El 21 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo a través del cual obliga a Alberto Fernández en su calidad de presidente, a reintegrar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, el 2,95% de los fondos coparticipables que le habían sido otorgados por decreto p
Este fallo generó el repudio de autoridades locales y nacionales, en principio porque representó para todos los sectores, el recorte del presupuesto de otras provincias para tener que saldar esta deuda con CABA, por lo que la medida fue entendida por muchos funcionarios como el de un atentado contra las políticas de carácter federalista.
En este contexto, el presidente fue el primero en expresar su malestar por esta actuación de la justicia en favor del gobierno de una de las zonas más ricas del país y en detrimento del resto de provincias y, se organizó para el 22 del corriente mes, una reunión con 14 gobernadores de manera presencial y otros con asistencia virtual para discutir el tema.
COMUNICACIÓN
Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento ⬇️https://t.co/l7TFGKIHCU pic.twitter.com/CBXfonGBkG
— Casa Rosada (@CasaRosada) December 22, 2022
Tras su finalización, la resolución parecía ser clara: el fallo respondía al orden político y se vislumbraba por todos como “de imposible cumplimiento”, ya que requeriría en principio, del envío de una ley al Congreso para resolver un nuevo presupuesto que establezca de dónde se obtendrían dichos fondos.
También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Tan solo unas horas después, en la jornada del 26 de diciembre y como una continuación del gran debate generado en torno a este tema, Alberto Fernández dispuso acatar el fallo y cumplir con el pago a través del uso de los bonos TX31, correspondientes al Tesoro Nacional, no obstante, advirtió que se instruyó de manera legal el pedido de revocación de la solicitud de dicho pago realizado por la Corte Suprema.
El presidente solicitó una revocatoria “in extremis” de la orden emitida por la justicia ya que genera una violación en la división de poderes.
La solicitud de Insfrán a la Corte Suprema
En esta puja entre Nación y CABA por la coparticipación, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, compartió este miércoles 28 de diciembre, nueva información sobre su postura con respecto a las medidas solicitadas a Nación.
La Provincia de #Formosa, por intermedio de la Fiscalía de Estado, ha realizado hoy una nueva presentación ante @CorteSupremaAR, reiterando su pedido de ser oída y tener participación en la causa sobre el injusto incremento de fondos de la coparticipación para la CABA. pic.twitter.com/fExz77nEW5
— Gildo Insfrán (@insfran_gildo) December 28, 2022
En este orden, enfatizó que “la Provincia de Formosa, por intermedio de la Fiscalía de Estado, ha realizado hoy una nueva presentación ante Corte Suprema de Justicia de la Nación reiterando su pedido de ser oída y tener participación en la causa sobre el injusto incremento de fondos de la coparticipación para la CABA”.
De acuerdo a las publicaciones en sus redes sociales, el primer mandatario local señaló que “la medida cautelar dispuesta recientemente por la C.S.J.N. aumenta el porcentaje de coparticipación para el distrito más rico del país generando un daño real y concreto a las 23 provincias, puesto que ello afectará inexorablemente la financiación de importantes obras de infraestructura que se realizan con fondos federales en nuestros territorios”.
Insfrán ratificó que la causa posee “enorme trascendencia político institucional porque afecta la distribución de fondos en el marco de un federalismo de concertación, cuestión que excede ampliamente los intereses de las partes de la controversia judicial”.
Finalizó el mensaje haciendo fuerte hincapié en el hecho de que las Provincias Argentinas deben ser escuchadas y que “el federalismo establecido en la Constitución Nacional debe ser respetado”.
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