El juez Alberto Recondo concedió el recurso presentado por el abogado de Ian Moche, el niño con autismo de 12 años que demandó al presidente Javier Milei por un tuit discriminatorio, y ahora el mandatario tendrá 48 horas para contestar antes de que el caso se eleve a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La decisión marca un nuevo giro en un expediente que dejó en evidencia el nivel de violencia política que se legitima desde la más alta investidura del país.
Un presidente que se ampara en su “cuenta personal”
La polémica comenzó cuando Javier Milei reposteó en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje que vinculaba al joven activista con “los kukas”. El abogado de Ian, Andrés Gil Domínguez, interpuso un amparo para que el Presidente eliminara ese tuit y se abstuviera de realizar publicaciones similares. El juez Recondo rechazó el planteo inicial y defendió la posición de Milei bajo el argumento de que el mandatario actuó “a título personal” y no como jefe de Estado.
AHORA | El juez Alberto Recondo concedió el recurso presentado por el abogado de Ian Moche y ahora el presidente Javier Milei tendrá 48hs para contestar. Luego de ello, la causa se elevará a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. pic.twitter.com/VvLp4yJn5k
— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) August 22, 2025
Sin embargo, la defensa de Ian sostiene que esta interpretación es insostenible: “Al adherir públicamente mediante un reposteo ratificatorio a una publicación agraviante contra un niño con discapacidad, el Presidente realizó una acción con clara carga simbólica, discursiva e institucional”, señaló Gil Domínguez. El planteo no es menor: Milei escribe desde una cuenta verificada con tilde gris, otorgada exclusivamente a agentes de gobierno, lo que refuerza su carácter oficial y no meramente personal.
Infancia y discapacidad relegadas frente a la “libertad de expresión”
El fallo de Recondo fue criticado por expertos constitucionalistas y organismos de derechos humanos porque pone por encima la libertad de expresión del Presidente frente al derecho de un niño con discapacidad a no ser hostigado ni expuesto públicamente. “El juez priorizó al adulto y desconoció la especial protección que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los niños y a las personas con discapacidad”, advirtió el abogado del menor.
Este razonamiento judicial, además, abre un peligroso precedente: ¿hasta qué punto un funcionario público puede escudarse en su condición de “ciudadano privado” cuando utiliza redes sociales para amplificar mensajes discriminatorios?
El rol del “séquito” libertario
Para la madre de Ian, Marlene Spesso, lo más grave no es solo el tuit presidencial, sino el “efecto dominó” de agresiones digitales que desató. “Ayer un diputado de La Libertad Avanza publicó: ‘la tenés adentro autista boludo y tu vieja también’”, denunció, en referencia al legislador Agustín Romo. “Lo peor que tiene su presidente no es su violencia, sino su séquito. Eso me preocupa mucho”, afirmó.
El testimonio de Spesso revela cómo la estrategia de Milei de utilizar las redes como campo de batalla política genera un clima donde la violencia y la discriminación contra las infancias y las personas con discapacidad se vuelven prácticas toleradas y hasta celebradas por sus seguidores.
La Justicia bajo la lupa
Otro aspecto que generó indignación fue la conducta del propio juez Recondo, quien en declaraciones radiales opinó que “si fuera padre del niño no lo expondría en los medios como lo hizo la familia”. Para el abogado Gil Domínguez, esos dichos constituyen una violación ética que compromete su imparcialidad: “El juez denota una ideología coincidente con la manifestada por el ejército de trolls libertarios que agredieron digitalmente a Ian”, afirmó.
Las críticas apuntan a que un juez no solo debe ser imparcial, sino también aparecer como tal. Al deslizar opiniones personales que cuestionan a la familia de Ian Moche, Recondo debilitó aún más la legitimidad de su fallo.
Un caso testigo sobre poder, redes y derechos
El expediente de Ian Moche contra Javier Milei se transformó en mucho más que un reclamo individual: es un caso testigo que pone en discusión el uso irresponsable de las redes por parte del Presidente, el impacto de sus palabras sobre grupos vulnerables y los límites de la libertad de expresión cuando se trata de discursos que habilitan la discriminación.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá ahora decidir si sostiene el criterio de Recondo o si, por el contrario, reconoce que el derecho de un niño con discapacidad a no ser agredido pesa más que la impunidad digital de un mandatario que se resiste a borrar un simple tuit.
Lo que está en juego, en definitiva, no es solo el reclamo de un chico de 12 años, sino el mensaje que la Justicia argentina enviará sobre los límites del poder presidencial y la protección efectiva de los derechos de las infancias y las personas con discapacidad.
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