La crisis del sistema de atención a la discapacidad se profundiza en todo el país y golpea con especial fuerza en Corrientes. La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y promulgada tras el veto presidencial, sigue sin aplicarse. Desde el sector denuncian que el ajuste “es brutal” y que los derechos de las personas con discapacidad quedaron en suspenso.
“Esta gestión nos dejó mucho más invisibles y no gestiona. En todos estos meses de gobierno no hubo una política desde la discapacidad. Al contrario, hicieron todo mal”, aseguró a NEA HOY Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad.
La referente explicó que, pese a los reclamos y reuniones mantenidas con autoridades nacionales, no hubo respuestas concretas sobre la actualización de aranceles, la regularización de pagos ni el restablecimiento de pensiones no contributivas.
“Los centros están cerrando. Estamos al borde de quebrar. Hay obras sociales que no pagan hace más de 120 días. IOSFA, por ejemplo, la última vez que pagó fue en marzo de 2025”, detalló Kriskovich.
Personas con discapacidad sin atención ni medicamentos
La falta de financiamiento afecta directamente a las personas con discapacidad. Según Kriskovich, el programa Incluir Salud prácticamente no funciona, y eso obliga a miles de familias a afrontar gastos imposibles. “Muchas familias tienen que poner plata o pedir ayuda a vecinos para comprar medicamentos. El programa no reconoce lo que debería, y las obras sociales ajustan prestaciones. El que tiene recursos accede a los tratamientos; el que no, se queda en su casa”, lamentó.
La referente también cuestionó el recorte masivo de pensiones no contributivas ejecutado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Sacaron 110.000 pensiones, muchas a personas con discapacidad real. No estamos en contra de auditar, pero hay que hacerlo bien».
Los prestadores anunciaron un paro nacional del 20 al 24 de octubre, si no se implementa la Ley de Emergencia en Discapacidad
Aranceles desactualizados y servicios en riesgo
Los valores de las prestaciones no se actualizan desde hace más de un año. “El valor del kilómetro de transporte es de 534 pesos, cuando la nafta subió casi diez veces. La prestación de apoyo vale 12.361 pesos, y hay maestras integradoras que todavía no cobraron mayo.”
En ese contexto, los prestadores anunciaron un paro nacional del 20 al 24 de octubre, si no hay medidas concretas del Gobierno. “Queremos que el presidente tome conciencia de que esto afecta la salud y la calidad de vida de las personas».
“Todo sigue igual o peor”
Otra profesional del sector, Rocío Ríos, trazó un panorama igual de preocupante: “Algunas obras sociales se declararon en quiebra. Los centros no pueden pagar alquileres ni impuestos. Hay recambio constante de profesionales porque no se les puede pagar en tiempo. La calidad de los tratamientos baja y es entendible que muchos dejen de trabajar en estas condiciones.”
En Corrientes, la falta de docentes integradoras agrava la situación: “Las docentes tratan de hacer varias integraciones en el mismo turno para que les sea rentable. Los chicos que necesitan más carga horaria no consiguen docente o los padres tienen que pagar la diferencia.”
Formosa y Misiones: la Justicia empieza a intervenir
Mientras en Corrientes el sistema se sostiene a duras penas, la Justicia Federal en Formosa ordenó restituir las pensiones suspendidas por la ANDIS. El fallo, dictado por la jueza María Belén López Macé, obligó al organismo a restituir los beneficios en 24 horas y reanudar los pagos a los titulares afectados.
El interventor de la Agencia, Alejandro Vilches, firmó una resolución publicada en el Boletín Oficial que deja sin efecto las suspensiones de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Además, otorgó 90 días hábiles para regularizar la situación administrativa de los beneficiarios.
Una medida similar se dio en Misiones, donde la jueza Carmen Helena Carbone ordenó al Estado Nacional devolver pensiones dadas de baja arbitrariamente. En su fallo, consideró que la suspensión vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales sobre discapacidad.
“Se trata de alimentos, medicamentos y vida digna. Con este fallo se les devuelve tranquilidad a cuatro familias y se marca un precedente: ningún gobierno puede atropellar derechos adquiridos sin consecuencias”, expresó el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.
Emergencia en Discapacidad: una ley vigente, pero vacía
El conflicto nacional de fondo radica en que el Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero dictó un decreto para suspender su aplicación, argumentando que el Congreso no había detallado las fuentes de financiamiento.
La Cámara de Diputados votó el pasado 9 de octubre declarar nulo de nulidad absoluta ese decreto, en una sesión donde la diputada Marcela Pagano denunció que el Ejecutivo “desobedece la Constitución”. “¿Para qué debatimos leyes si después un decreto habilita su suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si vamos a permitir que se desobedezca?”, expresó.
Mientras el Ejecutivo nacional dilata la aplicación de una ley que busca proteger a uno de los sectores más vulnerables, en provincias como Corrientes el sistema colapsa. Prestadores sin cobrar, familias endeudadas, niños sin apoyo escolar y personas sin pensión conforman el rostro más visible de una emergencia que, por ahora, sólo existe en el papel.
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