La pensión por invalidez laboral, también conocida como pensión no contributiva por discapacidad, nació como una herramienta de acompañamiento económico para quienes no pueden insertarse en el mercado laboral debido a una condición de salud. Pero, en los últimos meses, acceder y mantener este derecho se hizo cada vez más difícil, con distintos palos en las ruedas. El Gobierno de Javier Milei anunció que se intensificarán las auditorías sobre estas mismas pensiones, con el objetivo declarado de “garantizar que sólo quienes cumplan con los requisitos continúen recibiéndolas”.
Qué exige hoy la ley para acceder a la pensión
De acuerdo con la normativa vigente, la Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada a personas con una incapacidad laboral del 66% o más que no puedan trabajar y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto vigente en agosto de 2025 es de $289.949,62 (incluido un bono extraordinario), una cifra que no llega a cubrir una Canasta Básica Alimentaria (CBA) completa.
Los requisitos centrales son:
- Certificado Médico Oficial (CMO) emitido por hospital público.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
- Acreditar incapacidad laboral igual o superior al 66%.
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia continua en el país.
- No percibir jubilaciones, pensiones ni estar registrado como trabajador en relación de dependencia, monotributista o autónomo.
- Para menores de edad, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a 4 jubilaciones mínimas.
- En algunas provincias, se exige además un informe catastral sobre bienes inmuebles.
Auditorías más estrictas y plazos imposibles
Las auditorías consisten en controles periódicos que buscan verificar que las condiciones originales por las que se otorgó la pensión se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, si una persona es no vidente, las auditorías sirven para asegurarse que no haya recuperado la visión mágicamente. Estos chequeos se hacían en ciertos casos pero ahora cambió la manera de implementarlos.
Florencia Santa Cruz, Presidenta de la Asociación Caminos Azules TEA Formosa, explicó a NEAHOY cómo se viven estas citaciones: “La auditoría no es algo automático: mandan una carta documento y te dan 10 días para presentar toda la documentación actualizada. Te piden DNI, CUD, CBU, historia clínica con estudios recientes y una declaración jurada de ingresos y bienes. El problema es que en 10 días no conseguís turno con un neurólogo ni con un especialista. Muchas familias tenían todos los papeles, pero no alcanzaban a reunirlos en ese plazo”.
A esta dificultad se suman otros obstáculos: notificaciones que no llegan, citaciones en lugares lejanos que obligan a costear viajes y estadías, o la exigencia de enviar todo por correo electrónico en un sistema que suele colapsar. “Es imposible para muchas familias. Algunos no tienen computadora, otros no saben manejarla. Y encima la página de ANDIS se cae. Es una locura total lo que están haciendo”, explicó Santa Cruz.
Además, en la localidad misionera de San Ignacio, a 57 kilómetros de Posadas, se denunció la realización de auditorías en condiciones precarias. Según imágenes y testimonios difundidos en redes sociales, la actividad se llevó a cabo en un antiguo restaurante abandonado y estuvo a cargo de militantes libertarios sin formación médica. Más de 200 personas de distintas localidades fueron convocadas al procedimiento, pero, no se solicitaban historiales clínicos y los responsables trabajaban con planillas ya firmadas por médicos.
¿Quiénes pueden perder la pensión?
La ANSES detalla que la pensión se da de baja automáticamente si la persona beneficiaria trabaja bajo cualquier modalidad formal, ya sea como asalariado, autónomo o monotributista. También si percibe otra jubilación o pensión. En el caso de quienes cobraban Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, pasan a recibir las asignaciones familiares, que son menores en monto.
Pero más allá de esas cuestiones, la práctica muestra que en verdad muchas suspensiones se dan por errores administrativos, fallas de notificación o imposibilidad de cumplir con requisitos en tiempo y forma. Muchos lugares, como por ejemplo el enorme Partido de La Costa, en Buenos Aires, ya denunciaron que familias enteras nunca recibieron la citación, lo que las deja en riesgo de perder el beneficio sin poder hacer nada al respecto.
El trasfondo y las razones
Oficialmente, el Gobierno justifica las auditorías con el clásico y repetido: “terminar con los curros”, es decir “las irregularidades”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “las pensiones por invalidez fueron históricamente una caja de la política” y que la intervención de la ANDIS busca garantizar que los fondos lleguen solo a quienes realmente lo necesitan.
Sin embargo, parece que fue un desliz freudiano, porque La ANDIS quedó en el centro de un escándalo judicial tras la difusión de audios en los que su ex Director Diego Spagnuolo hablaba de retornos en contrataciones de medicamentos, coimas, que involucraban a la droguería Suizo Argentina, al entorno de Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Los allanamientos secuestraron sobres con dólares y documentación que ahora investiga la Justicia.
En paralelo, el último staff report del FMI pidió explícitamente que el Gobierno argentino se comprometiera a aplicar “controles mejorados de elegibilidad” en las pensiones por discapacidad y en la Asignación Universal por Hijo, como parte de la meta de superávit fiscal del 1,6% del PBI. En otras palabras, el ajuste sobre estas prestaciones no es solo una decisión interna sino que responde, también, a las condiciones de un acuerdo financiero.
La vida en pausa
Y a todo esto las consecuencias de este doble movimiento, corrupción interna y presión externa, las sufren las personas con discapacidad y sus familias. “Esa presión internacional se siente directamente en las auditorías. El FMI habla de “controles mejorados de elegibilidad”, pero en la práctica eso se traduce en auditorías más duras, con exigencias que muchas veces no contemplan la realidad de las personas. Se fiscaliza más el papel que la vida de quienes necesitan los apoyos. Así, en vez de garantizar derechos, los controles terminan generando trabas y angustia a las familias y beneficiarios, que ya de por sí cargan con un enorme esfuerzo cotidiano”, explicó Santa Cruz.
La dirigente también subrayó que el endurecimiento de los requisitos genera discriminación estructural: “La verdad es que en este último tiempo los requisitos y controles cambiaron mucho. Se volvieron más exigentes, más burocráticos y con mucha menos flexibilidad que antes. Y lo que más duele es que en las auditorías ya no se mira a las personas, no se escucha su realidad ni sus necesidades. Todo se reduce a papeles y procedimientos, cuando en el fondo lo esencial debería ser la calidad de vida de quienes dependen de esto.”
Entonces, lo que se presenta como un control administrativo termina siendo en verdad un proceso de recorte. Los errores en notificaciones, los plazos imposibles y las exigencias burocráticas terminan funcionando como un filtro que deja afuera a quienes más lo necesitan. Y ni hablar de la paradoja de que mientras el discurso oficial habla de “evitar fraudes”, los escándalos de corrupción revelan que los verdaderos desvíos de fondos no pasan por las familias que cobran la pensión, sino por las más altas esferas del poder y sus vínculos con empresas proveedoras del Estado.
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