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Lunes 29 de abril de 2024
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Protestas en Jujuy. Los tres puntos más polémicos de la reforma constitucional

En menos de un mes la provincia de Jujuy eligió constituyentes, y aprobó modificaciones en su constitución que limita los derechos a la protesta y la consulta a los pueblos originarios.

En menos de un mes la provincia de Jujuy eligió constituyentes, y aprobó modificaciones en su constitución que limita los derechos a la protesta y la consulta a los pueblos originarios.

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Durante el fin de semana Jujuy fue el foco de conflictos entre organizaciones sociales y pueblos originarios con las fuerzas de seguridad de la provincia. En un contexto donde varios gremios ya estaban manifestándose por la suba de salarios, distintas organizaciones se sumaron a las protestas en alarma por la nueva reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales y aprobada por la Constituyente.

La reforma fue tratada y aprobada a modo de relámpago. El 7 de mayo de este año la provincia eligió convencionales constituyentes, el 1 de junio se conoció el texto del proyecto y dos semanas después ya ha sido aprobado y se espera que se jure en el congreso este martes.

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La difusión del texto de la reforma constitucional ha suscitado el rechazo de la población, ya que para muchos, apunta a concentrar un mayor poder en el ejecutivo, limitar las protestas sociales y desconoce tratados internacionales concernientes a los pueblos originarios.

Reforma electoral

En medio de la polémica alrededor de los fallos de la Corte Suprema sobre las elecciones provinciales, la reforma de Jujuy deja en claro los períodos que podrán elegir los cargos ejecutivos y legislativos. Además, elimina las elecciones de medio término.

Así, los cargos legislativos y ejecutivos serán renovados en las mismas elecciones cada cuatro años. Esto, aunque desde el oficialismo lo justifiquen como un mayor orden en el proceso democrático al ya no tener elecciones cada dos años, por lo bajo lo que hace es asegurar que el Ejecutivo tenga siempre la mayoría absoluta en el Congreso. 

Las elecciones de medio término están pensadas justamente para garantizar que el poder legislativo pueda servir de contrapeso del ejecutivo. Así, durante las elecciones ejecutivas sólo se renueva la mitad del Congreso, garantizando que el ejecutivo no necesariamente se quede con la mayoría en una elección, sino que deba ganar también la elección siguiente.

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Al renovarse todo el congreso en la misma elección en que se eligen los cargos ejecutivos, aquel espacio más votado tendrá el poder del ejecutivo y la mayoría del Congreso. Esto, a su vez, le permitiría designar jueces provinciales con facilidad, lo que en suma significa una desmedida acumulación de poder en el ejecutivo por sobre los legislativos y judiciales.

Derechos de los pueblos originarios

En un contexto de crecientes intereses sobre la explotación de minerales como el litio en Jujuy, la nueva reforma modifica los derechos a la propiedad privada dando mecanismos y vías rápidas y expeditivas a los titulares registrales de tierras en disputas, por ejemplo, con pueblos y comunidades originarias.

La Nación Kolla es uno de los mayores denunciantes de éste punto, ya que “atenta contra los procesos institucionales” y no respeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dentro del país tiene jerarquía constitucional al ser un tratado internacional aprobado por la nación.

Este convenio exige la consulta a pueblos originarios sobre la explotación y uso de tierras donde habitan, así como también exige al Estado la toma de medidas para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos.

La nueva reforma elimina totalmente a los pueblos originarios del texto constitucional, negándoles reconocimiento para facilitar la privatización y explotación de recursos en tierras que están en disputa.

Protesta social

De la misma forma, en el apartado titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica“, el texto de la reforma intenta incorporar a la constitución provincial “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales“.

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Este es otro punto en el que la reforma estaría en conflicto con los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos argentinos, ya que limitan los derechos a la protesta reconocidos desde la constitución nacional.

A su vez, habilita el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente a vulnerar o vulnere la convivencia. En una reforma que además desproporciona el equilibrio de poder hacia el ejecutivo, ésto podría habilitar la persecución judicial a los referentes de organizaciones sociales por el solo hecho de oponerse a alguna medida del gobierno.

Este punto trajo el rechazo de la mayoría de las organizaciones sociales y sindicales que funcionan en Jujuy, provocando protestas masivas y paros generales en algunos gremios.

 

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