En el 2016, Julián Bjorklund se encontraba trabajando como profesor de Física y Química en dos colegios religiosos de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, y haciendo los preparativos para casarse con su pareja para finales de ese mismo año.
Pero a pesar de que su derecho al matrimonio se encuentra avalado por la Ley de Matrimonio Igualitario, cuando se lo comunicó al Instituto Emanuel, uno en los que trabajaba, el representante legal de la institución le comunicó que iba a ser separado de su cargo por su orientación sexual. Y por este acto discriminatorio, deberán indemnizarlo con casi un millón de pesos.
“Cuando yo presenté los papeles para la licencia por matrimonio, me llamó el representante legal que también era el pastor de la iglesia, y me avisó que como yo había decidido casarme, eso de alguna manera era exponer mi sexualidad y ellos no estaban de acuerdo”, explicó en diálogo con NEA HOY Bjorklund.
En la reunión que tuvo con el representante legal de la institución quedó formalizado el despido, en cuya acta quedó expresado que “la sexualidad del profesor no concuerda con el ideario de la institución, por lo que, a fin de evitar conflictos el instituto ofrece y el profesional acepta el monto de dinero en concepto de indemnización”.
Ante el hecho, el docente acudió al INADI para obtener un dictamen que diera cuenta de que como docente había sufrido discriminación por parte de la institución debido a su orientación sexual. Una vez hecho esto se llevó el caso a la justicia.
El apoyo de la comunidad
Al saberse las razones de su despido, los primeros en solidarizarse fueron los propios alumnos del colegio religioso, quienes reconocieron como “injusto” que el instituto cese el contrato del docente por ejercer su derecho privado de contraer matrimonio con su pareja.
Movilizados por el hecho, los alumnos incluso empezaron a organizar una sentada en solidaridad y para pedir la reincorporación del docente, pero fue Julián quien se comunicó con ellos para evitar que se expongan por su causa.
Bjorklund recibió también la solidaridad de algunos de sus colegas y, en diciembre de ese año, incluso la Cámara de Diputados de la Nación presentó su repudio ante el accionar del instituto. El proceso judicial, sin embargo, llevó otros seis años para que finalmente fallara a su favor.
La justicia estableció que el despido efectivamente había sido una acción discriminatoria y que debía repararse. Para ello, fijó en 992.074 pesos el monto resarcitorio por daño moral. Bjorklund adelantó que el dinero iba a ser donado a la ONG “Somos Diverses” dedicada a la promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
La vida privada de los docentes
Además de la solidaridad de sus alumnos y el repudio de la Cámara de Diputados, cuando se visibilizó el caso Bjorklund recibió mensajes de docentes de todo el país diciendo que se habían encontrado en situaciones parecidas, en donde un instituto privado realizaba acciones disciplinarias no por su actividad como docente, sino por el ejercicio de sus vidas privadas.
Es decir que, además de la idoneidad en el cargo, muchos colegios religiosos exigen que los docentes se adecúen a un modelo de vida tradicional conservadora en sus vidas privadas, lo que implica no solo una actitud discriminatoria por parte de la institución, sino que puede ser perjudicial para el docente.
“Incluso en mujeres, por ejemplo, si son madres solteras en colegios religiosos le cuestionan eso y no le renuevan el contrato, o tratan de que las mujeres no se divorcien, le dicen que si lo hacen no van a poder seguir trabajando”, comentó Bjorklund, “este tipo de cosas pasa todo el tiempo, prefieren que a una mujer aguante que el marido la muela a palos antes que se divorcie, esa es la verdad”.
De esta manera, algunos colegios religiosos utilizan su condición de empleador para intervenir en la vida privada de los empleados, ejerciendo prácticas punitivas si realizan actividades en su vida privada que no coincidan con las preferencias de la institución.
Para Julián Bjorklund, el fallo positivo obtenido en su caso sienta un precedente importante para otros docentes que puedan estar sufriendo presión en sus espacios de trabajo por actividades vinculadas a sus vidas privadas, para así promover a que estas prácticas discriminatorias sean denunciadas.
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