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Jueves 20 de junio de 2024
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El apoyó de Valdés y JxC a la represión de Morales: un modelo que se pretende implementar en el país

El mandatario opinó de la situación de Jujuy tras el acto del Día de la Bandera y a la noche se expresó en su cuenta de Twitter. La cúpula de Juntos por el Cambio también se alineó a Morales y criminalizó las protestas de la población por las reformas que impulsa el Presidente de la UCR nacional.

El mandatario opinó de la situación de Jujuy tras el acto del Día de la Bandera y a la noche se expresó en su cuenta de Twitter. La cúpula de Juntos por el Cambio también se alineó a Morales y criminalizó las protestas de la población por las reformas que impulsa el Presidente de la UCR nacional.

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El Gobernador Gustavo Valdés se alineó con el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con quien comparte signo político (ambos son de la Unión Cívica Radical), tras las violentas medidas de violencia y represión que tomaron visibilidad nacional ayer, durante el tratamiento de la reforma constitucional en dicha provincia.

La jornada estuvo marcada por diversas polémicas, entre ellas, la movilización de diferentes sectores sociales fuera de la Legislatura y el tratamiento acelerado de las modificaciones durante la madrugada del viernes.

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Durante las dos reuniones ordinarias que hubo en las últimas semanas, se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes, seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, en desacuerdo con la reforma.

Las protestas de pueblos originarios que reclaman por sus tierras y la de sectores docentes que abogan por incremento salarial habían comenzado mucho antes y ya habían recibido represión a sus reclamos. 

Las comunidades originarias de Jujuy vienen reclamando hace meses sus derechos ancestrales sobre las tierras, frente a las reformas de Morales que podrían despojarlos de ellas.

Cercano a Morales: la postura de Valdés

Valdés, en línea con lo que manifestaron dirigentes nacionales de Junto por el Cambio, responsabilizó de los desmanes a la oposición local (sectores peronistas), quienes, en realidad, acompañaron las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo.

“Jujuy está en un proceso, reformando, con sus legítimos representantes, su Constitución provincial. Cuando la voluntad popular no te da el poder, no puede ser que tratemos de imponerlo a los garrotazos”, expresó Valdés, tras el acto por el Día de la Bandera que se realizó en la costanera capitalina, en la mañana.

 

En horas de la noche, el Gobernador correntino emitió un tweet en el que expresó su “más profundo repudio a la violencia hacia todo el pueblo de Jujuy y sus instituciones. Me solidarizo con el gobernador, Gerardo Morales, que con convicción y firmeza conduce los destinos de su provincia. Estos ataques solo atentan contra la Democracia y la República. ¡Basta!”.

Lo cierto es que Morales también ocupó la red social Twitter para acusar al oficialismo nacional de promover las protestas en Jujuy. Sin embargo, el mandatario utilizó una foto falsa de miembros de la Cámpora tomada en abril del año pasado en Guernica, Provincia de Buenos Aires. Más tarde, borró el tweet.

A los pocos minutos de la publicación del tweet de Morales, el Ministro del Interior, Wado de Pedro, lo desmintió en la misma red social. 

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“No mienta gobernador. La foto es de abril de 2022, en Guernica, provincia de Buenos Aires. Como en el 2001: mienten, gobiernan de espaldas al pueblo y terminan con represión”, expresó el funcionario nacional.

La preocupante situación de los docentes y pueblos originarios

Vale hacer mención a dos sectores claves que tuvieron lugar en las protestas que se desarrollaron ayer en la provincia de Jujuy, y que, desde hoy en adelante, prometieron retomar los reclamos en las calles, debido a la falta de escucha del Gobierno de Morales.

Se trata, por un lado, de los sectores docentes, que vienen reclamando por aumento salarial hace varios meses. Vale decir que el sueldo básico de un docente inicial es de $33.000, y el cargo de 15 horas de un preceptor es de $34.000, mientras el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil se encuentra en $87.987.

