Desde que asumió el Gobierno Nacional, el lema no oficial de La Libertad Avanza (LLA) es “no hay plata”, el problema es que con el correr de los meses, se mostró otra realidad por parte del oficialismo. Paseos de lujo en Dubái, selfies frente al Burj Khalifa y comidas en los restaurantes más caros del planeta son algunos de los ejemplos que han surgido este mes, pero lo más llamativo no es solo el contraste con la crisis que atraviesa el país, sino el área específica que representaban las funcionarias protagonistas de este viaje: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Congreso Nacional, en representación de la temática de discapacidad.
Las protagonistas del escándalo son Emilia Orozco, Diputada Nacional por Salta; Romina Núñez, Subdirectora Ejecutiva de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad); y Lucía Montenegro, Legisladora porteña. Las 3 integraron una comitiva de 10 personas que, con pasajes y viáticos pagos por el Estado, partieron hacia Oriente Medio para participar en un encuentro sobre accesibilidad en Israel.
Pero la guerra en la región impidió el desarrollo del evento, entendible. Lo que vino después fue más difícil de justificar: el grupo permaneció varios días en Dubái, uno de los destinos turísticos más caros del mundo, sin intentar volver de inmediato a Argentina y sin rendir cuentas claras sobre el uso de los fondos públicos ni los supuestos resultados de la misión oficial.
De defensoras a ausentes
El caso más llamativo es el de Emilia Orozco, quien hasta hace un par de años se mostraba públicamente como una gran defensora del sector de la discapacidad. En septiembre de 2023, cuando era Concejal, protagonizó un discurso en el que criticó a las autoridades sanitarias por las demoras en los pagos a prestadores y llamó a movilizarse por los derechos del sector: “Siempre dije que desde lo discursivo es fácil hacer el acompañamiento, pero invito a mis pares y a la comunidad a que nos apersonemos fuera de la Superintendencia y exijamos que este organismo funcione como corresponde”, dijo entonces.
Un año después, ahora engalanada en la bandera de La Libertad Avanza, Orozco no sólo guardó silencio ante los reclamos de prestadores y familias, sino que además votó en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La misma ley que, de haber sido aprobada, hubiese significado un alivio para los profesionales que atienden a personas con discapacidad, para los beneficiarios de pensiones y para miles de familias que hoy viven una verdadera emergencia social. La Legisladora tampoco recibió a representantes del sector en Salta, cuando se presentaron en la Casa de la Libertad.

Viaje oficial sin destino, pero con mucho lujo
El viaje que desató la polémica estaba planificado hacia Israel, donde la comitiva oficial debía participar de un evento internacional sobre accesibilidad y tecnologías aplicadas a personas con discapacidad. La partida fue el 11 de junio, pero 2 días después estalló un nuevo capítulo del conflicto entre Irán e Israel, con bombardeos que obligaron a cancelar actividades.
Pero lejos de regresar a la Argentina ante la imposibilidad de cumplir con la agenda oficial, las funcionarias permanecieron en Dubái hasta el lunes siguiente. Durante ese tiempo, fueron retratadas paseando por el Dubái Mall, en la cascada de los clavadistas y frente al lujoso Burj Khalifa. Fotos que se viralizaron de inmediato y despertaron la indignación de organizaciones sociales y ciudadanos de a pie.
Según estimaciones de medios periodísticos nacionales, solamente en pasajes, hospedaje y comidas la comitiva gastó alrededor de 70.000 dólares, financiados con el tesoro público. Cada pasaje de Emirates costó unos 2.600 dólares sin impuestos, y las noches de hotel rondaron los 300 dólares.
Se entiende porque el viaje causó indignación. Este año miles de niños con discapacidad vieron interrumpidos sus tratamientos por falta de fondos, muchos prestadores aún no cobraron por su trabajo desde principios de año, sus honorarios están congelados desde el año pasado y el Estado impide nuevas altas en pensiones bajo el argumento del “déficit cero”.
Desdén institucional
Otro de los rostros visibles del viaje fue Romina Núñez, Subdirectora Ejecutiva de ANDIS, quien al asumir en 2024 prometió transformar el organismo y denunciar las “barbaridades” heredadas. Un año después, su gestión se caracteriza por el silencio, la falta de respuestas y el destrato hacia las organizaciones que demandan mejoras concretas.
Hace poco se hizo viral un video de la agrupación Familias TEA La Plata que muestra a Núñez desestimando con tono displicente un reclamo urgente: “Las opiniones son irrelevantes, no tengo porqué darte una opinión. Lo que te puedo dar es un dato, y no tengo información”, respondió a una madre que exigía explicaciones sobre el congelamiento de los aranceles en las prestaciones.
No hay plata, no hay datos, pero mientras muchas instituciones están al borde del cierre, sin poder pagar aguinaldos ni sostener terapias, la segunda autoridad de la ANDIS pasea por el Golfo Pérsico con fondos públicos, sin brindar informes de gestión y sin mostrar avances reales.

Cinismo con filtro de Instagram
La tercera integrante del trío, Lucía Montenegro, intentó maquillar el escándalo con una estrategia de marketing humanitario. Apenas regresó al país, publicó en Instagram una serie de fotos repartiendo empanadas a personas en situación de calle. En el posteo aclaró que todo fue costeado “con dinero de su bolsillo” y aprovechó para comunicar que, desde Dubái, había presentado un proyecto de declaración en la Legislatura porteña. La intención fue obviamente querer mostrar compromiso social después de una semana de silencio y lujos.
Pero la gente no come vidrio y la movida fue criticada por numerosas organizaciones que consideraron que el verdadero rol de una legisladora no es ofrecer caridad aislada, sino legislar para garantizar políticas públicas permanentes. “No alcanza con empanadas una vez al año. Necesitamos leyes, recursos y funcionarios presentes, no influencers del poder”, escribió en redes la Fundación Hablemos de Autismo.
A todo esto, el Gobierno Nacional analiza dar de baja 270.000 pensiones por discapacidad, con la excusa de que «no hay plata». Por otro lado, quienes se unieron a la marcha contra los ajustes en discapacidad dieron un doloroso testimonio: “Esto le puede pasar a cualquiera. La discapacidad no elige. Hay una ley que nos respalda, pero no se está cumpliendo. Yo puedo decidir destinar todo lo que gano a las terapias de mi hijo, pero hay familias que no tienen esa opción. Es comer o pagar una terapia. Y eso no puede seguir pasando”.
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