El Gobierno de Javier Milei acelera su ofensiva para aprobar una reforma laboral de amplio alcance que, desde su anuncio en octubre, cosecha un rechazo transversal del movimiento obrero, organizaciones sociales y diversos sectores académicos. Aunque el oficialismo la presenta como una modernización necesaria para combatir la informalidad y dinamizar el mercado de trabajo, los cambios incluidos en el borrador filtrado anticipan un fuerte giro regresivo en materia de derechos laborales.
Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de la jornada laboral. Sin alterar el límite de 48 horas semanales, el proyecto habilita extender la jornada diaria hasta 12 horas mediante un sistema de “banco de horas”. Para los gremios, esto abre la puerta a un uso discrecional de las cargas horarias y pone en riesgo la salud y el descanso de millones de trabajadores.
La reforma laboral también permite mayor flexibilidad en los convenios colectivos, fomentando acuerdos por empresa que podrían debilitar la negociación sectorial y la capacidad sindical.
Otro eje de conflicto son los cambios indemnizatorios. El Ejecutivo plantea que PyMEs y microempresas puedan pagar indemnizaciones y multas judiciales en hasta 12 cuotas, una medida que abarata el costo del despido y, según la oposición y expertos laborales, reduce la protección jurídica de los empleados frente a decisiones arbitrarias. A esto se suma el intento de limitar el “pacto de cuota litis” al 20%, afectando el acceso de los trabajadores a representación legal eficaz.
El proyecto también reintroduce el salario en especie —como los “tickets canasta”— y propone la figura de “salarios dinámicos”, vinculados al mérito o la productividad individual. Las centrales sindicales interpretan estos mecanismos como una forma indirecta de precarización y fragmentación salarial, que debilitaría la paritaria como herramienta colectiva.
Los cambios sobre sectores específicos tampoco pasan desapercibidos. La reforma propone períodos de prueba de seis meses para trabajadoras de casas particulares y define a los repartidores de aplicaciones como “prestadores independientes”, excluyéndolos de la relación de dependencia. Ambos puntos generan alarma por su potencial para consolidar esquemas de inestabilidad y desprotección en actividades ya vulnerables.
Mientras el Gobierno busca discutir el paquete en sesiones extraordinarias, la reacción social no se hizo esperar. Organizaciones políticas, gremiales y movimientos piqueteros realizaron cortes y movilizaciones en al menos 30 puntos del país, denunciando que la iniciativa “ataca derechos elementales” y va de la mano de salarios deteriorados, despidos y un ajuste que golpea a los sectores populares. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), además, lanzó un paro nacional que registró un acatamiento superior al 90%, según el propio gremio.
En paralelo, constitucionalistas vienen advirtiendo que cualquier reforma laboral debe ajustarse estrictamente al artículo 14 bis y a los compromisos internacionales de derechos sociales. La jurisprudencia reafirma que, si bien el Congreso Nacional tiene margen para legislar, las modificaciones deben ser razonables y no pueden reducir estándares esenciales de protección.
El oficialismo insiste en que la reforma permitirá crear empleo y mejorar la competitividad. Pero el clima social, la resistencia sindical y las advertencias legales auguran un debate áspero en el Parlamento. Lo que está en juego no es sólo un cambio normativo, sino la arquitectura misma de los derechos laborales construidos en Argentina durante casi un siglo.
Con información de Punto Convergente, El Ecos, Página 12, Palabras del Derecho.
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