En medio del debate por el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso decisivo hacia la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores logísticos más estratégicos del país y vital para las provincias del NEA. Lo hizo a través de un trámite acelerado y cuestionado por su falta de transparencia, que volvió a encender alertas políticas, económicas y regionales.
La Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada el miércoles 17 de diciembre en el Boletín Oficial, dio por concluida la etapa de revisión de observaciones al pliego licitatorio de la Vía Navegable Troncal. La decisión fue adoptada apenas 48 horas después de cerrada la instancia de participación ciudadana, pese a que se habían presentado más de cuarenta objeciones técnicas y jurídicas.
El legislador del Parlasur Gabriel Fuks fue uno de los principales críticos del proceso y calificó la medida como “opaca” y “apresurada”. Advirtió que las observaciones formuladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron consideradas solo de manera formal, sin un análisis de fondo. “El Gobierno está abriendo nuevamente a velocidad máxima un proceso licitatorio del que sigue habiendo muchísimas zonas oscuras y difusas”, sostuvo.
La Hidrovía no es un tema menor para el NEA. Por el río Paraná circula buena parte de la producción regional, desde economías primarias hasta exportaciones industriales, y cualquier modificación en las tarifas, reglas de control o condiciones de concesión impacta directamente en los costos logísticos de provincias como Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Sin embargo, el nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei vuelve a concentrar decisiones clave en Buenos Aires y en manos de grandes operadores internacionales.
El proceso licitatorio prevé una concesión de entre 25 y 30 años para el dragado, señalización y mantenimiento del corredor fluvial, lo que lo convierte en la licitación más ambiciosa de la era Milei. Según Fuks, se trata de un diseño que mantiene sobrecostos históricos, no reduce tarifas pese a que la deuda que las justificaba está prácticamente saldada y termina encareciendo de manera estructural el comercio exterior argentino.
Las críticas también se apoyan en antecedentes recientes. A comienzos de 2025, la primera licitación fracasó tras recibir un único oferente —la empresa belga DEME— en un contexto de fuertes sospechas sobre un pliego “a medida”. Lejos de despejar esos cuestionamientos, el nuevo intento avanza con mayor velocidad y menor debate público.
A esto se suma un entramado de intereses internacionales y disputas geopolíticas que exceden largamente a las provincias ribereñas. Empresas de Países Bajos, Bélgica y China aparecen como potenciales beneficiarias, mientras que el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos habría dejado fuera de juego a compañías estatales chinas, condicionando la competencia y el resultado final.
Desde el Parlasur advirtieron que el rumbo elegido por el Ejecutivo nacional consolida un modelo que beneficia a actores concentrados, con reglas poco claras y escasa participación federal. “Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso diseñado de esta manera perjudica a los productores, a las PYMES exportadoras y a la industria nacional”, remarcó Fuks.
Para el NEA, la discusión sobre la Hidrovía no es técnica ni abstracta: define quién controla el principal canal de salida de su producción, cuánto cuesta exportar y qué margen real tienen las provincias para incidir en decisiones estratégicas. Con el avance exprés de la privatización, el Gobierno de Milei vuelve a apostar por un esquema centralizado y orientado al mercado, que deja a las economías regionales mirando desde la orilla cómo se decide el futuro del río Paraná.
Con información de Tiempo Argentino.
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