La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de Corredores Viales SA abre un frente de conflicto en todo el país y en particular en Misiones, donde se encuentran en riesgo alrededor de 110 puestos de trabajo vinculados a la concesión de rutas.
La medida fue oficializada el 1 de septiembre a través de la Resolución 1284 publicada en el Boletín Oficial y marca el inicio del proceso de disolución de la empresa estatal que administra más de seis mil kilómetros de corredores nacionales. El Ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que en un plazo de doce meses se realicen las concesiones de los tramos bajo gestión de Corredores Viales y que luego se concrete la liquidación definitiva de la compañía.
Repercusiones tras la decisión de privatizar Corredores Viales
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) expresaron a un medio local una fuerte preocupación por el futuro de los empleados en cada región. Desde la organización advirtieron que esta es la primera vez en la historia de las concesiones de peajes que los trabajadores no pasarán de una empresa a otra, lo que los deja en una situación de total incertidumbre respecto de sus indemnizaciones y continuidad laboral.
“Se trata de compañeros y compañeras que hace años sostienen nuestra actividad en cada localidad, arraigados en sus pueblos y comunidades, y que hoy, por una decisión del Gobierno, se encuentran ante una situación inédita”, señalaron.
En Misiones la situación se agrava por la magnitud del servicio y el impacto en la economía regional. El gremio explicó que apenas dos móviles cubren los 310 kilómetros de traza desde Posadas hasta Puerto Iguazú, un tramo vital para la conectividad y el turismo.
Además, las dos balanzas de Colonia Victoria se encuentran inactivas ya que no se homologaron los certicados de funcionamiento. Esto, advirtieron, genera un mayor desgaste de la calzada por la falta de control sobre el transporte de carga y expone a los usuarios a riesgos adicionales.
“La realidad en Misiones es un claro ejemplo de la toma de decisiones arbitrarías: alrededor de 110 trabajadores se desempeñan en la zona, con un fuerte impacto en la economía regional y turística”, apuntaron.
El sindicato también remarcó que en los pliegos preliminares se observa una reducción notable de la dotación destinada a seguridad vial, un aspecto que consideran esencial. “Sin seguridad vial no hay concesión sustentable posible”, plantearon, al tiempo que reclamaron un plan federal que contemple no solo los intereses empresariales sino también la voz de los trabajadores, de los usuarios, de las autoridades locales y de las organizaciones comprometidas con la vida en las rutas.
La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a elaborar los documentos necesarios para la extinción de los contratos de concesión vigentes, a proponer la nueva conformación de los tramos de la red y a realizar relevamientos sobre el estado de la infraestructura. También se le encomendó la elaboración de los pliegos licitatorios y la coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Todo el proceso de adjudicación se llevará adelante a través de la plataforma digital Contrat.Ar, según lo dispuesto en el decreto 416 de 2025. Los pasos a seguir incluyen la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la obra pública por peaje y la tasación de los bienes de la empresa, que estarán a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación o de un organismo público con competencia en la materia.
El objetivo final es la concesión de los corredores viales a nuevos operadores privados nacionales e internacionales y la disolución definitiva de Corredores Viales. El gremio remarcó que, más allá de los avances tecnológicos, la presencia de trabajadores seguirá siendo indispensable para garantizar el funcionamiento y la seguridad en las rutas. “Nuestra primera responsabilidad como sindicato es defender a los trabajadores. Ellos son la parte esencial de esta actividad y no podemos permitir que se los deje de lado”, remarcaron.
En SUTPA sostuvieron que sin continuidad laboral no habrá servicio a disposición de la economía regional ni de los miles de usuarios que transitan a diario. También reiteraron que la seguridad vial debe priorizarse en cualquier esquema concesionado.
Fuente: Primera Edición
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