El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei confirma un nuevo golpe al sistema educativo argentino. Según el informe de Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” caerá al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en diez años.
Esto implica que el financiamiento educativo nacional —que en 2015 representaba el 1,59% del PBI— pierde más de la mitad de su peso en la economía. Además, el Gobierno elimina el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación, rompiendo un consenso federal que se mantenía desde 2006.
En paralelo, se proyecta una reducción progresiva en ciencia y tecnología, y un ajuste en el Fondo Nacional para la Educación Técnica, pilares históricos de la inversión educativa.
Un recorte estructural en educación disfrazado de equilibrio
En números, el Presupuesto 2026 asigna una suba nominal del 17,9% para la Secretaría de Educación, que se traduce en un aumento real de apenas 3,6%, según la inflación prevista por el propio Ejecutivo. Pero el área pierde peso dentro del gasto total: su participación caerá del 85% al 81,7%.
La función “Educación y Cultura” representará solo el 5,3% del presupuesto nacional, muy por detrás de rubros como Seguridad Social (57%) y Deuda Pública (8,5%). En términos históricos, la educación perdió casi la mitad de su peso relativo dentro del gasto estatal en la última década.
Para el economista Javier Curcio, coautor del informe, “es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación”. Pero advirtió que el proyecto de Javier Milei marca “un punto de inflexión negativo en el compromiso del Estado con la educación pública”.
Menos inversión, más desigualdad
El Presupuesto 2026 introduce un cambio de enfoque: menos inversión en infraestructura, equipamiento y formación docente, y más fondos dirigidos a la extensión del tiempo escolar dentro del Plan Nacional de Alfabetización (PNA). El programa sube un 78,9% en términos nominales (más de 50% real), pero el 82% de esos recursos se concentra en la jornada extendida, mientras que las acciones complementarias se reducen un 97% y la formación docente en alfabetización cae un 25%.
Según el economista y docente Jorge Lo Cascio, esta reasignación “profundiza las desigualdades educativas y reduce las posibilidades de alfabetización digital y pedagógica en amplios sectores sociales”. El programa Conectar Igualdad, clave para reducir la brecha tecnológica en las escuelas públicas, desaparece del Presupuesto 2026. También se desploman las partidas para infraestructura (-62,9%) y formación tecnológica (-49,6%).
Universidades: más presión, menos recursos
El presupuesto universitario sigue representando la mayor parte del gasto educativo nacional, con el 77% del total. Sin embargo, en términos reales, el aumento previsto es de solo 0,8%, lo que implica un nuevo deterioro si la inflación supera la meta oficial. Para Juan Doberti, investigador de la UBA, el proyecto “consolida el desfinanciamiento iniciado en 2024 y 2025. El Estado restringe su rol a un magro sustento de las universidades y deserta del apoyo a la educación básica, la infraestructura y la innovación tecnológica”.
Pese a los discursos oficiales sobre “eficiencia estructural”, la realidad es que las universidades nacionales deberán sostenerse con menos recursos reales, enfrentando el desafío de cubrir salarios, servicios y becas en un contexto de inflación alta y caída de la matrícula.
Un retroceso histórico
Con el recorte del piso legal del 6% del PBI, la educación pública argentina pierde un marco de garantía que la protegía del ajuste fiscal. El financiamiento del sistema queda sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo y a la lógica del equilibrio contable, no a una política de Estado. El discurso de Milei sobre “eficiencia” contrasta con los datos: la educación perdió 50% de su peso en el presupuesto nacional en diez años, mientras crecieron las partidas para el pago de deuda y el Ministerio de Desregulación.
La promesa de un “shock de libertad” se traduce, en la práctica, en aulas sin inversión, universidades al límite y miles de estudiantes sin acceso a tecnología ni acompañamiento pedagógico. La educación, históricamente un motor de movilidad social y desarrollo, se convierte así en otra víctima del ajuste estructural libertario, mientras el país retrocede una década en derechos y oportunidades.
Con información de Ámbito.
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