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Jueves 30 de mayo de 2024
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¿Hay que arancelar la salud pública a los extranjeros? Las repercusiones por la muerte de un salteño en Bolivia

A partir del caso de Alejandro Benitez, salteño que falleció en Bolivia, algunos medios y referentes políticos volvieron a instalar la necesidad de arancelar el uso de los servicios públicos a los migrantes y personas en contexto de movilidad.

A partir del caso de Alejandro Benitez, salteño que falleció en Bolivia, algunos medios y referentes políticos volvieron a instalar la necesidad de arancelar el uso de los servicios públicos a los migrantes y personas en contexto de movilidad.

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Comúnmente se les arroja a los migrantes y extranjeros la culpa de muchos de los males que suceden en el país. Sin ningún tipo de fundamento, suelen ser víctimas de hostilidades y xenofobia porque se los ve como los culpables del aumento del delito, la desocupación o las crisis de los servicios de salud o educación.

Hace dos semanas, este discurso de culpabilización a los extranjeros volvió a instalarse sobre el sistema de salud al difundirse el caso de Alejandro Benítez, salteño que falleció en Bolivia y cuyos acompañantes aseguran que no recibió atención médica por no contar con pesos bolivianos.

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Esto reavivó el discurso de odio y culpabilización a los extranjeros tanto en el discurso público como en el político. Referentes como Miguel Angel Pichetto se pronunciaron sobre la necesidad de arancelar el uso de servicios públicos a las personas en contexto de movilidad

Y mientras que en el 2019 un caso parecido llevó al Gobernador de Jujuy Gerardo Morales a impulsar una Ley Provincial que promovía el arancelamiento del servicio de salud, en esta ocasión fue un Diputado bonaerense de Avanza Libertad quien presentó un proyecto para que los extranjeros paguen el servicio de salud en Argentina.

En diálogo con NEA HOY, la referente de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos “Xumek” Yesica Villegas explicó los peligros de continuar replicando estos discursos basados en el prejuicio y el racismo hacia las personas migrantes.

Son muchas veces estas representaciones sociales, que son generadas desde un racismo y discriminación, las que llevan a modificar no solamente las políticas sociales y las políticas públicas que se implementan a nivel nacional y a nivel provincial, sino que también son las que impactan de manera directa sobre la vulneración de derechos”, explica Villegas.

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 Un retroceso en materia de derechos

La asistencia sanitaria a los extranjeros en Argentina está reconocida en la propia Constitución Nacional, que reconoce con el más alto grado de protección los Derechos Humanos de “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo Argentino”.

La Ley de Migraciones del país, considerada de avanzada en el contexto latinoamericano, además expresa en su artículo 8 que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que así lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

Esto no significa que Argentina sea la única generosa con sus servicios públicos. Estos derechos además están reconocidos en convenios y tratados internacionales que, desde la reforma constitucional del 94, tienen jerarquía constitucional.

En este sentido, proyectos como los del diputado Nahuel Sotelo no solo contradicen a la Constitución Nacional y a la Ley de Migraciones, sino que significan un retroceso en materia de Derechos Humanos.

La salud pública, no solamente para nacionales sino también para personas en contexto de movilidad humana, debe ser amplia, debe ser efectiva”, explica Villegas. “Esto que se vuelve a tratar de poner o soslayar en los medios de comunicación y en la opinión pública es arbitrario, es un retroceso a los derechos ya establecidos, y como organización y área de movilidad humana estamos totalmente en contra y lo repudiamos”.

 

En todo caso, si se detectara que los derechos humanos de los argentinos en contexto de movilidad, reconocidos en los tratados internacionales, están siendo vulnerados en otro país, la solución no sería limitar los derechos humanos en Argentina, sino exigir su reconocimiento en ese país.

En el caso particular de Bolivia, además de los tratados internacionales existe un tratado firmado en el 2019 de coordinación de la asistencia médica brindada en los centros de salud públicos de ambos países.

Es por ello que desde la Cancillería que conduce Santiago Cafiero elevaron un reclamo sobre lo sucedido con el motociclista salteño, mientras que Bolivia aseguró la realización de una auditoría para cerciorarse de que no se haya incumplido con el tratado de reciprocidad.

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¿Cuánto aportan los extranjeros?

Quienes sostienen que se debería arancelar los servicios públicos a los extranjeros, lo hacen bajo el presupuesto de que estos no realizan contribuciones fiscales al país, y por eso, cuando utilizan los servicios de salud o educación están usufructuando servicios por el cual solo contribuyeron los ciudadanos Argentinos.

Esta premisa es falsa. Muchos estudios se han realizado para demostrar que, en ocasiones, los extranjeros realizan contribuciones fiscales mayores a los servicios que utilizan. La premisa cae simplemente con pensar que el IVA, el impuesto de mayor recaudación, es cobrado por el consumo más allá de la nacionalidad, por lo que cualquier cosa que compre el extranjero representa una contribución a la banca nacional.

 

De acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico realizada en el 2018, la contribución que realizan los extranjeros en el país es tal que representa 2 puntos del PBI, mientras que el uso de los servicios públicos como la salud y la educación no supera el 6%

Argentina destina anualmente entre 9 y 10 puntos de su PBI al servicio de salud, de los cuales 2.7 corresponden al gasto en Salud Pública. Esto significa que, mientras que los extranjeros solo representan un 6% de los beneficiarios del servicio de salud, contributivamente representan un total equivalente a más del 60% de su presupuesto.

Lejos de los discursos de quienes pretenden arancelar la salud pública para los migrantes, los datos demuestran que los extranjeros ya están pagando con creces la utilización de estos servicios.

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