El presidente de El Salvador Nayib Bukele celebró un nuevo triunfo electoral éste fin de semana y, durante su conferencia de prensa, la periodista Julieta Nassau le preguntó sobre la posibilidad de copiar el modelo salvadoreño en Argentina.
Sobre esto, Bukele aseguró que le han ofrecido a la ministra de seguridad Patricia Bullrich colaboración en todo lo que se refiere a la seguridad y el combate del narcotráfico, no sin antes aclarar que “hay diferencias entre los problemas de Argentina y los de El Salvador”.
“Existe, pero no es tan apremiante como lo era en El Salvador. Por ende, las medidas que pueden ser compartidas por parte de nosotros de repente no tienen que ser tan drásticas”, continuó el Presidente de El Salvador, “como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento debe ser más pequeño también”.
Nayib Bukele es celebrado por muchos por haber disminuido drásticamente la tasa de homicidios y delincuencia durante su presidencia en El Salvador, aplicando una política de caza y captura a miembros de las maras. Sus métodos, sin embargo, son muy criticados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a las que él no solamente hizo caso omiso sino que las criticó públicamente en reiteradas ocasiones.
Por ello, en Argentina Bukele es visto como un referente para los sectores de derecha que defienden la aplicación de mano dura, tanto para delincuentes como para manifestantes. Gran parte de estos sectores son los que apoyan al presidente Javier Milei y particularmente a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de quien esperan aplique la misma política que Nayib.
Sin embargo, la política que está aplicando la Ministra, tanto en sus intervenciones en el congreso como en el capítulo de seguridad de la Ley Ómnibus que se votó en el congreso este fin de semana, distan mucho de las políticas que aplicó Bukele en su país.
En cambio, sí cuenta con muchas similitudes a las aplicadas por otro gobernante que, a diferencia del salvadoreño, es criticado y reprobado por los sectores de derecha que elogian a Bukele. Se trata del presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
El dilema Ortega
El Presidente de Nicaragua Daniel Ortega comparte con Patricia Bullrich un pasado de militancia de izquierda. Ortega, inclusive, fue guerrillero dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, antes de que este se transforme en el partido político que, después de muchos intentos, lo terminó llevando a la presidencia del país.
Sin embargo, así como Bullrich, apenas ostentó un cargo político aplicó políticas muy ajenas y antepuestas a las ideas por las que alguna vez militó, siendo hoy criticado por gran parte de los gobernadores de izquierda en Latinoamérica y llamado traidor por muchos ex guerrilleros.
Entre sus críticas más fuertes está la de realizar una persecución ideológica, deteniendo y extraditando tanto a referentes de la oposición como a ONGs críticas a su gobierno con el objetivo de permanecer en el poder.
El fundamento detrás de esta persecución se encuentra en la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia”, donde se acusa de “traidor a la patria” a toda persona que “alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, entre otras cosas.
Esta norma es utilizada como pretexto para acusar de “traidores de la patria” a, por ejemplo, referentes de la oposición que twittean en contra del gobierno, ONGs que reciben dinero del exterior que se manifiesten en contra de las políticas de Ortega. Esto implica que estas personas quedan inhabilitadas para ejercer cargos públicos y, desde éste año, pueden ser extraditados y sus bienes confiscados.
El Monitoreo Azul y Blanco, que está avalado por la comisión Interamericana de Derechos Humanos, detectó más de 500 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos desde enero a junio del año pasado, en las vísperas de las elecciones generales de Nicaragua, que incluyeron detención de opositores y persecución a iglesias y ONGs críticas al gobierno.
Entre Bukele y Ortega
El Presidente de El Salvador aplicó una política de mano dura dirigida específicamente a capturar a los integrantes de las maras, las pandillas que controlan gran parte del narcotráfico y la violencia en el país.
Un equivalente en Argentina sería diseñar políticas que combatan a bandas delictivas que en el país controlan el narcotráfico y generan gran parte de los hechos de violencia, como “Los Monos” o el “Primer Comando de Frontera”.
🧯LOS EXCESOS EN LA REPRESIÓN DE BULLRICH
Cada tubo de gas pimienta lesivo cuesta $200 mil pesos. Son utilizados por fuerzas federales para reprimir el derecho constitucional a manifestarse y a la información. pic.twitter.com/yjwNsMGADA— Claudia Robles (@Clorobles2) February 5, 2024
Lejos de hacer esto, la Ministra Patricia Bullrich viene aplicando mano dura con el solo objetivo de reprimir manifestaciones como la del 19 de diciembre y la del fin de semana frente al congreso, sin avanzar en políticas de combate al narcotráfico ni la inseguridad.
Además de los enfrentamientos entre los manifestantes con la policía, que terminó además con 20 reporteros heridos con balas de goma, las organizaciones sociales han manifestado que el intento del gobierno nacional de “cobrarles” por los operativos de seguridad (según lo establece el DNU vigente desde diciembre) es una violación a la libertad de expresión y de protesta.
🔴Sigue la represión en el Congreso: La policía golpea a los manifestantes
📹A24 pic.twitter.com/s37LYXIZEe
— El Destape (@eldestapeweb) February 2, 2024
Organizaciones además denunciaron que, durante las jornadas de protestas, las fuerzas de seguridad paraban a los colectivos en la frontera entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para bajar o identificar a posibles manifestantes, evitando que accedan al lugar de la protesta.
Esto, sumado a amenazas de que beneficiarios de asignaciones y planes sociales dejarían de cobrarlos si participaran de la protestas, podrían asemejarse a los métodos que utiliza Nayib Bukele si se utilizaran para identificar narcotraficantes. Utilizados de esta manera para limitar y perseguir organizaciones sociales, se asemeja más a los métodos utilizados por Daniel Ortega para perseguir opositores.
Por último, está el capítulo de la Ley Ómnibus referido a la seguridad, que fue muy criticado tanto por referentes nacionales como por organismos internacionales. Entre ellos, se encuentra el artículo que define a una “manifestación” como una reunión de 3 o más personas, artículo que luego se eliminó.
Más de 20 trabajadores de prensa resultaron heridos por balas de goma durante la represión en las afueras del Congreso.
Hablamos con el fotógrafo Rodrigo Abd: “Sabía que era una cobertura de conflicto urbano”. “Ese spray que tiraban quemaba la piel”.@odonnellmaria📻 pic.twitter.com/SKMXiBPYvW
— De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) February 5, 2024
Lo que permanece es el artículo que reprime con 2 a 5 años de cárcel a quienes “organicen o coordinen una manifestación”, si la misma no sigue una serie de reglas y prohibiciones establecidas en la Ley.
Otro artículo que se eliminó después de muchas críticas era el que brindaba igual responsabilidad a quien promovía la movilización por medios o redes sociales, ya que ésto podría ser utilizado para perseguir a cualquiera que desde sus redes sociales difunda información sobre la manifestación en cuestión, de la misma manera que se hizo en Nicaragua.
Así, mientras que la mayoría de sus seguidores esperan que la Patricia Bullrich imite las políticas de Bukele en Argentina, hasta ahora la ministra de seguridad parece más dispuesta a ejecutar una política a la Ortega.
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