A dos años de su asunción, la principal promesa económica de Javier Milei —que el ajuste recaería sobre “la casta” y no sobre los ciudadanos— aparece incumplida. Los datos oficiales muestran que el recorte se concentró en el sector privado, con impactos profundos en salud, infraestructura y servicios esenciales.
El Presidente Milei había prometido en su discurso inaugural realizar un ajuste fiscal que caería «casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado». Sin embargo, el análisis de la ejecución presupuestaria de la administración pública nacional indica que el 73,6% del ajuste del gasto público provino del sector privado, mientras que solo el 26,4% restante impactó en el sector público.
Dentro del ajuste que afectó al sector privado, los principales componentes fueron: las prestaciones sociales (26,4% del recorte, destacándose las jubilaciones y pensiones), los gastos de capital o inversiones en obras públicas (25,3% del total), y los subsidios económicos (21,9%).
Los recortes que sí afectaron directamente al sector público incluyeron los gastos de funcionamiento (13,3%), las transferencias a provincias (7,2%) y a universidades (2,5%). No obstante, especialistas consultados por Chequeado señalan que toda reducción en el gasto estatal, incluso la dirigida al Estado, termina impactando en el sector privado, afectando a familias que dependen de ingresos estatales como jubilados, pensionados, y trabajadores.
Deterioro en la salud pública y riesgo sanitario
El impacto del achique se manifestó con fuerza en el sector de la salud y los organismos de control. Los datos oficiales de 2024 revelan un descenso histórico en la cobertura de vacunas obligatorias del Calendario Nacional. Vacunas cruciales, como la vacuna IPV o Salk contra la polio (47,6% de cobertura) y la segunda dosis de la triple viral (46,7%), registraron sus valores más bajos en años.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una alerta, advirtiendo sobre el riesgo de reaparición de enfermedades que habían sido eliminadas o controladas. La caída de coberturas es «particularmente alarmante» en los menores de 18 meses, embarazadas y adolescentes.
Adicionalmente, el bloque de diputados de Unión por la Patria advirtió que el ajuste presupuestario en los organismos de control pudo potenciar los efectos de la crisis del fentanilo contaminado. Se cuestionó el debilitamiento de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), cuyo gasto real se redujo un 12% entre 2023 y 2024, con un recorte acumulado proyectado del 29% para 2025.
Parálisis de la obra pública e impacto en la infraestructura
Los gastos de capital, que incluyen las obras públicas, representaron el 25,3% del total del ajuste registrado. Este recorte tuvo una consecuencia directa en la infraestructura nacional: de las aproximadamente 2.700 obras públicas inconclusas heredadas de la gestión anterior, el 54% está paralizada bajo la administración actual.
La paralización de estas obras afecta la vida diaria de los ciudadanos en diversas provincias, incluyendo la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, problemas con el agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratar en Corrientes y tramos intransitables de la ruta 40 en Chubut.
En el ámbito hospitalario, los recortes son notorios: en 2025 se destinó un 90% menos de fondos para la construcción y mejoras edilicias de hospitales en comparación con 2023, y no se registran avances significativos en las obras vigentes financiadas por el Estado nacional.
Crisis burocrática y logística
Otra consecuencia de la política de achique se observa en la escasez de insumos básicos gestionados por el Estado. Se ha vuelto una postal frecuente ver autos, motos y otros vehículos 0 kilómetro circulando con patentes de papel o identificaciones «provisorias».
Los expertos en gestoría automotor calculan que faltan alrededor de 180 mil patentes metálicas. Trabajadores de la Casa de la Moneda, el organismo encargado de la producción de las chapas, argumentan que la escasez es producto del «plan de vaciamiento» que el Gobierno de Javier Milei ha implementado en esa entidad. La escasez se intensificó desde inicios de 2025.
El repaso de las cifras revela que el ajuste no solo desmintió el discurso inicial, sino que reconfiguró áreas del Estado con consecuencias visibles en la vida cotidiana: menos vacunas, obras paralizadas y servicios debilitados. Mientras el Gobierno insiste en su rumbo, crecen las advertencias sobre los costos sociales y económicos de profundizar este modelo.
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