La provincia del Chaco atraviesa una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente. En apenas seis meses de 2025, se han destruido 8.685 hectáreas de bosque nativo, pese a una medida cautelar dictada por la Justicia Federal que prohíbe explícitamente los desmontes. La situación, que debería haber encendido todas las alarmas institucionales, no ha provocado ni una sola acción concreta por parte del Gobierno de Leandro Zdero para revertir el desmonte ilegal en curso. Muy por el contrario, la inacción oficial, sumada a recientes movimientos judiciales, alimenta la sospecha de una red de complicidades entre funcionarios, empresarios y sectores del Poder Judicial.
El informe de Greenpeace, basado en imágenes satelitales, revela una cifra alarmante: junto a Santiago del Estero, donde se talaron ilegalmente otras 22.315 hectáreas, la región chaqueña perdió más de 31.000 hectáreas de monte en lo que va del año. Es una superficie equivalente a una ciudad de Buenos Aires y media. Es más que deforestación: es devastación sistemática, a plena luz del día, y con el Estado provincial como espectador de un crimen ambiental que deja a su paso comunidades indígenas desplazadas, suelos secos, fauna extinguida y un modelo de producción insostenible.
Los desmontes están prohibidos desde agosto de 2024 por orden de la Jueza federal Zunilda Niremperger, quien en una histórica medida cautelar paralizó toda actividad extractiva en los bosques chaqueños. Pero, lejos de cumplir la orden judicial, las topadoras siguieron avanzando. Y ahora, en un giro preocupante, la misma jueza acaba de declararse «incompetente» para seguir con la causa, sin que ninguna de las partes se lo haya solicitado. Una decisión que desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) fue calificada como una cesión a las «presiones del poder económico y político».
¿Quién están detrás de los desmontes ilegales?
Las pruebas recolectadas por estas organizaciones revelan una red estructurada que va mucho más allá del delito ambiental. Según datos presentados ante la Justicia, detrás de los desmontes ilegales se encuentran dos grandes tanineras: Indunor S.A. y Unitán S.A.I.C.A., que extraen tanino del quebracho colorado chaqueño para abastecer una cadena de valor que llega hasta curtiembres de más de 50 países. Entre los clientes de estas industrias se encuentran marcas globales como Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ford, Toyota, Hyundai, Renault, Volkswagen, entre muchas otras. Las exportaciones se canalizan mediante firmas en Italia, China, EE.UU., India y Perú, muchas veces con triangulaciones opacas y sin declarar el destino final.
«La mafia del desmonte no es un fantasma. Tiene máquinas, nombres y puertos de exportación», denunció CAJE en una de sus últimas publicacións. Esta «mafia» no solo arrasa el monte: también desplaza comunidades, seca los suelos y destruye modos de vida ancestrales.
Pese a la medida judicial, el desmonte siguió su curso. «En la provincia no hay controles suficientes para hacer respetar esa resolución», denunció públicamente Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Desde su perspectiva, la administración actual del Gobernador Leandro Zdero no solo ha ignorado el fallo, sino que tampoco ha brindado ninguna respuesta o canal de diálogo con las organizaciones ambientalistas. «Con la actual gestión no logramos establecer ningún tipo de contacto”, agregó Giardini. “La competencia federal en esta causa es indiscutible”, añadieron desde AAdeAA. “Se investigan delitos de carácter federal como el lavado de dinero y la trata de personas, y además se trata de un daño ambiental que excede ampliamente los límites de la provincia, afectando a toda la región del Gran Chaco”, expresaron.
El silencio de la gestión de Zdero
Desde el Ministerio de Producción del Chaco, el ministro Oscar Dudik reconoció que efectivamente hubo desmontes ilegales, aunque minimizó la cifra a 8.190 hectáreas. Afirmó que «ya se identificaron los casos y se labraron las actas correspondientes», e incluso que se secuestraron algunas maquinarias. Sin embargo, admitió que “la legislación vigente es insuficiente” para frenar el problema.
Las organizaciones ambientales consideran que estas medidas son insuficientes. «Las multas no disuaden», explicó Giardini. «Cuando son bajas, los empresarios las asumen como un costo de producción; y cuando son altas, directamente las judicializan para no pagarlas».
El modelo de desmonte tiene nombres, firmas, cuentas y, sobre todo, protección. Lo que ocurre en Chaco no es resultado de la desidia, sino de una estructura planificada que une capitales concentrados, intereses locales y un entramado institucional que elige mirar hacia otro lado. La decisión de la jueza Niremperger reciente fue la de declararse incompetente en el caso, lo que fue apelado por la Fiscalía y las organizaciones ambientales.
El desmonte ilegal: una problemática que merece una intervención mayor
Greenpeace recordó que Argentina firmó compromisos internacionales como el objetivo de Deforestación Cero para 2030 en la Cumbre Climática de Glasgow. Sin embargo, “seguimos entre los 15 países con mayor deforestación del mundo”, advirtió Giardini. Por eso, organizaciones como AAdeAA exigen que la deforestación ilegal sea tipificada como delito penal, no como simple falta administrativa. «No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que burla la ley, desplaza comunidades y se sostiene con protección política», advirtieron.
La Argentina asumió ante la comunidad internacional el objetivo de deforestación cero para 2030. Pero los datos demuestran que estamos yendo en dirección opuesta, consolidando una lógica extractiva de corto plazo, que pone en riesgo el futuro de generaciones enteras.
El Chaco está en peligro. Y no solo su biodiversidad. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y el derecho de comunidades campesinas e indígenas a un territorio sano. El silencio estatal y la rendición judicial no pueden ser la respuesta.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Paro docente de 48 horas en Misiones y advertencias en Chaco por incumplimientos salariales
El Tribunal Electoral de Formosa proclamó a los convencionales constituyentes electos
