La votación en el Senado que rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad marcó un antes y un después en la historia y el partido de La Libertad Avanza. Por primera vez desde 2003, el Congreso volteó una decisión de este tipo, y lo hizo en un contexto atravesado por denuncias de irregularidades, precarización y estigmatización hacia las personas con discapacidad. Desde NEA HOY, conversamos con Paula Pisak, Vicepresidenta del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), quien analizó lo que significa este triunfo colectivo.
Las auditorías del terror
En una entrevista exclusiva, Pisak contó el clima de incertidumbre y desprotección que se vivió en Misiones con las infames auditorías “por irregularidades” a pensiones y beneficios. Para algo que se vendió como un proceso pensado para garantizar la transparencia, estuvo lleno de irregularidades. “La carta documento rezaba que se presenten estudios actualizados, llegado el día quienes acudieron a su turno se encontraron con largas filas en lugares que no eran aptos ni siquiera instituciones médicas o profesionales de salud atendían, allí los estudios no fueron recepcionados ni vistos, solo se entregó una copia con firma de un profesional que luego supimos no había autorizado su uso”, contó Pisak.
La empresa Urbano, encargada de entregar las notificaciones, adujo que no encontraba domicilios, aunque en muchos casos se trataba de direcciones urbanas validadas previamente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Eso generó un primer obstáculo: la gente no sabía ni cuándo ni cómo debía presentarse.
Paula también contó que: “desde Andis y como integrante del COFEDIS al principio obtenía algunas respuestas o datos para comunicar a la comunidad, luego los canales se cerraron y como es de público conocimiento los medios que ellos publicaban lejos de ser útiles solo causaban un gran malestar”. Pisak explica que ningún medio era útil para el reclamo, pero lo más grave es cómo esto repercute: “la desesperación de la familias por perder en muchos casos el único ingreso fijo y a ello sumarle la pérdida del programa de salud que solventa medicamentos, pañales o terapias sin dudas causó mucho dolor.”
Silencios oficiales y desesperación
Los canales de comunicación fueron cercenados, los correos electrónicos rebotaban, el chatbot no respondía y los teléfonos estaban saturados. “Disculpas jamás tuvimos”, dijo Pisak. Desde mayo, el Consejo había pedido suspender las auditorías por la gravedad de la situación. También había propuesto colaborar para que se realizaran en condiciones dignas. La respuesta fue el silencio. Ante esa desidia, varias provincias acudieron a la Justicia. Formosa, Neuquén y Misiones presentaron amparos que llegaron a la Corte Suprema, denunciando la violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU).
Además de que las auditorías no parecen haber llegado a nada, un efecto colateral grave que tuvieron fue la estigmatización. Se instaló la idea de que las personas con discapacidad deben justificar constantemente su condición, como si se tratara de un privilegio indebido. “Muchas de estas condiciones son invisibles, pero las auditorías actuaron como si se buscara deslegitimar permanentemente a quienes acceden a pensiones”, denunció Pisak. Además, las filas interminables no solo incluyeron a beneficiarios de pensiones por discapacidad: también estaban allí madres de 7 hijos, adultos mayores y personas con patologías reversibles.
Una respuesta política y social
El rechazo al veto presidencial representó un alivio frente a tanta desprotección. “Es un acto de justicia que imperaba ser oído”, valoró Pisak. “Las personas con discapacidad ya atravesamos situaciones a diario que hacen complejo el acceso a una vida digna pero en los últimos años todo se acentuó, sumó a prestadores sumó a prestadores precarizados y esto configuró un maltrato tanto de familias del colectivo como la de los profesionales, muchos centros de día fueron cerrando por faltas de pago o por haberes que nunca se actualizaron.”
La activista resaltó que la emergencia en discapacidad llega en un momento crítico. “La ley de emergencia en Discapacidad vino a respaldar y garantizar todas las necesidades que venían siendo debilitadas, es un límite al poder ejecutivo y deja claro que no se puede seguir recortando derechos conquistados”, señaló. Desde su lugar como mujer con discapacidad y dirigente del COFEDIS, Pisak se mostró orgullosa de una lucha que atravesó a organizaciones, familias y profesionales, y que terminó encontrando respaldo en la sociedad. “Esto vino a reafirmar que nuestras vidas importan en la agenda pública”, sostuvo.
La sesión histórica
El 4 de septiembre, el Senado bajó definitivamente el veto presidencial. Con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, la oposición consolidó una mayoría abrumadora. Lo llamativo fue el silencio oficialista: ningún libertario defendió en el recinto la decisión de Milei. Incluso el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, se bajó a último momento de la lista de oradores.
El único respaldo explícito vino de la Senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien minimizó la necesidad de la emergencia y habló de “gestión” en lugar de nuevas leyes. En la Casa Rosada, la reacción fue anticipar un plan de judicialización para intentar frenar la aplicación de la norma.
Qué establece la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta diciembre de 2026, incluye varios puntos centrales: Obliga al Estado a saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles según inflación, establece que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. También permite complementar la pensión con un empleo, siempre que el salario no supere 2 salarios mínimos e introduce incentivos fiscales a las empresas que contraten trabajadores con discapacidad. Por último exige auditorías “justas, transparentes e inclusivas”, con notificaciones fehacientes y procesos adecuados.
¿Cómo se sigue?
El debate legislativo estuvo atravesado por las denuncias contra la ANDIS, que salpican directamente a Karina Milei. Los audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas para favorecer a la droguería Suizo Argentino encendieron la polémica. En este marco, el COFEDIS convocó a una asamblea extraordinaria para el 10 de septiembre. Allí se discutirán auditorías, pensiones, el informe que Argentina debe presentar al Comité de la ONU y los pasos a seguir junto a organizaciones como REDI, ACIJ y RALS.
Ante el revés político, Javier Milei afirmó que iba a judicializar el veto, pero para ver si eso sería posible, hay que recordar que Andrés Gil Domínguez ya explicó que “la Justicia no puede vetar una ley aprobada en el Congreso”. En una entrevista con un medio nacional, el constitucionalista explicó que: “Desde el punto de vista constitucional del sistema argentino no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Sería absurdo, el Estado demandando al Estado. El procurador del Tesoro armando una demanda y el mismo funcionario contestando esta demanda”.
Pero lo más grave es que también dijo que: “si se cumplen los requisitos constitucionales para que una ley se apruebe el Ejecutivo no tiene otra que cumplirla, porque sino se expone a un juicio político”.
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