La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja reunió este martes 21 firmas sobre 25 presentes para habilitar los pedidos de interpelación contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones.
El objetivo es que ambos funcionarios den explicaciones por los audios que involucran presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, denunció que el oficialismo busca “entorpecer” el trabajo parlamentario mediante el manejo de giros de los proyectos, pero aclaró: “Vamos a avanzar en esto que nos permite el reglamento para que no inmovilicen nuestra tarea”.
Críticas de la oposición
La diputada Sabrina Selva (UP) fue una de las impulsoras de la interpelación y pidió incorporar las versiones taquigráficas de los audios de Diego Spagnuolo, donde se menciona directamente a Karina Milei como beneficiaria de coimas. “Hay mucha oscuridad, un nivel de crueldad exacerbado”, denunció.
Otros legisladores, como Christian Castillo y Oscar Agost Carreño, coincidieron en que el escándalo refleja la “hipocresía” del Gobierno, que mientras aplica un ajuste “se beneficia con coimas”. Carreño incluso trazó paralelismos con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que también golpeó al oficialismo.
“No va a venir Karina Milei”
En la reunión, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió que las interpelaciones podrían no concretarse: “No va a venir Karina Milei y este Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto”. En la misma línea, la diputada Mercedes de Mendieta sostuvo que la secretaria general de la Presidencia, apodada “la cajera”, difícilmente se presente.
Un escándalo que se agrava
La diputada Cecilia Moreau calificó el caso como “cada vez más confuso, sucio y desprolijo”, y criticó la reacción oficial, que se limitó a un posteo de la droguería Suizo Argentina. Para Moreau, el Gobierno busca desprestigiar al Congreso: “Quieren que no haya control”.
La oposición ya plantea crear una comisión investigadora e incluso activar mecanismos de juicio político, advirtiendo que si no se avanza, el Parlamento se convertirá en “cómplice”.
Con información de Parlamentario.
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