“Nos están entregando de pies y manos” y están haciendo que “nuestros recursos naturales y nuestras riquezas sean expropiados por el capital financiero internacional” para hacer frente a las “peores aventuras bélicas que atraviesa, en este momento, la sociedad toda”, es la dura advertencia del sector más calificado en materia de legislación nacional e internacional sobre la cesión del control de la Hidrovía Paraná-Paraguay a las fuerzas militares estadounidenses.
Para no reducir este mero reclamo a una simple “paranoia” volvamos a los primeros días de marzo de este año. La gestión de Javier Milei, con sólo tres meses en el poder, firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, por el cual se aprobó la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en las tareas de mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En este acuerdo estuvo presente el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y también participó el interventor de la agencia argentina gestora de la hidrovía y la Administración General de Puertos (AGP), Gastón Benvenuto, junto al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto.
Aunque, entonces, ambas gestiones resaltaron la “importancia de garantizar la eficiencia y transparencia en las operaciones portuarias en medio de un escenario global marcado por el cambio climático y la necesidad de combatir actividades ilegales en las vías navegables”, la decisión se condijo con la que tomaría, casi, un mes después la gestión libertaria.
Un mes después de la firma del memorando sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, Milei viajó durante la medianoche a Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson en un una base naval local y anunció la construcción de una base naval conjunta en la zona.
“Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, expuso Milei, sin dar mucha más información.
No es menor que el Presidente haya asegurado, en dicha ocasión (claro que sin mencionar alguna fuente de información), que “Occidente corre riesgo” y haya afirmado que los argentinos tienen “una afinidad natural” con Estados Unidos.
A esto, sumó que “muchos gobiernos de la Argentina se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella”. “No han hecho nada por defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del ingreso del narcotráfico. No han hecho nada por investigar el terrorismo islámico que lamentablemente hemos sufrido. Y no han hecho nada por defender la integridad territorial de nuestro Mar Argentino, que año tras año ha sido invadido por pesqueros ilegales y drenando sus recursos ictícolas”, como fundamento para avanzar en la concreción de la construcción de un puerto que, más que la Argentina, lo manejen los Estados Unidos.
En diálogo con NEA HOY, uno de los opositores al acuerdo, el abogado constitucionalista, Eduardo Salvador Barcesat, reclamó que el acuerdo no se haya presentado ante el Congreso de la Nación, que es el órgano que debe aprobar o descartar un tratado con países extranjeros y organismos internacionales.
“Realizamos una acción declarativa de inconstitucionalidad, ya que los aspectos de lo que llamamos ‘control de legalidad’, ‘ órgano competente’ y ‘procedimiento adecuado’ ha sido violado por la gestión de Gobierno, en complicidad con quienes han firmado, del otro lado, este memorándum de entendimiento”, mencionó el especialista.
Asimismo, criticó a las autoridades del Congreso de la Nación: “Debo señalar, críticamente que el Congreso no lo ha pedido”, en relación a que el tema pase por su aprobación.
El constitucionalista no consideró ambos hechos como aislados, sino que, concluyó en que se trata de “una forma de renunciar a la política sobre la soberanía en las Islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur, que está establecida por la cláusula transitoria primera de la Constitución nacional que establece el carácter inalienable e imprescriptible de la reclamación argentina sobre los territorios”.
Más que “preservar la seguridad”: ¿Qué otros alcances tendría el “acuerdo” con EE.UU?
“Instalar una base militar estadounidense, que es una fuerza militar protagonista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, para Barcesat, es “tirar por la borda” “todo el conjunto normativo del Derecho internacional y, lo que es más importante, de soberanía territorial argentina”.
Asimismo, sostuvo que los militares estadounidenses “tienen en la otra vereda, es decir, en las Islas Malvinas, otra base militar -a nombre del Reino Unido- que es pública y notoria y que, inclusive, está haciendo ensayos de armas nucleares de baja intensidad, por lo que está quebrantando el Tratado sobre el Atlántico Sur”.
Todo esto, según el constitucionalista, hace juego a la “apropiación de la hidrovía Paraná-Paraguay, dado que va a controlar el nacimiento de la exportación de recursos alimentarios que se transportan por allí para impedir que los puertos argentinos sean el canal natural para la salida de estos productos”.
Es decir, todo el proceso productivo interno, así como la salida al exterior, así como la materia prima y los productos con valor agregado, que se envíen a países europeos y asiáticos, deberán pasar por el control estadounidense, en medio de un clima geopolítico profundamente conmocionado.
“Creo que este Gobierno nos está entregando estados de pies y manos a que nuestras riquezas y recursos naturales sean apropiados por el capital financiero internacional para las peores aventuras bélicas que atraviesa, en este aumento, la sociedad toda”
Para Barcesat, esta alianza estratégica de Milei y los poderes corporativos de Estados Unidos significa también un “despojo de todo aquello que no es renovable”. En particular, de “minerales estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico y que, desgraciadamente también se emplea en la industria armamentista”, como son “el litio, el sílice y otros que tienen son de una enorme riqueza en territorio argentino”.
Vale recordar, con las palabras del abogado, que un acuerdo de similares características inconstitucionales, se produjo durante la gestión de Macri, cuando el Ministro de Economía, Luis Caputo, acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso de más de 50 mil millones de dólares; sin pedir la aprobación del Congreso de la Nación.
“Ahora se trata de nuestros recursos naturales, nuestras riquezas y nuestra soberanía territorial, y, específicamente, de la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y sobre el sector Antártico Argentino”, aseveró.
¿Qué impacto tendría en la región que EE.UU. controle la hidrovía Paraná-Paraguay?
De prosperar el acuerdo y consolidarse, en el marco en el que se realizó, Barcesat sostuvo que el dominio estadounidense sobre el canal de la hidrovía y los puertos provinciales podría sostenerse por más de 100 años.
Además, se debe tener en cuenta que el acuerdo es estratégico ya que otros canales artificiales como el de Managua y Panamá se encuentran en severas crisis debido al cambio climático.
Esto le devuelve a la hidrovía “la importancia económica que tuvo otrora y que tiene ahora”, y que “este gobierno parece no advertir, o que, habiendo advertido, prefiere favorecer los intereses foráneos y no de los productores locales”.
Para Barcestar, el retroceso de esta decisión entre Milei y los Estados Unidos, además encontrarse por la vía institucional, mediante los pedidos de declaración de inconstitucionalidad, se deben encontrar en el ámbito social, donde exista un amplio grado de movilización popular para exigir la permanencia del Estado de Derecho que consiste, ante todo, en la división de poderes y donde el Ejecutivo no puede usurpar la potestad de los otros dos.
“Creo que es esencial, para preservar esta Nación, porque no tengo ninguna duda de que la finalidad de esta gestión de Gobierno es destruir el Estado-Nación para que todo sea manejado, decidido y resuelto por los CEOs de las compañías transnacionales, encabezados por los Fondos Buitres, que son los que manejan el capital financiero internacional”, finalizó el constitucionalista.
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