Colonia Isolina es un pequeño poblado que se encuentra casi al límite de Alberdi, a 25 kilómetros de San Ignacio. Se trata de 340 hectáreas donde actualmente viven 40 familias de pequeños productores que trabajan la tierra y venden sus productos a través de una cooperativa.
Hoy, estas familias están en peligro de perder sus hogares y fuentes de trabajo por una demanda de desalojo. Desde NEA HOY dialogamos con Avelino Ferreyra, uno de los productores de Colonia Isolina, para indagar sobre las razones del conflicto y cómo afecta a las familias y la comunidad.
@joseluiscachorrof NO AL DESALOJO EN COLONIA ISOLINA Decenas de familias que viven y trabajan la tierra hace décadas sufren la incertidumbre de ser desalojadas. #noaldesalojo #reformaagraria #latierraesdequienlatrabaja #ttt #techotierraytrabajo ♬ sonido original – José Luis Fuentes -Cachorro
¿Quién regula la tierra?
En el Lote 12 de San Ignacio hoy viven cerca de 40 familias. Muchas de ellas ya se encontraban allí en la década de los 60, cuando la empresa Uracay S.A. adquirió la propiedad de las tierras para realizar explotaciones forestales.
La presencia de la empresa hizo que más familias se mudaran a la zona, y se realizó el loteo del territorio. Cuando la empresa va a quiebra en 1988, el lote 12 es adquirido por el ingeniero Foti, quien pagó la suma de 17.000 australes.
El ingeniero realizó la compra sabiendo que en el lote vivían estas familias. Había trabajado en Uruguay S.A. y Conocía la comunidad y los habitantes del lote. En la escritura, incluso, se especifica que el lote contaba con la presencia de “intrusos”, así se les llamó en la subasta a las familias que llevaban viviendo en el lote desde hacía 28 años.
“Esto no es una toma, acá nadie usurpó esas tierras”, reclama Ferreyra, “pasó lo mismo que en prácticamente todo Misiones, que vienen unos propietarios con un poco de plata y puede regularizar las tierras que la gente humilde que vive ahí no puede regularizar porque lo que generan en la chacra apenas da para vivir”.
Sin la presencia de la empresa, las familias crecieron trabajando la tierra, se dedicaron a la agricultura y hasta gestionaron para que en el lote se abra una escuela en la que puedan aprender sus hijos, una salita y una parroquia.
“Hoy somos unas 40 familias, todos dedicados a las plantaciones anuales de la chacra”, explica Ferreyra, “hoy tenemos una cooperativa formada y estamos enviando semanalmente la mercadería al Mercado Central, como banana, palta, mandioca, poroto”.
Durante todo este tiempo, el titular no realizó ningún acto de posesión de la tierra. Recién en el 2015, 27 años después, realizó una demanda de desalojo contra las familias productoras.
Malos antecedentes
Los antecedentes de este tipo de demandas por la zona no son muy favorables para las familias. Después de todo, el lote 12 no es el único subastado después del quiebre de la empresa en 1988. Varios lotes fueron tasados y vendidos con las familias adentro, y Abelino recuerda particularmente el caso del lote 14, lindante con el de ellos, cuyo titular realizó la demanda de desalojo allá por el 2010.
La demanda tuvo curso, y las familias del lote 14 debieron perder sus tierras para que el titular pueda vendérselas a la empresa PetroValle S.A., propiedad de la familia ex gobernador Maurice Closs. Hoy, esta empresa tiene un complejo ganadero en el Lote, mientras que las familias en su mayoría terminaron viviendo en los barrios más pobres de Corpus, Roca y San Ignacio.
Entre las familias del Lote 12 se especula que en su caso pasará lo mismo, que el titular apuró la demanda para poder vender estas tierras a PetroValle para así ampliar sus hectáreas dedicadas a la ganadería. Si esto pasa, el ingeniero Foti logrará transformar esos 17.000 australes en una fortuna y las 40 familias productoras perderán la fuente de trabajo que con esfuerzo construyeron a lo largo de los años.
“Somos todos gente humilde de la chacra, vivimos de lo que producimos y no disponemos de un segundo lugar donde producir si nos corren de acá”, explicó Ferreyra, “no tenemos otra alternativa, y si nos desalojan vamos a terminar en la calle”.
Sentencia no favorable
Tras otra demanda en el 2019 el municipio intentó convocar a una audiencia de conciliación para poder llegar a un acuerdo y que las familias no pierdan su hogar. Sin intenciones de abrirse al diálogo ni querer negociar, el titular no acudió a la audiencia, lo que llevó el conflicto a la etapa probatoria.
Se supone que en ésta etapa, los vecinos podrían probar su presencia a través de testigos y proveedores, sin embargo en los años siguientes el conflicto fue escalando en perjuicio de las familias productoras.
En el 2022, el Juzgado Civil y Comercial 4 de Posadas, a cargo de la jueza Nélida S. de Méndez dio la orden de desalojo a un grupo de familias del lote, la que después de ejecutada debió retroceder gracias a la intervención de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el diputado del bloque parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno; la concejal de Corpus, Nidia Pintos (TTT).
Hace unas semanas, las familias productoras recibieron la peor noticia, que la justicia emitió un fallo en primera instancia a favor del titular.
“Hoy tenemos un juicio no favorable, porque el juez falló a favor de este señor que regularizó la tenencia”, explicó Ferreyra, “y bueno, hoy estamos en la lucha esperando que el gobierno haga algo, porque no estamos hablando de una familia, hay 40 familias y más de 100 chicos habitando, yendo a la escuela, y que se van a quedar en la calle”.
Al ser la primera instancia, las familias tienen la posibilidad de apelar la sentencia. De considerarse la apelación, se dará marcha atrás con la sentencia, mientras que si no se considera, se dará sentencia firme y se deberá ejecutar el desalojo.
La esperanza de las familias es que, en los meses que llevará a la justicia analizar el caso, la provincia resuelva la situación. Después de todo, la mayoría se encuentra inscriptas en el registro del IPRODHa, por lo que deberían estar amparados en la Ley XII Nº 28, actual XII Nº 37 que suspende “hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho (8) años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean estos fiscales o privados”.
“Nos consideramos legítimos dueños de la tierra, por los tiempos que vivimos acá y porque los productores no somos vacas, no puede alguien comprar la tierra en la que estamos viviendo y ser dueño de todo lo que está arriba de la tierra o decidir desalojar cuando quiere” aclara Ferreyra, “por eso creo que el gobierno debería mirar lo que está pasando y tomar medidas”.
Existe además un proyecto de expropiación que aún no se trató en la Cámara de Diputados. De aprobarse, significaría que el estado compre al titular las tierras por un monto bastante inferior al que presuntamente podría conseguir de un privado, pero mucho mayor al que lo compró en primer lugar. Esto sería una solución favorable para las familias, ya que les permitiría acordar con el estado la compra y regularización de las tierras en las que llevan viviendo hace décadas.
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