Desde la semana pasada, representantes de pueblos originarios de Brasil viajaron hasta la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, para reclamar ante la posible aprobación de la Ley de “marco temporal”.
De aprobarse, esta norma definirá la demarcación de tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estuvieron pobladas por pueblos originarios cuando se promulgó la Constitución Brasileña, en 1988. De esta forma, las empresas o el propio gobierno brasilero tendrían menos impedimentos para explotar los otros territorios, ordenando el desalojo de las comunidades originarias que estén asentadas allí.
El juicio se retomó este miércoles por algunas horas, se suspendió y prosiguió el jueves. Tras el voto del magistrado Edson Fachín, quien se manifestó en contra de la ley, el presidente del STJ fijó el análisis para la semana que viene. Podría prolongarse varias sesiones hasta llegar a un resultado de los 10 magistrados restantes.
Momento de muita emoção no acampamento da II Marcha das Mulheres Originárias após o Ministro Edson Fachin terminar seu relatório e seu posicionamento a favor dos povos originários e contra o Marco Temporal. pic.twitter.com/dhgfmRE9Ni
— Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) September 9, 2021
Un fallo que determina a todo el país
En concreto, el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988.
Pero, por decisión de la propia corte, el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa.
De hecho, fue un fallo de la Corte Suprema del 2009 sobre un conflicto entre indígenas y campesinos en el estado de Roraima, en el norte de Brasíl, el que abrió la posibilidad de la doctrina.
En aquel entonces, los ministros fallaron a favor de los indígenas alegando que estos estaban allí cuando se promulgó la constitución, y esto está siendo utilizado como precedente para argumentar que los indígenas no puedan reclamar territorio si no lo ocupaban antes de ese año.
Los representantes de los pueblos originarios reclaman una demarcación territorial continua, sin marco temporal. Según ellos, no es imposible saber dónde estaba cada comunidad antes del 88, ya que en su mayoría fueron perseguidas y desplazadas antes y después de ese año. Así, el marco temporal se podría ser utilizar discrecionalmente para negar la tenencia de tierras a las comunidades.
El derecho originário en jaque. La Corte Suprema brasileña jusgará esta tarde si impone una fecha para que los indígenas reivindiquen el derecho a su tierra. #MarcoTemporalNao https://t.co/ZeN94cp0mH
— André Vieira (@AndreteleSUR) September 1, 2021
Los intereses detrás del marco temporal
Hay alrededor de 30 procesos de demarcación de tierras estancados en el Ministerio Público, a la espera de una definición de la Corte Suprema. La ley de “Marco Temporal” cuenta con el apoyo de Jair Bolsonaro, que entre sus promesas de campaña incluyó no demarcar “ni un centímetro más” de tierras indígenas.
Además, muchas comunidades originarias en Brasil sufren invasiones de pescadores, madereras, cazadores, mineros y personas que reivindican ser propietarias de sus tierras. A otras las atraviesan rutas y caminos, vías de tren, líneas de transmisión o presentan sectores inundados por usinas hidroeléctricas.
Entre 2010 y 2020 la minería artesanal aumentó en 495% en las tierras indígenas y 301% en las unidades de conservación de Brasil. En ambos lugares la actividad es ilegal y proyectos legislativos como el PL 490 quieren legalizar la práctica sin dialogo con los pueblos indígenas. pic.twitter.com/o0P1Zvr963
— André Vieira (@AndreteleSUR) August 30, 2021
El marco temporal abriría la puerta a las grandes empresas para usar esos territorios. Hay más de 200 registros de territorios acaparados para la explotación agropecuaria que se sobreponen con tierras indígenas a la espera de ser legalizadas.
El Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el lobby agropecuario en el Congreso de Brasil, sostiene que las tierras indígenas actualmente en fase de estudio “se están expandiendo a áreas que generan los mayores valores productivos” del agronegocio, lo que podría tener un gran impacto en un sector vital para la economía de Brasil.
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