El 14 de octubre del 2019 los estudiantes de Chile, en protesta por un aumento en el boleto del transporte público, comenzaron a convocarse frente a los metros antes de ir a la escuela para saltar entre todos los molinetes y evadir el pago del boleto.
Este fue el principio de la mecha que, cuatro días después, estallaría en una manifestación de millones de chilenos contra las políticas económicas que venía endeudando a las familias pobres y de clase media.
Tres años después, sin embargo, el pueblo chileno rechazó una reforma constitucional que proponía un giro de 180° al rumbo del país dando una mayor importancia a la calidad de vida y protección social por parte del Estado. ¿Qué pasó desde entonces y cómo seguirá el espíritu del estallido tras el Rechazo al plebiscito constitucional?
Una historia de dos chiles
Durante la última década Chile era siempre presentado como un oasis liberal en Latinoamérica. Tanto Vox en España como los sectores de centroderecha en Argentina siempre mostraban el ejemplo chileno como la prueba de que las políticas liberales tendrían como resultado un país próspero como Chile.
Este relato se derrumbó en octubre del 2019, cuando desde los cimientos se levantó un estallido social que dio cuenta de la profunda desigualdad que vivía el pueblo chileno.
Un informe de Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que en el 2017, el 1% más adinerado del país poseía el 26,5%, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1%.
[Desigualdad en Chile] ¿Sabías qué? La diferencia entre el 5% de mayores ingresos y el 5% más pobre aumentó de 116,1 a 252,4 veces en 27 años. pic.twitter.com/OgecuZh8ow
— Fundación SOL (@lafundacionsol) September 27, 2022
El sueldo mínimo de Chile se encontraba entre los US$423, algo más o menos acorde al promedio regional. El problema es que el país llevaba más de una década con la mitad de los trabajadores recibiendo sueldos que iban desde el mínimo hasta US$562. Al mismo tiempo, Chile se mantenía como el país seguía siendo el más caro de la región en cuanto a nivel de vida donde una familia necesitaba U$S1300 para cubrir apenas sus necesidades básicas.
Esta es la bomba que estalló cuando el boleto del transporte público se incrementó por 30 pesos chilenos, llegando a un total de un 1,20 por persona. Para una familia donde tres integrantes dependían del transporte público, éste precio significaba un 20% del salario familiar.
En un país con los servicios públicos más caros, el insulto era mayor al ver que, para unos pocos privilegiados que no dependían del transporte, éste monto de todos modos no habría significado ni siquiera un 4% del salario.
Después del estallido
Tras el estallido social protagonizado por más de un millón de personas, Chile experimentó un giro político y social que tuvo como principal resultado el triunfo electoral de Gabriel Boric, cuya carrera política había surgido al calor de las propuestas estudiantiles de principio de siglo y que desde su bloque acompañó las manifestaciones del 2019.
Boric impulsó un proceso constituyente para redactar una nueva constitución, haciendo acopio de las principales demandas durante el estallido social. Los resultados de las elecciones para elegir constituyente parecieron acompañar el calor del estallido, dando mayoría a bloques progresistas y minoría a los bloques históricos de derecha
Durante la redacción, sin embargo, el proceso fue perdiendo el acompañamiento de parte de la población, que veía las reformas, además de acopiar la generalidad de los reclamos de la población, se concentraba en desarrollar ideales que pertenecían a una porción muy concentrada del progresismo chileno.
El resultado terminó viéndose en las urnas. El mismo electorado que había aprobado por un 80% la necesidad de reformar la constitución del país, rechazó por el 61% el proyecto de reforma redactado por la convención constituyente.
Mezclar y barajar de nuevo
Pero la derrota en las urnas de la propuesta de nueva constitución no significó el final de un proceso. La semana pasada, la consultora Tú Influyes difundió la encuesta Data Influye que midió la percepción ciudadana sobre el avance de un nuevo proceso constituyente.
A 50 días del triunfo del Rechazo, 59% de los encuestados cree que ha aumentado la incertidumbre en Chile. Sin embargo, 42% se encuentra expectante a que el proceso constituyente continúe a la brevedad y solo el 31% cree que la Carta Fundamental debe mantenerse con mínimas reformas.
El triunfo del Rechazo no significa un triunfo de la derecha en Chile, la derecha simplemente se colocó del lado ganador, que no es lo mismo. Puede que gran parte del pueblo chileno no haya visto reflejadas sus demandas en la redacción de la propuesta de nueva constitución, pero esa parte sigue creyendo que una nueva constitución es necesaria.
“Los motivos profundos del malestar chileno siguen presentes”, mantuvo el presidente chileno Gabriel Boric a principios de éste mes en el foro “El reto social de América Latina”. Lo que sí lograron con los resultados la derecha y distintos referentes que fueron ignorados durante el proceso constituyente es hacerse un lugar de mayor referencialidad en el nuevo itinerario para la redacción de una nueva propuesta constitucional.
“Esta decisión exige a las instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar con una propuesta que nos interprete a todos” dijo también el mismo Boric después de los resultados, minutos antes de reunirse con opositores en el congreso para empezar a trazar nuevos acuerdos de cara a una nueva constituyente.
Durante los últimos días, tanto la izquierda (desde el PC hasta la DC) como la derecha (Chile Vamos) presentaron sus lineamientos para la nueva Constitución. En ellas se pueden ver los primeros puntos de acuerdo para sentar un nuevo proceso constituyente.
En los acuerdos se observan algunos retrocesos. Por ejemplo, se reconoce a los pueblos indígenas, respetando y promoviendo su cultura, lo que se aleja de la Plurinacionalidad propuesta por la primera convención constituyente.
Sin embargo, se mantiene el objetivo de reconocer la legitimidad de los derechos sociales a cargo del estado, debiendo ser promovidos y respetados tanto como la propiedad privada y el emprendimiento de negocios que se encuentran en las bases de la constitución vigente.
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