El Concejo Deliberante dio luz verde este miércoles 31 a la propuesta del Ejecutivo municipal para aplicar un significativo incremento del boleto de colectivos en Corrientes.
La ordenanza fue sancionada durante una sesión llevada a cabo en horas de la siesta en el recinto parlamentario municipal.
Según lo establecido en la norma, a partir del 1 de febrero, la tarifa se fijará en 590 pesos, aumentando posteriormente a 690 pesos a partir del 1 de marzo.
Adicionalmente, la legislación municipal contempla una elevación significativa en el costo del servicio desde el Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro, ubicado en el kilómetro 7 de la Ruta Nacional 12, hasta el Barrio Centro y el Barrio La Rosada. Esta modificación implica el equivalente a seis tarifas planas.
Los aumentos tendrán impacto directo en la movilidad urbana de la ciudad a partir de mañana, jueves, se anticipó.
La aprobación, acordada por los ediles el día anterior a que sea efectivo el nuevo cuadro tarifario, sospechosamente, dirige un guiño al sector empresario, reduciendo a casi cero la reacción de la Justicia, que podría invalidarlo en caso de que sea presentado un planteo judicial de amparo en su contra.
Quejas frente al Concejo Deliberante por la suba del boleto
La polémica decisión adoptada por el Concejo este miércoles recogió, casi de inmediato, una ola de quejas de los usuarios.
Ciudadanos convocados en las puertas del órgano deliberante subrayaban que se trata de una “decisión trascendental” en contra de los correntinos.
Otros, absortos por la decisión municipal y la propuesta que la impulsó hasta el recinto parlamentario, la calificaban como un “hito en contra de los correntinos en la política tarifaria” de la ciudad.
La aprobación o el rechazo a la ordenanza que regula el incremento en las tarifas del transporte público había generado expectativas y reacciones en torno a un posible cambio de dirección en la política municipal.
Aunque declaraciones previas vertidas desde el Departamento Ejecutivo, que calificaban al servicio como “subsidiodependiente”, anticipaban que nada dentro del Gabinete municipal haría por conciliar posiciones para revertir el impacto del incremento en el bolsillo de los usuarios en los meses previos al inicio de clases.
Nuevo régimen “para una elite”
A partir de esta semana, desde el 1 de febrero, la tarifa del transporte urbano que se establecerá en 590 pesos representa un cambio sustancial en comparación con las tarifas anteriores, marcando el inicio de una política para “ciudadanos elite”, criticaron usuarios del servicio este miércoles frente al Concejo.
“El municipio se sube a una escalada tarifaria y no se detiene ahí, ajustando el ingreso de los ciudadanos para pagar su ineficiencia en la gestión de los costos en los servicios que prometió sostener a la ciudadanía”, expresaban.
Más allá de la suba en la tarifa del servicio ordinario en el transporte público, la legislación municipal también contempla una notable elevación en el costo de una línea que circula desde el Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro hasta el Barrio Centro y el Barrio La Rosada.
Esta modificación específica implica el equivalente a seis tarifas planas, lo cual promete generar interrogantes y preocupaciones en amplios sectores de la sociedad que dependen de este medio de transporte para sus desplazamientos diarios.
La aprobación de este aumento tarifario desencadenó un intenso debate entre los ciudadanos, quienes expresan sus opiniones a favor y en contra, evidenciando la sensibilidad del tema y su impacto en la economía local.
Referentes barriales en plena sesión advirtieron a los concejales que adherir a estas medidas excluye a grandes segmentos de ciudadanos de la propia dinámica diaria de la ciudad y expone una comunicación deficiente entre las mismas autoridades municipales para explicar las razones detrás de estas decisiones.
“El nuevo valor definido del boleto fue menor a las cifras planteadas por el sector empresario.
La crisis del transporte público que se vive en el país, en un grave contexto de devaluación monetaria e inflación, los incrementos salariales y el reparto fuertemente asimétrico de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, además del congelamiento de esa asistencia, dieron pie a las empresas a solicitar la actualización”, argumentó, en contraste, el órgano deliberante municipal.
Fuente: El Libertador.
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