Los audios del ex Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, destaparon escándalo tras escándalo. Pero esta vez no estamos hablando ni de ANDIS ni de IOSFA, sino de la obra social más grande del país, el PAMI. En menos de 20 meses, se firmaron 28 contratos millonarios entre La Suizo Argentina y el PAMI. El mes pasado salieron a la luz audios en los que Spagnuolo describía cómo funcionaba el presunto esquema de coimas: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.
Aunque en un primer momento el foco estuvo puesto en la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso rápidamente se ramificó hacia muchos otros lugares, como hacia el PAMI, los Ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, todos con millonarios contratos firmados con la empresa Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. Lo que llama la atención es que solamente contando el PAMI, dirigido por Esteban Leguizamo, la droguería acumuló 28 adjudicaciones, muchas por la figura de la “compulsa abreviada”, una vía más rápida que las licitaciones tradicionales
¿Qué es la “compulsa abreviada” y cómo funciona?
La “compulsa abreviada” es una modalidad legal de contratación que se justifica en casos de urgencia, por ejemplo, cuando se necesitan vacunas rápidamente por un brote sanitario imprevisto. Es una modalidad que debe usarse solamente en ocasiones especiales de urgencia porque, de lo contrario, su abuso puede llevar a facilitar procesos poco transparentes. En los contratos firmados por el PAMI con Suizo Argentina, esta modalidad fue la regla, no la excepción.
Entre las contrataciones, destacan 3 convenios de 195.000 dólares, 168.000 dólares y 105.000 dólares. En total, según registros de un medio periodístico nacional, se realizaron 19 contrataciones durante 2024 y al menos 8 más en 2025, incluso después de que estallara el escándalo por los audios. Pero las justificaciones oficiales son difusas. Desde el PAMI alegan que se trata de compras derivadas de órdenes judiciales que obligan a la obra social a adquirir medicamentos específicos para afiliados que presentaron amparos. Sin embargo, los documentos muestran que la droguería fue sistemáticamente elegida por sobre otras competidoras, bajo condiciones que están siendo investigadas.
El efecto en cadena
El estallido de los audios de Spagnuolo no solo desempolvó denuncias olvidadas: también dejó al descubierto un entramado de prácticas habituales en varias provincias, como aportes forzados, extorsiones y presuntos retornos en oficinas del PAMI y la ANSES. La primera reacción llegó el 30 de abril con un comunicado oficial de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo del organismo, donde se anunció una auditoría interna en todas las delegaciones.
Con el aval del ministro de Salud, Mario Lugones (hombre cercano a Santiago Caputo), denunciaron el “uso indebido de recursos públicos” y el funcionamiento de delegaciones como verdaderas “cajas negras”. El gesto no solo buscaba dar señales de transparencia: también significó avanzar sobre el esquema territorial que Karina Milei y los Menem habían tejido desde el comienzo de la gestión.
El escándalo retumba en Chaco, Misiones y otras provincias
No es casualidad que desde hace rato hay noticias de cosas extrañas sucediendo con las cajas del PAMI en las provincias. En la delegación provincial del PAMI en Chaco, la Justicia federal apartó al coordinador administrativo Alfredo Moreno, mientras el presidente de La Libertad Avanza chaqueña y actual delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, será indagado por falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Según la investigación, se habrían usado datos de afiliados para armar fichas partidarias truchas y, en paralelo, cobrar “aportes” a militantes que luego ingresaban como empleados del Estado.
Samuel Doichele, dirigente libertario de Misiones, denunció que se pedía a empleados de PAMI y ANSES entregar el 10% de sus sueldos a una cuenta personal del titular provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Tras hacerse pública la denuncia, Doichele reveló que Lule Menem lo llamó para decirle que la maniobra «no era delito y se hacía en todos lados». Luego de ir a la Justicia, desde el partido amenazaron con pisarlo «como cucaracha», pero no se echó para atrás.
Y el tema no queda sólo en el NEA, en La Plata, la exfuncionaria Viviana Aguirre denunció que le pidieron un retorno mensual de un millón de pesos para mantener su puesto y en Río Negro, ATE denunció un esquema de sobreprecios del 30% en lentes intraoculares para la campaña oftalmológica del PAMI. Las empresas adjudicatarias fueron acusadas de vínculos con militantes libertarios, y se comprobó que algunos profesionales triplicaron su facturación en julio de 2025, superando los $30.000.000. Si bien PAMI emitió un comunicado en Twitter, no mostraron ninguna prueba que desmienta a los 500 oftalmólogos que denunciaron los sobreprecios.
¿Y ahora qué hacemos?
Todo el caso de la Suizo Argentino nos muestra una de las más grandes contradicciones entre el relato “anti-casta” y “anti-corrupción” con el que asumió el Gobierno Nacional libertario y su realidad actual. Mientras Javier Milei se presentaba como lo nuevo e impoluto, su administración acumula millones en contrataciones con una sola empresa investigada por corrupción.
Por otro lado, el Presidente prometió “cortar la mano al que roba”, pero hasta ahora no hubo ninguna sanción política real más allá de los desplazamientos forzados por el escándalo mediático. A Spagnuolo lo eyectaron, sí, pero Karina Milei sigue en su cargo. Y las contrataciones a Suizo Argentina continúan. De hecho, la última fue firmada tres días después del escándalo, por $45 millones para la adquisición de medicamentos antimicrobianos para prevención de enfermedades de los afiliados internados en los distintos efectores, mediante modalidad de “Orden de Compra Cerrada”
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