El Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, tildó a la resolución que ordena retrotraer precios a las empresas prepagas de contradictoria, dado que el DNU N° 70/ 2023 del Gobierno Nacional desreguló el sector y liberó los precios y advirtió ciertos puntos confusos.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se informó que el Gobierno Nacional ordenó reajustar los valores de las cuotas de los planes de salud según la inflación. En medio de la crisis económica y los cuestionamientos por los aumentos de las prepagas, las empresas deberán retrotraer las cuotas a los montos de diciembre de 2023 y recalcular su valor ajustándolo por inflación (IPC).
Las empresas alcanzadas son: Osde, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint.
En este contexto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló: “Continuaremos con la recepción de reclamos de los afiliados, pero el Juzgado Federal Nº 2 de Concepción del Uruguay a cargo de la Dra. María Isabel Caccioppoli, desde el día de ayer, no acepta más Adherentes a la Acción Colectiva caratulada: MORSENTTI, FERNANDO ISMAEL Y OTROS c/OSDE s/AMPARO COLECTIVO Expte. 1461/2024, lo cual permitió que en nuestra jurisdicción se hiciera lugar a través del Juzgado Federal Nº 2 a cargo de la Dra. López Mace, a una Acción de Amparo, en base a la Acordada Nº 12/16 de la CSJN, al presentarse semejanzas sustanciales en el reclamo y remitiéndose el mismo a la Justicia de Entre Ríos”.
El funcionario provincial, criticó duramente la Medida Cautelar Selectiva dictada desde el Gobierno Nacional, pues la misma se dirige únicamente a ciertas entidades de Medicina Prepaga denunciadas, lo que genera desigualdad entre los usuarios de estas entidades y los de otras no incluidas en la misma.
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Por otro lado, señaló que la Limitación de Aumento de Cuotas establece un límite al aumento de las cuotas mensuales de los planes de salud de las entidades denunciadas, calculado en función de la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente y el IPC de diciembre de 2023, siendo que los incrementos fueron por encima de un 150% y ahora las mismas deberán bajar las cuotas en un 20 o 25%, expulsando a los usuarios discapacitados, adultos mayores, enfermos crónicos o aquellos que necesitan estudios complejos.
Añadió que la medida no incluye la devolución de pagos realizados por los afiliados entre diciembre de 2023 y abril de 2024, lo que genera insatisfacción entre los afiliados, lo que se suma a la confusión por la falta de claridad en la aplicación de la fórmula para calcular las cuotas mensuales, que dificultará el contralor necesario por parte de los usuarios.
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