Esta situación no dista mucho de la de Corrientes en la que el Gobierno local anunció en marzo que el básico docente pasaría de $29.036 a $58.536. El incremento se viene abonando en cuotas; un 34,44% en marzo, un 25,61% en julio y 20,39% en octubre para totalizar el 101,59%.

Los docentes jujeños llevan varios meses realizando masivas protestas en la calle, acompañados por diversos sectores de trabajadores, la de ayer no fue la primera. 

No es un dato menor que el lema que los viene acompañando sea: “Arriba los salarios, abajo la reforma”, ya que también ven en el nuevo artículo 67, una amenaza al derecho que tienen los trabajadores a protestar.

Manifestaciones docentes contra la reforma constitucional, frente a la Casa de Gobierno de Jujuy.

¿Qué establece la nueva Constitución de Jujuy?

Esta nueva norma “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos” como método de protesta y sostiene que las manifestaciones se deben hacer de “acuerdo a estándares de las Naciones Unidas”, explica el Presidente de la comisión redactora de la nueva Constitución, el radical Alejandro Nieva.

A su vez, señala que esta norma, que finalmente no fue incorporada a la nueva Constitución, “se aplica en otros países como Estados Unidos y Suiza”.

Uno de los sectores más afectados por estas nuevas reformas de la Constitución provincial de Jujuy es el de los pueblos originarios. Según explica la periodista Laura Vales en Página 12, “un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de esos títulos”.

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Lo cierto es que estas tierras están vinculadas a la explotación de litio: “La reforma propone una mirada extractivista de los recursos mineros”, asegura, por su parte, la investigadora del área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales, Penélope Vaca Ávila, en un artículo de la Universidad de San Martín.

Represión policial a pueblos originarios por protestas contra la reforma constitucional.

Mucho antes de las movilizaciones de ayer, exactamente el 1 de junio, se realizó una asamblea de representantes de todos los pueblos indígenas de la provincia, kolla, chichas, okloya, guaraní, omaguaca, tilián y quechua. Allí se conformó la Convención Constituyente Plurinacional, con el propósito de que se respetara su cosmovisión en la reforma de la carta magna provincial, pero no fueron escuchados.

“Ahora con esta Constitución no tenemos derecho a nada, los recursos quedan todos en el gobierno”, aseguró a medios locales Verónica Chávez, Presidenta de la Comunidad Tres Pozos, del Pueblo Kolla. 

Chávez, además, es vocera de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se oponen a la explotación del litio porque entienden que les podría dejar sin agua para consumo, ya que, actualmente, es un recurso escaso en el territorio que habitan. 

La cúpula de Juntos por el Cambio se reunió ayer: criminalizó la protesta y responsabilizó al Gobierno nacional por las movilizaciones en la provincia.

¿Un modelo que se pretende implementar en el país?

A raíz de la explosión de violencia y represión en Jujuy, diversos analistas políticos se preguntaron en diferentes medios de comunicación, si el accionar de Morales en su provincia (que fue avalado por Valdés y la cúpula de Juntos por el Cambio) pretende ser aplicado a nivel nacional con los conflictos gremiales, de pueblos originarios, y otros, en el caso de ganar las elecciones de octubre.

La cuestión está implícita hace tiempo en los discursos de los referentes de la oposición nacional, que sostienen que debe aplicarse “mano dura” con los referentes de las organizaciones sociales y manifestantes que utilizan los cortes de rutas, calles o autopistas, para reclamar.

La implementación del artículo 67 de Morales, tal como anticipó una nota de Clarín ayer, podría “adelantar un debate a nivel nacional si las elecciones las gana Juntos por el Cambio y que tiene su caja de resonancia en los reiterados cortes por protestas de la avenida 9 de julio”.

Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que advirtió que “la vida democrática es conflictiva, sobre todo en países como el nuestro con enormes desigualdades” y remarcó que “la idea de paz social limitada a la ausencia de conflicto en la calle sólo sirve para criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiestan”.

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