La reforma a la ley de alquileres, con media sanción de la Cámara de Diputados y que comenzó a ser debatida ayer en un plenario de Comisiones del Senado, continuará siendo discutida durante los próximos días, a pedido del interbloque oficialista del Frente de Todos, en contra de la opinión de Juntos por el Cambio que pretendía firmar el dictamen en esa misma jornada.
El martes, la discusión se prolongó por más de una hora entre ambas bancadas. El salón de reuniones estaba atestado y habían asistido también representantes del sector inmobiliario que, unas horas antes, mantuvieron una audiencia con los integrantes del bloque de la oposición.
Finalmente, la intención del oficialismo se impuso a raíz de la mayoría absoluta que mantiene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y al apoyo recibido por legisladores del peronismo disidente en la de Legislación General.
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Por el contrario, Juntos por el Cambio insistió constantemente en pasar a la firma el dictamen y llevarlo al recinto la semana próxima para aprobarlo sin discusiones y, de esa manera, convertirlo en Ley.
¿Qué establece la reforma de la Ley de Alquileres?
El proyecto de reforma aprobado la semana pasada precisa que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, bajo un sistema de actualización acordado entre las partes.
A la vez, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa. Pueden aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices.
¿Cuándo continuará el tratamiento?
Antes de terminar la discusión, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, advirtió que Juntos por el Cambio pretendía pasar inmediatamente a la firma del dictamen. Sin embargo, el oficialismo logró imponer su mayoría para pasar a un cuarto intermedio y continuar discutiendo el tema, en principio, el próximo jueves con la presencia de representantes de propietarios, inmobiliarias e inquilinos.
La oficialista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, coincidió con la oposición en “la urgencia del tratamiento de este proyecto”. No obstante, señaló que “no es la urgencia la diferente mirada sobre el proyecto, sino el contenido, porque no estamos de acuerdo con la sanción que vino de Diputados“.
El presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, adelantó la intención de “trabajar en un dictamen de consenso, con la posibilidad de invitar a asociaciones o a grupos de inquilinos” y que “no haya un limbo sin tiempo“.
“Tenemos que denunciar que este Senado está cerrado, porque sino somos cómplices”, cuestionó el radical riojano Juan Carlos Martínez. A su turno, la opositora porteña Guadalupe Tagliaferri aseguró que el Frente de Todos “no tiene ninguna intención de aprobar la sanción que viene de Diputados” y pidió: “no le mientan a los argentinos”.
“He visto proyectos de ley que no afectaban, como este, a ocho millones de personas obtener dictamen en diez minutos”, recordó. Tras ello, la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio contraatacó y dijo que Tagliaferri era “parte de un proyecto político que vendió la ciudad entera para hacer negocios inmobiliarios”.
Fuente: Télam
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