En Villa Domínico, Buenos Aires, un policía mató a golpes a su pareja y después se suicidó delante de su hija de 5 años. El horror del caso reavivó un tema incómodo que como sociedad se debe discutir: los femicidios de las fuerzas de seguridad. La escalada de violencia de este caso no es aislado, solamente es el más reciente y es parte de una problemática estructural.
Un patrón que se repite
Según un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, 19 eran funcionarias de seguridad. Dos cosas que agravan estas situaciones son la tenencia de armas reglamentarias y el encubrimiento institucional, que hace que las víctimas tengan menos posibilidades de hacer una denuncia o de recibir protección efectiva.
En el caso del femicida de Villa Dominico, el oficial Matías Rodríguez, tenía antecedentes de violencia doméstica. Vecinos y familiares habían alertado sobre episodios previos, pero las denuncias nunca avanzaron. «Ella tenía miedo, pero sabía que no iba a encontrar ayuda en la comisaría», contó una amiga cercana a la víctima.
La impunidad y el encubrimiento
Lo más grave de estos casos es la impunidad, ya que muchas veces, las denuncias no prosperan o quedan archivadas. En los casos más extremos, la víctima termina asesinada. Según la socióloga Mariana Figueroa, especialista en violencia institucional, “cuando el agresor es un policía, la víctima enfrenta una doble barrera: no solo la violencia de género, sino también la protección que el sistema brinda a sus integrantes».
La realidad es que pese a las capacitaciones obligatorias como las contempladas en la Ley Micaela, el machismo sigue siendo predominante en las en las instituciones, y las sanciones contra los agresores rara vez se aplican con rigurosidad. Los protocolos de actuación frente a denuncias de violencia de género en las fuerzas de seguridad también son insuficientes
Antecedentes y casos similares
Pero el caso de Villa Domínico es tan sólo el más reciente de varios. En los últimos años, varios femicidios fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad. Uno de los más recordados es el de Úrsula Bahillo en 2021, asesinada por su exnovio, el policía Matías Martínez. Úrsula tenía 18 años cuando fue víctima de femicidio y tanto ella como su mamá habían realizado varias denuncias en la Comisaría de la Mujer. El femicida fue condenado a cadena perpetua.
Otro caso emblemático es el de Gisel Varela en Mar del Plata, asesinada en 2019 por su expareja, un integrante de la policía bonaerense, con su arma reglamentaria. En la provincia de Córdoba, en 2023, la oficial Carolina Figueroa fue víctima de femicidio a manos de su pareja, también miembro de la fuerza.
Datos de la Corte Suprema de Justicia
Según un informe de la Corte Suprema de Justicia, al menos el 19% (68) de los sujetos activos de femicidios directos cometidos con armas de fuego pertenecía a alguna fuerza de seguridad: 38 entre 2017 a 2019 (35 sin especificar y 3 eran seguridad privada); y luego, 30 entre 2020 y 2022 (al menos 21 pertenecían a la respectiva policía provincial, 3 a las Fuerzas Armadas, 4 a las fuerzas federales, 1 a una fuerza sin especificar y 1 trabajaba como seguridad privada).
Casi 2 de cada 10 sujetos activos de femicidios directos cometidos con armas de fuego eran integrantes de fuerzas de seguridad entre 2017 y 2022. De los 21 que se sabe pertenecían a la policía provincial, al menos 6 eran de la policía de la provincia de Buenos Aires, 3 de la de la provincia de Córdoba, 2 de la de Santa Fe, otros 2 de la de Mendoza y, luego, se constataron al menos 1 de cada una de las siguientes jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero.
Más datos sobre femicidios de las fuerzas de seguridad
Entre estos datos destaca que en la provincia de Mendoza 1 de cada 3 (33%) sujetos activos de femicidios directos con armas de fuego pertenecían a las fuerzas de seguridad, proporción que baja levemente a 29% (4 de 14) para Chaco y a 28% (9 de 32) en el caso de Córdoba; luego, a 17% (2 de 12) para Santiago del Estero y a 16% (22 de 141) para la provincia de Buenos Aires. Del otro extremo, en la provincia de Santa Fe ese porcentaje es del 8% (4 de 52), en Misiones del 7% (1 de 15) y en Tucumán ninguno de los 18 casos cometidos con armas de fuego fue asignado a un integrante de alguna fuerza de seguridad (entre las provincias que tienen más de 10 sujetos activos).
Si bien con pocos casos totales, cabe advertir la alta proporción de uniformados que cometieron femicidios con armas de fuego en las provincias de Tierra del Fuego (1 de 1), Santa Cruz (1 de 1), La Rioja (2 de 3), La Pampa (2 de 3), San Juan (2 de 4) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4 de 8). Lo anterior da cuenta de que en algunas provincias puede haber una gran cantidad de femicidios cometidos con armas de fuego, pero con baja proporción de sujetos activos uniformados como el caso de Santa Fe.
Además, el informe destacó que en un 75% de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, lo que pone en evidencia la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Armas reglamentarias
Según el UNLIREC el riesgo de femicidio es mayor cuando las parejas forman parte de las fuerzas de seguridad o de empresas de seguridad privada quienes llevan las armas a los hogares. Ellos mismos destacan que: “la presencia de un arma en el hogar supone también una amenaza latente y el instrumento con el que se ejecuta la violencia sexual, y disminuye tanto las posibilidades de escapar de la víctima como el que otra persona le pueda prestar ayuda.”
Es más, en otro informe, esta vez de Amnistía Internacional, en más del 80% de los femicidios cometidos por policías, el arma utilizada era la provista por el Estado. En algunos países, como España, se implementaron protocolos para retirar las armas a agentes denunciados por violencia de género.
En Argentina, aunque la ley contempla esta posibilidad, en la práctica se aplica de manera excepcional. “Hay una resistencia interna a desarmar a los policías, como si fuera un derecho inalienable, cuando en realidad es un privilegio que debería ser revocado ante la menor sospecha de violencia”, señala la abogada feminista Laura Benítez.
¿Qué se puede hacer con los femicidios en las fuerzas de seguridad?
Expertas en género y violencia institucional insisten en la necesidad de reformar los protocolos de acción en las fuerzas de seguridad. Algunas de las propuestas incluyen:
- Retiro inmediato del arma reglamentaria a cualquier efectivo denunciado por violencia de género.
- Mayor control y seguimiento de agentes con antecedentes de violencia.
- Creación de unidades especializadas en violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.
- Acompañamiento psicológico y supervisión estricta para oficiales con denuncias.
Sin medidas concretas, estos crímenes seguirán ocurriendo. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan pidiendo justicia y desconfiando de poder hacer denuncias que sean efectivas. Cada marcha, cada denuncia y cada voz que se alza es un recordatorio de que la lucha por la justicia y por la erradicación de la violencia de género es un largo camino que recién empieza.
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