La indagatoria que afrontó este jueves Alfredo «Capi» Rodríguez, Presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Chaco y candidato en estas elecciones, abre una grieta profunda en el armado libertario provincial y expone la fragilidad institucional de un espacio que busca consolidarse en el escenario político local. Lo ocurrido esta semana no se limita a un trámite judicial más: revela, con crudeza, el choque entre ambiciones personales, irregularidades administrativas y la falta de transparencia en la construcción partidaria.
Rodríguez, imputado por delitos de falsedad ideológica de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, fue citado a declarar en el marco de una causa que se inició a partir de denuncias sobre presuntas exigencias de dinero a empleados de ANSES y PAMI para financiar al partido. Con el correr de la investigación, el escándalo derivó hacia un capítulo más grave: la posible falsificación masiva de afiliaciones.
La indagatoria, realizada de manera remota por Google Meet, dejó en evidencia la estrategia defensiva del dirigente libertario: deslindar responsabilidades atribuyendo el origen de la causa a una interna partidaria. Según él, un grupo minoritario liderado por la señora Aguirre habría impulsado acusaciones falsas con el único fin de desgastarlo políticamente. Pero más allá del intento de instalar la idea de un complot, Rodríguez evitó responder preguntas del fiscal federal Patricio Sabadini, una omisión que en términos políticos y judiciales tiene un peso mayor que cualquier declaración defensiva.
El magistrado, por su parte, señaló a un medio chaqueño que: «Lo que no tiene en cuenta este hombre con lo que dijo es que el hecho puede ser aún más grave, porque está negando las afiliaciones como autoridad de certificación y se le puede caer la personería jurídica al partido en Chaco».
«Más allá de lo que diga de las fechas, según la clave de acceso al Anses, lo que hay que tener en cuenta es que toda la ficha es trucha, ya que pusieron cualquier fecha», añadió Sabadini. «Él es una autoridad certificante, por ende, tiene la autoridad como un escribano público, de dar fe de los datos de quienes se afilian, así como de su firma», concluyó el fiscal.
Un partido en riesgo de perder su personería
El descargo del dirigente no solo no despeja las sospechas, sino que abre un frente todavía más delicado para La Libertad Avanza en Chaco: la posibilidad de perder su personería jurídico-política. Como autoridad certificante, Rodríguez tenía la responsabilidad de validar la autenticidad de las fichas de afiliación. Sin embargo, según la Fiscalía Federal, las planillas contienen datos y fechas inconsistentes que refuerzan la sospecha de documentación fraguada.
Los números hablan por sí solos: casi 60 personas fueron incorporadas al padrón partidario sin haber dado su consentimiento. Entre ellas, adultos mayores, personas con enfermedades motrices y ciudadanos analfabetos. El patrón no parece accidental: la fiscalía sospecha que se utilizaron bases de datos de ANSES y PAMI para seleccionar perfiles vulnerables y convertirlos en «afiliados fantasmas».
La gravedad institucional es evidente. No se trata solo de una interna o de una maniobra de baja escala: está en juego la legitimidad de un partido que pretende disputar poder en un distrito clave. Si se comprueba que las afiliaciones fueron falseadas Rodríguez enfrentará las consecuencias penales.
La contradicción libertaria a nivel local y Nacional
El caso de Rodríguez se le suma lo acontecido recientemente con la denuncia por presuntas coimas que vincula al torno de Javier Milei, estas situaciones revelan una contradicción estructural en La Libertad Avanza: mientras sus líderes enarbolan un discurso contra «la casta» y los privilegios del Estado. Los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revelan un sistema de presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —hermana del Presidente y figura clave— percibía entre un 3 % y hasta un 8 % de retorno.
Estos escándalos ha paralizado la campaña electoral. Manifestantes atacaron con piedras el convoy presidencial durante un acto en Lomas de Zamora y también sucedió algo similar en Corrientes, los episodios tomaron relevancia como símbolo del descrédito creciente hacia el oficialismo. .
Tanto Rodriguez como Javier Milei le restaron importancia a la gravedad de las acusaciones. Pero ese silencio político no puede ser leído como prudencia, sino como una señal de preocupación. En la práctica, golpea en cierta manera a un partido que se recuesta en su imagen mediática para competir en las urnas.
La sombra de los colaboradores
Retomando al escándalo de Rodríguez, la causa también involucra a dirigentes de primera línea dentro del armado libertario-radical. Alfredo Moreno, excoordinador administrativo de PAMI y tesorero del partido, aparece mencionado en las actuaciones. Tras los allanamientos en esa dependencia, fue desplazado de su cargo. A su lado, otro nombre relevante: Juan Cruz Godoy, actual candidato a senador por la alianza, quien también quedó bajo sospecha en la trama de afiliaciones irregulares.
Estos vínculos muestran que no se trata de un hecho aislado, sino de un entramado donde confluyen responsabilidades políticas y administrativas. La frontera entre la gestión estatal y el armado partidario se difumina en un modo de operar que no es nuevo en la política argentina, pero que adquiere especial relevancia en un partido que se presenta como adalid de la transparencia y la «nueva política».
Lo que viene
La Justicia deberá resolver si las declaraciones de Rodríguez alcanzan para aliviar su situación procesal o si, por el contrario, refuerzan las sospechas en su contra. Pero más allá de lo judicial, el daño político ya está hecho. LLA en Chaco enfrenta un escenario donde la confianza pública queda seriamente comprometida.
En tiempos donde la política nacional y chaqueña atraviesa serie de cuestionamientos, casos como este confirman que el problema no es solo la «vieja política» a la que tanto critican los libertarios, sino también las prácticas que reproducen aquellos que se presentan como portadores del cambio.
La indagatoria de Capi Rodríguez no es un hecho menor ni un episodio aislado: es el espejo de una política que, bajo el ropaje de la renovación, sigue apelando a las mismas maniobras oscuras que dice combatir. Y esa, quizás, sea la mayor contradicción de todas.
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