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El caso Adriana Smith: cuando la ley obliga a gestar incluso después de morir

En Georgia, Estados Unidos, una mujer con muerte cerebral fue obligada por el Estado a gestar un embarazo no deseado durante más de tres meses. La historia expone la crudeza del fundamentalismo antiabortista que avanza en el mundo. En Argentina, los derechos conquistados también están en riesgo.
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No es el “cuento de la Criada”, es la pesadilla que le tocó vivir a Adriana Smith el mismo día que dejó de vivir. Con apenas 30 años y un hijo de 5, la enfermera Smith fue diagnosticada con muerte cerebral en febrero pasado en el estado de Georgia (Estados Unidos). A pesar de estar legalmente muerta, su cuerpo fue mantenido artificialmente con vida durante más de 3 meses. No por deseo propio, ni por decisión médica, ni mucho menos por voluntad familiar si no porque la ley ordenó que la mantengan conectada cual incubadora, ya que Adriana estaba embarazada.

Fue así como un cuerpo sin vida fue forzado a sostener un embarazo no deseado, amparado en la “ley del latido del corazón”, vigente en Georgia desde 2022 tras la anulación de Roe v. Wade, que prohíbe el aborto una vez detectada actividad cardíaca fetal, algo que sucede normalmente a partir de la sexta semana. Ni siquiera en el caso extremo de una mujer con muerte cerebral, como Adriana, podrían contemplar la posibilidad de interrumpir un embarazo.

Campaña anti-aborto a favor de la “ley del latido de corazón”.

Una madre obligada a ser incubadora

Adriana llegó al hospital con fuertes dolores de cabeza, donde le dieron un par de medicamentos y la mandaron de vuelta a casa. Al día siguiente, su pareja la encontró jadeando, resulta que tenía coágulos cerebrales que fueron fulminantes. Para cuando ingresó al Hospital Universitario Emory, ya no había actividad neurológica: le declararon muerte cerebral con 12 semanas de gestación.

Desde entonces, y hasta que el feto alcanzara la viabilidad (alrededor de las 32 semanas), su cuerpo tuvo que permanecer conectado a ventiladores, tubos, drogas y cuidados intensivos. En ningún momento se consultó si Adriana (quien ya era madre) hubiera querido gestar en esas condiciones. En ningún momento se respetó el deseo de su familia, que quería que Adriana descansara en paz. Solo se defendió, a capa y espada, el «derecho» del feto a nacer.

El bebé nació el 13 de junio por cesárea (¿de qué otra manera podría hacerlo?) y fue bautizado Chance que tanto en inglés como en castellano significa “Oportunidad”. Pesó 822 gramos y permanece en cuidados intensivos. ¿Su salud? Misterio. Los medios que antes clamaban por “la vida”, ahora están callados. No hay actualizaciones oficiales, ni cifras, ni interés. El caso que había encendido debates en todo el país se esfumó en cuanto se logró el objetivo: que el feto naciera.

Los derechos reproductivos en EE.UU.

Según el Instituto Guttmacher, hay al menos 12 estados en EE.UU. donde el aborto está completamente prohibido. Otros, como Georgia, imponen límites tan tempranos (antes de las 6 semanas) que igual son prohibitivos. El fallo Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que revocó el precedente de Roe v. Wade en 2022, abrió la puerta para que los derechos reproductivos retrocedieran décadas.

En este caso (como en tantos otros) el cuerpo de una mujer se volvió campo de batalla ideológica. Las leyes que dicen defender la vida, en realidad defienden un modelo: el del feto como ciudadano pleno y la mujer como medio de reproducción. No importa que Adriana haya muerto, su cuerpo tenía que seguir siendo útil.

De Georgia a Argentina: cuando la motosierra también corta derechos

Pero a varios kilómetros de distancia, la historia de Adriana Smith también importa en Argentina, donde día a día se viven retrocesos peligrosos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Aunque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sigue vigente, el Gobierno de Javier Milei optó por un camino más solapado: desfinanciarla.

Desde que asumió La Libertad Avanza, el Estado Nacional dejó de comprar y distribuir insumos esenciales como misoprostol, mifepristona y el combipack. En febrero de 2025, el propio Ministerio de Salud confirmó que 14 provincias reportaron faltantes graves. Y si bien más del 57% de la población se opone a derogar la ley, el acceso real al aborto empieza a depender del código postal y la voluntad política local.

Ni hablar del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desmantelamiento de políticas públicas como el Plan ENIA, que se encargó de reducir a la mitad el embarazo adolescente. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva también perdió presupuesto, personal y presencia. La estrategia del Gobierno no fue enfrentar de lleno la ley IVE, sino vaciarla desde adentro.

Hoy por hoy, aún existen Socorristas en Red, Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones sostienen el acceso al aborto con información, acompañamiento y militancia territorial. Pero cada vez más, sienten que están de nuevo en un escenario pre-ley: con profesionales hostigados, objeciones de conciencia multiplicadas y un clima de silenciamiento impuesto desde la cima del poder.

Las enfermeras de Georgia honraron a Adriana Smith en su funeral, recordando por toda una vida de servicio.

¿Y ahora, dónde están?

Volvamos al caso de Adriana Smith. Chance, el bebé nacido prematuramente, permanece en una unidad de cuidados intensivos. Pesa menos de un kilo y tiene pronóstico reservado. Su familia, atravesada por el duelo, no sabe qué futuro le espera. Y el Estado de Georgia, que tanto se preocupó por que naciera, hoy no aparece para acompañar.

Los medios que titularon “Milagro de vida” desaparecieron. Las voces provida se llamaron a silencio. Ningún senador conservador fue a visitar a Chance. Ningún vocero de la vida pidió una colecta para su tratamiento. Nadie publicó una foto con el bebé en brazos. Porque una vez fuera del útero, Chance dejó de importar.

La defensa de la vida no puede ser solo una excusa para controlar cuerpos. No puede usarse como escudo para imponer proyectos religiosos, políticos o ideológicos. Y no puede, bajo ningún punto de vista, justificar la tortura de una familia que perdió a su hija y fue forzada a convertir su cuerpo muerto en una incubadora sin alma. En Argentina, sabemos bien lo que costó conquistar el derecho al aborto: fue el resultado de décadas de lucha colectiva. Hoy, ese derecho está en peligro. No porque una ley haya sido derogada, sino porque la están desangrando en silencio.

La historia de Adriana Smith nos deja una pregunta incómoda pero urgente: ¿de qué sirve traer una vida al mundo si lo hacemos a costa de la dignidad, la autonomía y hasta la muerte? Y más aún: ¿quién se hace cargo de esa vida después? Porque cuando el feto deja de ser símbolo, empieza el silencio. Y ahí, los autoproclamados defensores de la vida desaparecen.

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