Vialidad Nacional avanzó con la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y confirmó las empresas preadjudicadas para administrar dos corredores estratégicos que atraviesan Chaco y Corrientes. La medida forma parte del plan del Gobierno nacional para transferir a manos privadas más de 3.900 kilómetros de rutas mediante el sistema de concesión con peajes.
La decisión abre ahora un período de impugnaciones antes de la adjudicación definitiva, que será oficializada a través del Boletín Oficial. Mientras tanto, ya se conocen las empresas que, de no mediar cambios, quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y ampliación de los corredores, junto con el cobro de peajes que tendrán nuevos valores para los usuarios.

Qué rutas del Chaco fueron preadjudicadas
Uno de los corredores incluidos es el Tramo Litoral, que conecta Chaco y Corrientes a través de 546,74 kilómetros de la Ruta Nacional 16, desde el acceso al Puente General Belgrano hasta el empalme con la Ruta Nacional 89, en Avia Terai.
La oferta preadjudicada corresponde a la unión transitoria conformada por JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., que propuso una tarifa básica de peaje de $2.876,04, equivalente a $3.480,01 con IVA para automóviles de categoría 1. En este corredor también participaron otras cinco propuestas empresariales.
El segundo tramo comprende la Ruta Nacional 11, entre Nelson (Santa Fe) y su conexión con la Ruta Nacional 16, en Resistencia. Allí la preadjudicación quedó para la unión integrada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A.
En este caso, la propuesta económica fija un peaje de $3.520, que con IVA asciende a $4.259,20 para vehículos particulares. La única oferta competidora fue presentada por CPC S.A.

La tercera etapa del plan de privatización vial
La adjudicación forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno de Javier Milei que busca avanzar con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante concesiones privadas financiadas principalmente con el cobro de peajes. Esta tercera etapa comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores viales del país.
Las empresas que finalmente resulten adjudicatarias asumirán la construcción, explotación, administración, mantenimiento, conservación, reparación y ampliación de los corredores, además de la prestación de servicios para los usuarios de la red vial.
Aunque desde el Gobierno nacional sostienen que el nuevo esquema permitirá mejorar la infraestructura vial mediante inversión privada, el proceso vuelve a abrir el debate sobre el costo que deberán afrontar los usuarios y sobre los mecanismos de control para garantizar que las obras comprometidas se ejecuten efectivamente.
Fuente: Diario TAG
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