Tras el escándalo nacional por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones se está desarrollando en condiciones que generaron críticas y malestar entre las personas con discapacidad y sus familias que denunciaron irregularidades en San Ignacio y San Pedro.
El Vicegobernador Lucas Romero Spinelli calificó las auditorías como “inadmisibles” y confirmó que el Gobierno provincial presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal. Denunció irregularidades como sellos y firmas de médicos falsificados, trámites gestionados por militantes políticos en lugar de profesionales de la salud, comprobantes sin validez legal y controles en lugares inadecuados, incluso un restaurante abandonado.
En el municipio de 25 de Mayo, el secretario de Gobierno Sebastián Rodríguez aseguró que los operativos fueron realizados por militantes libertarios y que ANSES rechaza las constancias emitidas. Relató que el procedimiento incluyó también a Colonia Aurora y Alba Posse, pero estuvo marcado por problemas de citaciones: algunas personas convocadas no fueron notificadas y otras llegaron sin turno por desinformación, lo que generó incertidumbre entre los beneficiarios.
Rodríguez advirtió que la falta de comunicación oficial y las cartas documento con direcciones inexistentes agravaron la confusión. “Eso generó cierta paranoia, porque preocupa a la gente que le lleguen a cortar los beneficios y más siendo que la situación no está fácil y hay mucha gente que realmente lo necesita y que tiene discapacidad real”, señaló. También denunció que los auditores eran “militantes de la Libertad Avanza”, lo que aumentó la preocupación en la comunidad.
Irregularidades en los operativos y rechazo de certificados en ANSES
Rodríguez denunció que la ANSES rechazó las constancias emitidas en los operativos: “La gente que salía del operativo con su certificado se fue a ANSES a sacar un turno para presentar los estudios, y en ANSES les rebotaron. Les dijeron que no era una firma avalada o que eran fotocopias”. Confirmó que los primeros 15 beneficiarios fueron rechazados y describió traslados de hasta 70 kilómetros bajo lluvia y caminos de tierra, lo que agravó la situación.
El funcionario advirtió que las auditorías estaban a cargo de militantes de La Libertad Avanza, lo que, según dijo, preocupa a la comunidad. A la polémica se sumó la difusión de un video en el que se observa a un auditor discutiendo con una mujer tras el rechazo de su certificado en la ANSES.
Reclamos por desinformación y respaldo al amparo provincial
Rodríguez calificó el procedimiento de desprolijo y confuso: “Es una empresa, es un trabajo tercerizado, son militantes, no se entiende bien. Cuando los certificados que emiten van a la ANSES, rebotan. Entonces tampoco se entiende. Y todo esto termina rebotando en la gente, que es el sector más vulnerable y que más necesita apoyo del Estado”.
Finalmente, respaldó el recurso de amparo presentado por el Gobierno provincial: “Me parece bien la medida que se tomó desde Vicegobernación, porque darle 30 días a la gente para presentar nuevamente estudios es muy difícil”. Concluyó que la principal preocupación es garantizar la atención y preservar los derechos de los beneficiarios.
Con información de Misiones Online
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