamiento de información pública vital.
Uspallata: Entre el abandono estatal y la promesa minera
El impacto en la comunidad de Uspallata, un pueblo de montaña con menos de 7.000 habitantes, es complejo. No se trata solo de una resistencia ambiental, sino de una necesidad social.
Según el análisis de la especialista en Radio Digital, la población se encuentra dividida. «Es comprensible que una parte de la población plantee la necesidad de que el proyecto sea una realidad», señaló Marsala, atribuyendo esto al abandono histórico del Estado en la zona, donde faltan servicios básicos y oportunidades laborales para los jóvenes.
El agua de Mendoza: Un recurso no negociable
El eje central del conflicto es el agua. «El gobierno y la empresa plantean que no se comprometen cuencas hídricas, pero los dictámenes técnicos señalan lo contrario», advirtió la periodista. La preocupación no es solo local; afecta a toda la cuenca del Río Mendoza, vital para el consumo humano y la agricultura de gran parte de la provincia.
Además, la reciente aprobación de 27 declaraciones de impacto para la exploración en Malargüe abre la puerta a actividades en zonas periglaciares, lo que podría entrar en conflicto con la Ley Nacional de Glaciares, normativa que el gobierno nacional actual ha manifestado intención de modificar.
Lo que viene: judicialización y movilización
Con la aprobación legislativa y el apoyo del gobernador Alfredo Cornejo, quien expresó abiertamente su deseo de ser recordado como quien «trajo la minería de vuelta», el camino administrativo parece allanado. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar.
La entrevista en Radio Digital dejó una reflexión final inquietante: en un contexto de crisis climática global, ¿Cuál es el costo real que están dispuestas a pagar las comunidades por un modelo de desarrollo que pone en riesgo su recurso más esencial?
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