Quince meses después de que la Justicia ordenara restituir la cobertura del 100% de determinados medicamentos para los afiliados del PAMI, organizaciones de jubilados y representantes legales denuncian que la medida todavía no fue cumplida. La situación derivó además en una causa penal contra funcionarios de la obra social, entre ellos su director nacional, Esteban Leguizamo.
El reclamo se originó en un amparo presentado, entre otras organizaciones, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En mayo de 2025, la Justicia había ordenado restablecer en Córdoba el programa Vivir Mejor, que permitía a los jubilados acceder de manera automática a medicamentos con cobertura total. En octubre de ese mismo año, la decisión se hizo extensiva a los afiliados de todo el país.
Sin embargo, los abogados que llevan adelante la causa, Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, sostienen que la restitución nunca se concretó en los términos establecidos por la Justicia. Según denunciaron, las apelaciones y presentaciones realizadas por las autoridades fueron postergando el cumplimiento de la medida.
Más de dos millones de afiliados quedaron afuera
La modificación de los criterios de cobertura de medicamentos impactó sobre una parte importante de los afiliados de la obra social. Según datos oficiales citados en el reclamo, 2,2 millones de jubilados y pensionados quedaron afuera de la cobertura del 100%, mientras que aproximadamente 1,6 millones de ellos consumían regularmente los medicamentos afectados.
El impacto se da en un contexto de fuerte aumento de los precios de los remedios. De acuerdo con un relevamiento presentado por Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, algunos de los medicamentos más utilizados por los jubilados registraron aumentos de hasta el 900% desde el inicio de la actual gestión nacional.
Entre los ejemplos mencionados aparecen medicamentos vinculados con tratamientos para problemas circulatorios, cuyo precio habría pasado de $11.500 a unos $115.000. En el caso de los antibióticos, el incremento informado llega al 636%, de $4.478 a aproximadamente $33.000.
La situación adquiere una dimensión todavía mayor si se considera el ingreso de los jubilados. La canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había estimado que, en marzo, una persona mayor necesitaba alrededor de $500.000 mensuales solamente para medicamentos, una cifra que supera el ingreso de una jubilación mínima incluso considerando el bono.
Denuncia penal contra funcionarios del PAMI
El conflicto por la falta de cumplimiento de la orden judicial también llegó al ámbito penal. La denuncia alcanza al exdirector de PAMI Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y al director nacional de la obra social, Esteban Leguizamo. Según la presentación judicial, ambos fueron denunciados como presuntos responsables, en calidad de autores, cómplices o instigadores, de los delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Leguizamo fue finalmente citado a declarar el 5 de mayo de 2026, después de varias suspensiones, de acuerdo con lo informado por los abogados que impulsan la causa. Desde la APDH cuestionaron duramente la situación y consideraron que existe una problemática institucional derivada de la falta de cumplimiento de una resolución judicial que afecta directamente el acceso a la salud de jubilados y pensionados.
El problema de los medicamentos no es el único frente de conflicto para los afiliados del PAMI. Durante una reunión de la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, representantes de clínicas y sanatorios prestadores advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sistema de atención.
Andrés Sabalette, representante de un grupo de clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, sostuvo que la atención de unos 300.000 jubilados está en riesgo debido al atraso en los valores que paga la obra social. Según explicó, tomando como referencia la inflación acumulada, existe un atraso cercano al 80% en los valores de las prestaciones durante los últimos dos años y medio. La consecuencia, afirmó, es que los establecimientos no logran cubrir sus costos y comenzaron a suspender determinadas prácticas.
Entre los servicios afectados mencionó internaciones y cirugías, mientras que parte de la demanda comenzó a trasladarse al sistema público, que ya se encuentra saturado y en algunos casos no cuenta con el mismo nivel de complejidad disponible en el sector privado. Así, a quince meses de la primera orden judicial, el acceso a medicamentos y prestaciones médicas continúa siendo uno de los principales conflictos que atraviesan los jubilados afiliados al PAMI, mientras las organizaciones denuncian que una medida destinada a garantizar el derecho a la salud todavía espera por su cumplimiento efectivo.
Fuente: Perfil
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