El consultor político argentino Fernando Cerimedo aseguró ante la Justicia boliviana que sus ingresos provienen de empresas de comunicación y marketing radicadas en Argentina y Estados Unidos. Al mismo tiempo, negó haber cobrado dinero del Estado y evitó responder 152 de las 219 preguntas formuladas por los fiscales.
El consultor político y especialista en estrategias digitales Fernando Cerimedo quedó formalmente imputado en Bolivia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de declarar ante la Fiscalía que durante 2025 y 2026 registró ingresos cercanos al millón de dólares mensuales a través de sus empresas privadas.
La declaración se produjo en el marco de una investigación que busca determinar el origen y la evolución de su patrimonio durante el período en el que tuvo vínculos con sectores del poder político boliviano.
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Cerimedo sostuvo ante los fiscales que el dinero que percibe proviene de actividades privadas lícitas y negó haber recibido pagos del Estado boliviano. Según su exposición, sus ingresos están vinculados principalmente con empresas de comunicación, publicidad y producción audiovisual.
Entre las firmas mencionadas aparece Numen Group Inc., constituida en Estados Unidos en 2021, además de Numen de Publicidad, una agencia radicada en Argentina que, según declaró, cuenta con dos sucursales y alrededor de 35 empleados. También mencionó a Academia Numen y una productora audiovisual, sociedades en las que comparte participación con su esposa, Natalia Basil.
El consultor afirmó que durante 2025 y 2026 su facturación mensual se ubicó en torno a US$1 millón, y aclaró que esos ingresos no corresponden a operaciones comerciales realizadas dentro de Bolivia.
Cerimedo respondió menos del 30% de las preguntas
Uno de los aspectos que llamó la atención durante la declaración fue la cantidad de preguntas que el consultor decidió no responder. De las 219 preguntas realizadas por la comisión de fiscales trasladada desde La Paz hasta Santa Cruz, Cerimedo se negó a contestar 152, cerca del 70% del total. En reiteradas oportunidades utilizó la fórmula «no tiene nada que ver con el caso» para justificar su negativa.
Entre los temas sobre los que evitó brindar precisiones aparecen sus presuntos vínculos con el Gobierno boliviano, su supuesto rol como una suerte de «ministro sin cartera», la participación en la elaboración de discursos oficiales y la estrategia de comunicación digital del Ejecutivo. También fue consultado por su relación con Ximena Galarza, directora de Comunicación, y por el alcance de su participación en la política boliviana.
Su vínculo con Rodrigo Paz
Durante la audiencia, Cerimedo reconoció su vínculo con el actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien identificó como su principal contacto en el país desde antes de las elecciones de 2025.
El reconocimiento adquiere relevancia porque contrasta con declaraciones públicas recientes del mandatario boliviano, quien intentó tomar distancia del consultor argentino y afirmó que nunca le había otorgado autorización para representarlo. Cerimedo, por su parte, sostuvo que su participación durante la campaña electoral se limitó a brindar «consejos de comunicación digital» de manera informal. Según su versión, no existieron contratos escritos ni financiamiento de terceros para esas tareas.
La nueva imputación de la Fiscalía boliviana se concentra en el supuesto incremento desproporcionado del patrimonio de Cerimedo durante 2025 y 2026. Los investigadores también analizan documentación y recibos secuestrados durante distintos allanamientos que presuntamente vincularían al consultor con operaciones de dinero en efectivo realizadas a través de la casa de cambio EXCHANGE, ubicada en la Zona Sur de La Paz.
Según la investigación, los responsables del establecimiento, Fritz Juniors Gironda Aquize y Claudia Inés Layme Carita, habrían escapado antes de los operativos policiales y retirado de las cajas fuertes alrededor de US$700.000, dinero que los investigadores buscan relacionar con la operatoria atribuida a Cerimedo.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar con la acusación y anticipó que solicitará una nueva medida de detención preventiva por seis meses, además de evaluar su eventual traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
El fiscal Miguel Cardozo calificó como «esquivas» las respuestas brindadas por el argentino y sostuvo que el Ministerio Público cuenta con indicios suficientes para sustentar la imputación.
Cerimedo rechazó las acusaciones
Tras finalizar la audiencia, el consultor rechazó los cargos en su contra y cuestionó el proceso judicial. Su defensa cuestionó el contenido del interrogatorio y afirmó que los fiscales se concentraron en aspectos vinculados con la política interna boliviana y no profundizaron, según su interpretación, en el origen del dinero secuestrado.
La imputación por enriquecimiento ilícito se suma a las otras causas que enfrenta Cerimedo en Bolivia. El consultor argentino permanece además bajo prisión preventiva en el penal de Palmasola, en el marco de una investigación por un presunto intento de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.
La Justicia boliviana deberá ahora avanzar con la investigación para determinar si el patrimonio y los movimientos financieros atribuidos a Cerimedo tienen un origen lícito, como sostiene su defensa, o si existen elementos que permitan acreditar los delitos que se le imputan.
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