Hace algunos días, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia sobre el peligro de incendios en gran parte del territorio de la provincia de Corrientes, destacando la presencia de condiciones ambientales propicias para el rápido desarrollo de focos ígneos.
Según el índice de peligro de incendios elaborado por el SMN, la mayor parte de la superficie provincial se encuentra en niveles preocupantes de riesgo. “La combinación de vegetación seca y las altas temperaturas genera una situación crítica, lo que aumenta la dificultad para contener y extinguir incendios en caso de que sucedan”.
Las advertencias retrotraen a una gran parte de la población a los episodios vividos en años anteriores en los que el manejo de los incendios se hizo casi imposible y la provincia no los habría podido afrontar si no fuera con las ayudas del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, del influencer Santiago Maratea y la ayuda de provincias cercanas, como así también de la Embajada estadounidense.
Sucede que Corrientes es la provincia con mayor superficie forestada del país, sin embargo, como quedó demostrado, no cuenta con un sistema consolidado de brigadas forestales y cuarteles de bomberos que puedan hacer frente a una emergencia como la que azotó la provincia en los años pasados.
A esto se suma un nuevo componente como ser la falta de una herramienta legal clave: la Ley del Manejo del Fuego, que fue derogada por el Presidente Javier Milei en su DNU publicado el 21 de diciembre. Esta norma establecía presupuestos mínimos para la protección del ambiente ante la propagación de incendios forestales y rurales.
Tal como señaló NEA HOY hace algunos días, la Ley del Manejo del Fuego fue crucial no sólo para combatir los incendios que se dieron los últimos años en la Patagonia, la provincia de Córdoba o los incendios del 2022 en la provincia de Corrientes, sino que además dio un marco legal para el manejo y protección del medio ambiente posterior al combate del fuego.
De este modo, en caso de producirse una emergencia ígnea, como la que atravesó Corrientes en los años anteriores, la situación de los pobladores de Corrientes quedaría en en manos de la “buena voluntad” del Gobierno nacional de Javier Milei, que, dicho sea de paso, antes de terminar el 2023, demostró la poca iniciativa para asistir con recursos económicos a los vecinos de Bahía Blanca que fueron afectados por un duro temporal.
¿La provincia de Corrientes está preparada para afrontar una nueva catástrofe generada por los incendios?
Desde las asociaciones de Bomberos Voluntarios ponen en duda que la provincia pueda afrontar situaciones como la de los años anteriores, por su propia cuenta.
En diálogo con NEA HOY, referentes de asociaciones del interior provincial indicaron que el aporte de la provincia a los cuarteles de bomberos voluntarios es mínimo y explicaron que, actualmente, cuentan con camionetas adquiridas por el Gobierno provincial para el ataque contra el fuego, pero la asignación y utilización de estos vehículos se encuentra marcado por internas políticas.
Vale tener en cuenta que la provincia aún aguarda el envío de vehículos 0 kilómetros que serán utilizados para el combate contra el fuego pero todavía se encuentran retenidas en la Aduana de Zárate.
Una de las asociadas de Bomberos Voluntarios informó a este medio que el último subsidio que recibieron del Gobierno provincial fue de 2 millones de pesos el año pasado, mientras que Nación le había asignado un subsidio de 10 millones (dos subsidios de cinco millones).
“El aporte fue mínimo si se analizan los costos de lo que conlleva el equipamiento”, indicaron, ya que actualmente un equipamiento completo para un sólo bombero se encuentra alrededor de los cinco mil dólares.
A la vez, una persona referente de una asociación de Bomberos Voluntarios del interior provincial aseguró a NEA HOY que “el panorama de asistencia con el Gobierno nacional actual es muy incierto, porque no se sabe lo que va a pasar”.
En ese marco, explicaron que los cuarteles de bomberos voluntarios se mantienen con subsidios nacionales (que ahora están en duda) y con el mínimo aporte que presta la provincia.
También se sostienen con el aporte de los vecinos (que, mencionaron, se dan en mayoría en el interior provincial en comparación a los grandes centros urbanos como la capital) y las empresas privadas.
De igual manera, sostienen que esa plata “nunca alcanza, porque en un momento de incendios no hay recursos que alcancen para paliar la situación, ya sea por los gastos de combustibles, los aceites para los vehículos o el mantenimiento en general”.
Mientras tanto, con una nueva alerta por incendios, el sector de bomberos voluntarios local considera que, en caso de producirse una nueva emergencia, se requerirá una mayor ayuda económica que la que se presta hoy.
En la emergencia ígnea que se sostuvo hasta 2023 en Corrientes, el Ministerio de Ambiente nacional invirtió más de $1.455 millones, ahora, tal como lo expresaron los referentes de las asociaciones civiles de bomberos, es total la incertidumbre sobre qué podría pasar si la provincia debe volver a enfrentarse a una emergencia ígnea.
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